JORGE ALCOCER VILLANUEVALa unificación de las jornadas electorales en un solo día, cada año, tenía entre sus propósitos lograr ahorros importantes en el gasto de organización y desarrollo de los procesos comiciales. Ese objetivo no se está alcanzando.
Una primera revisión del financiamiento destinado este año a los comicios en 12 de los 15 estados (para Chiapas, Tlaxcala y Zacatecas no están disponibles los datos) arroja un total de 3,291 millones de pesos, de los cuales 981 millones corresponden al financiamiento a los partidos políticos (tanto ordinario como de campaña) y 2,071 millones al gasto de los institutos electorales.
Hay notorias disparidades en el gasto por estado. Entre lo que se gastará en Aguascalientes (75 millones de pesos) y lo asignado en Veracruz (594.5 millones de pesos) hay una diferencia de 8 a 1; comparados con Puebla (283.4 millones) los veracruzanos gastarán más del doble en sus elecciones locales. Baja California, que no elige gobernador y cuenta con cinco municipios, gastará casi lo mismo que Oaxaca, el estado con mayor número de municipios (570) en donde se renovará gobernador, ayuntamientos y Congreso local. En Sinaloa el gasto en elecciones es el segundo más elevado este año (303.6 millones de pesos).
Las disparidades en el gasto, producto en parte de las normas de cada estado respecto del financiamiento a los partidos, reflejan también la persistencia de prácticas muy diferentes entre los institutos electorales respecto de sus compras y en la forma en que proceden para la contratación de proveedores externos. Subsiste una injustificable heterogeneidad en la transparencia y rendición de cuentas por parte de esos institutos; son múltiples los casos en que aduciendo secrecía, seguridad o premura, los contratos se asignan de manera directa, sin licitación pública, a precios muy elevados. Lo que un instituto paga a 10 pesos, en otro se paga al triple.
No existe cooperación entre los institutos locales para formar alianzas y bajar el precio de lo que compran; pero lo más grave es que en muchos casos recurren a proveedores privados, en lugar de hacerlo con empresas estatales, de reconocida capacidad en materia electoral, o de recurrir al IFE, que cuenta con los equipos, personal y experiencia para brindarles apoyo directo en actividades sustantivas.
Tres ejemplos ilustran lo anterior. La impresión de boletas, actas y material electoral es contratada, en casi todos los casos, a empresas privadas, en lugar de hacerlo con Talleres Gráficos de México, como lo hace cada tres años el IFE; mientras los institutos gastan millones de pesos en urnas y mamparas, en las bodegas del IFE se guardan, por toneladas, las utilizadas en elecciones federales previas. De igual forma, los institutos contratan, de manera eventual, miles de personas para capacitar a los funcionarios de casilla y a los observadores electorales, desaprovechando la experiencia y capacidad del IFE, o de organismos internacionales como el PNUD, que desde 1994 presta asistencia a México en esta materia.
Una primera revisión del financiamiento destinado este año a los comicios en 12 de los 15 estados (para Chiapas, Tlaxcala y Zacatecas no están disponibles los datos) arroja un total de 3,291 millones de pesos, de los cuales 981 millones corresponden al financiamiento a los partidos políticos (tanto ordinario como de campaña) y 2,071 millones al gasto de los institutos electorales.
Hay notorias disparidades en el gasto por estado. Entre lo que se gastará en Aguascalientes (75 millones de pesos) y lo asignado en Veracruz (594.5 millones de pesos) hay una diferencia de 8 a 1; comparados con Puebla (283.4 millones) los veracruzanos gastarán más del doble en sus elecciones locales. Baja California, que no elige gobernador y cuenta con cinco municipios, gastará casi lo mismo que Oaxaca, el estado con mayor número de municipios (570) en donde se renovará gobernador, ayuntamientos y Congreso local. En Sinaloa el gasto en elecciones es el segundo más elevado este año (303.6 millones de pesos).
Las disparidades en el gasto, producto en parte de las normas de cada estado respecto del financiamiento a los partidos, reflejan también la persistencia de prácticas muy diferentes entre los institutos electorales respecto de sus compras y en la forma en que proceden para la contratación de proveedores externos. Subsiste una injustificable heterogeneidad en la transparencia y rendición de cuentas por parte de esos institutos; son múltiples los casos en que aduciendo secrecía, seguridad o premura, los contratos se asignan de manera directa, sin licitación pública, a precios muy elevados. Lo que un instituto paga a 10 pesos, en otro se paga al triple.
No existe cooperación entre los institutos locales para formar alianzas y bajar el precio de lo que compran; pero lo más grave es que en muchos casos recurren a proveedores privados, en lugar de hacerlo con empresas estatales, de reconocida capacidad en materia electoral, o de recurrir al IFE, que cuenta con los equipos, personal y experiencia para brindarles apoyo directo en actividades sustantivas.
Tres ejemplos ilustran lo anterior. La impresión de boletas, actas y material electoral es contratada, en casi todos los casos, a empresas privadas, en lugar de hacerlo con Talleres Gráficos de México, como lo hace cada tres años el IFE; mientras los institutos gastan millones de pesos en urnas y mamparas, en las bodegas del IFE se guardan, por toneladas, las utilizadas en elecciones federales previas. De igual forma, los institutos contratan, de manera eventual, miles de personas para capacitar a los funcionarios de casilla y a los observadores electorales, desaprovechando la experiencia y capacidad del IFE, o de organismos internacionales como el PNUD, que desde 1994 presta asistencia a México en esta materia.
Pero quizá lo más grave sea el despilfarro de recursos públicos que implica la contratación de empresas privadas para diseñar, equipar y operar los sistemas de resultados preliminares oportunos (PREP), a pesar de que hay casos en que las empresas contratadas fallaron, o las hicieron fallar. En esta materia el IFE cuenta con la más amplia y probada experiencia, y además dispone de los equipos de cómputo y transmisión de datos que podrían servir para apoyar, a un costo mínimo, a todos los institutos locales, con la ventaja adicional de la confianza, transparencia y certidumbre que ese tipo de colaboración entre autoridades electorales daría a los comicios estatales y a sus resultados.
¿Qué necesidad hay de seguir gastando en lo que el IFE puede proporcionar?
Ojalá que en el Congreso de la Unión, que cuenta con representación ante el Consejo General del IFE, o por iniciativa de los consejeros electorales, se promueva la pronta celebración de convenios de colaboración que paren el despilfarro y den certidumbre en los 15 estados donde los ciudadanos acudirán a las urnas este año.
¿Qué necesidad hay de seguir gastando en lo que el IFE puede proporcionar?
Ojalá que en el Congreso de la Unión, que cuenta con representación ante el Consejo General del IFE, o por iniciativa de los consejeros electorales, se promueva la pronta celebración de convenios de colaboración que paren el despilfarro y den certidumbre en los 15 estados donde los ciudadanos acudirán a las urnas este año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario