¿QUÉ CONSTITUCIÓN LEERÁ EL PRESIDENTE?

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

Los jefes de Estado en los países más importantes del mundo son personas con una agenda y un ritmo de actividades verdaderamente enloquecido. Tienen que hablar de muchos temas y hacerlo siempre guardando las formas y, en lo posible, no diciendo cosas que en vez de resolver problemas contribuyan a crearlos. ¿Se imaginan todos los temas sobre los que deben estudiar y pensar Nicolas Sarkozy, Barack Obama o Lula Da Silva? Sería injusto pretender que todo lo que dicen todos los días sea ingenioso, apropiado o justo. Tienen derecho a equivocarse y, cuando lo hacen, la opinión pública debe estar atenta para pedir rectificación. Es de humanos errar y saber reconocerlo. México no está al nivel de esas potencias, pero ciertamente el presidente Calderón tiene una infinidad de temas en su mesa. Una de las decisiones más importantes que debe tomar cada día cuando se despierta es sobre qué temas va a hablar y cuáles debe dejar fuera de sus discursos, por la imposibilidad material de abordarlos todos. Cuando ya ha realizado esa selección de temas, sus asesores deben allegarle buenos materiales y argumentos, a fin de que tenga un punto de vista sólidamente fundamentado, sea cual sea el asunto al que se refiera. A diferencia de Fox, cuyo nivel intelectual dejaba mucho que desear, el presidente Calderón no sólo tiene estudios universitarios en una de las escuelas de derecho más prestigiosas del país, también tiene un posgrado en la Universidad de Harvard, que es la mejor del mundo. Por eso es que sorprende que el Presidente afirme, por voz propia y a través de la Procuraduría General de la República que está bajo su mando directo, que la Constitución mexicana habla de matrimonio heterosexual y que dicha figura sea la única permitida en el país, de suerte que los matrimonios entre personas del mismo sexo estarían en contra de la Carta Magna. Lo cierto es que la Constitución nunca se refiere a un modelo de matrimonio. La única vez que la palabra aparece en el texto constitucional es dentro del artículo 30, apartado B, fracción II, que se refiere a las formas en que un extranjero puede acceder a la nacionalidad mexicana por la vía de la naturalización. Nada más. Ahora bien, cualquier artículo de la Constitución —como toda otra norma jurídica— no puede leerse de manera aislada. El Presidente y sus asesores seguramente tuvieron que haber reparado en que el artículo cuarto constitucional ordena al legislador proteger el desarrollo y la organización de la familia. Al no definir lo que se entiende por familia (ya que la Constitución no es un diccionario), el legislador es quien puede asumir el concepto que refleje de mejor manera la realidad social imperante en un momento y un lugar determinados. Adicionalmente, la Constitución prohíbe la discriminación por razones de preferencia en el artículo primero párrafo tercero, cosa que también el Presidente y el procurador saben, supongo. Lo cierto es que el Presidente está defendiendo un modelo de matrimonio y de familia que ya no son los únicos que existen en México. Todos los datos estadísticos disponibles nos hablan de la multiplicidad de formas de convivencia afectiva que enriquecen nuestra sociedad y que no representan ningún peligro para los modelos más tradicionales u ortodoxos. La población en México ejerce día a día su libertad para construir vínculos familiares y el legislador lo mejor que puede hacer es darle cobertura jurídica a esa forma de manifestación de la autonomía personal de cada persona. Dejar de reconocer las nuevas formas de organización familiar es violatorio de la Constitución. De ahí la importancia de hacer una lectura estrictamente jurídica, no metafísica ni religiosa, de la Constitución y reconocer que la reforma aprobada por la ALDF para ampliar la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo no solamente no viola la Constitución, sino que es la mejor manera de respetarla y tomarla en serio. Ya que el Presidente y el procurador no pudieron, quisieron u supieron hacer esa lectura jurídica, esperemos que sea entonces la Suprema Corte la que ponga el tema en su justa dimensión, que es ni más ni menos que la del combate a la discriminación y la de la ampliación de los derechos a todas las personas, con independencia de su preferencia sexual.