JORGE ALCOCER VILLANUEVAPor más declaraciones de buena voluntad que escuchemos, lo cierto es que no se ven condiciones adecuadas para el desarrollo del debate y la construcción de acuerdos que den paso a las varias reformas que están listadas en la agenda del Congreso. Entre los reclamos y tensiones que protagonizan varios gobernadores y el gobierno federal (con motivo de fenómenos naturales o por el incremento de la inseguridad pública), así como por los 15 procesos electorales locales, que ya han dado inicio (en los que domina la descalificación entre partidos con motivo de las alianzas y los no pocos conflictos internos por la selección de candidatos), quizá lo prudente sea imaginar y convenir una ruta crítica para desarrollar el análisis y debate en el primer semestre del año, admitiendo que los dictámenes y votaciones contarán con mejores condiciones después del primer domingo de julio de este año, una vez celebradas las jornadas electorales y conocidos sus resultados.
Precipitar dictámenes y votaciones, en cualquiera de las Cámaras del Congreso, podría conducir a una catarata de reclamos y agravios entre legisladores y partidos, y entre éstos y el Ejecutivo federal, con finalidades de propaganda electoral, lo que a nadie conviene.
Resulta un exceso de optimismo suponer que la pronta aprobación de la reforma política -cualquiera que ésta sea- allanará el camino para la consecución de las reformas en asuntos económicos, energéticos, laborales o sociales. En cambio, cabe suponer, con una dosis de pesimismo, que el fracaso en materia de cambios políticos -muy probable sin un adecuado procesamiento de las diferentes iniciativas- dará lugar al endurecimiento de posiciones, al "todo o nada" de los maximalismos, hoy tan en boga.
Pero aun suponiendo que la reforma política -la que sea- fuese aprobada en el periodo de sesiones que inició el día 1o. de este mes y terminará el 30 de abril próximo, la mayoría de los cambios entrarían en operación práctica para las elecciones federales de 2012, o entre tres a seis años más tarde. Tengamos en cuenta, además, que no existen iniciativas para reformar las leyes secundarias en las distintas materias que propugnan las de reforma constitucional, o que en temas como candidaturas independientes, reelección inmediata, segunda vuelta, ratificación de gabinete, referéndum, reducción del número de legisladores, entre otras, los efectos habrán de sentirse, en su caso, hasta la siguiente legislatura o para el próximo presidente de México. La prisa es pésima consejera.
Aprobar la reforma política no supondrá dejar atrás las discrepancias que imperan hace lustros en otros asuntos cruciales; por ejemplo, en la generalización del cobro del IVA, o las bases para la distribución de los ingresos públicos; la apertura a la inversión privada en la industria petrolera, la flexibilización de los contratos laborales, y muchos más. Por ello, supeditar una reforma a las otras es un camino seguro para frenarlas todas.
Que en las Cámaras y el Ejecutivo se trabaje con el principio de que cada iniciativa sea valorada en sus méritos es condición necesaria para avanzar en cualquiera de ellas.
A nadie con un mínimo de conocimiento de la lógica de los partidos y el Congreso escapa (aquí y en Estados Unidos) que en temas de gran impacto entre la sociedad los legisladores prefieren dejar pasar las coyunturas electorales -más aún si en 15 estados hay comicios en curso- para evitar costos. Valga recordar la aprobación del incremento al IVA (la roqueseñal) a la que el PRI atribuyó su caída electoral y derrotas en los años siguientes. La misma lógica llevó al PAN a negar su voto a las iniciativas de reforma fiscal y eléctrica, presentadas por el presidente Zedillo en 1999.
La reforma política tendría impacto en los estados y municipios (reelección inmediata), por lo que se antoja indispensable escuchar a los gobernadores, a los congresos locales y a los presidentes municipales. En julio habrá 12 gobernadores electos, 15 nuevas legislaturas y cientos de nuevos ayuntamientos, algo tendrán que decir al respecto.
Precipitar dictámenes y votaciones, en cualquiera de las Cámaras del Congreso, podría conducir a una catarata de reclamos y agravios entre legisladores y partidos, y entre éstos y el Ejecutivo federal, con finalidades de propaganda electoral, lo que a nadie conviene.
Resulta un exceso de optimismo suponer que la pronta aprobación de la reforma política -cualquiera que ésta sea- allanará el camino para la consecución de las reformas en asuntos económicos, energéticos, laborales o sociales. En cambio, cabe suponer, con una dosis de pesimismo, que el fracaso en materia de cambios políticos -muy probable sin un adecuado procesamiento de las diferentes iniciativas- dará lugar al endurecimiento de posiciones, al "todo o nada" de los maximalismos, hoy tan en boga.
Pero aun suponiendo que la reforma política -la que sea- fuese aprobada en el periodo de sesiones que inició el día 1o. de este mes y terminará el 30 de abril próximo, la mayoría de los cambios entrarían en operación práctica para las elecciones federales de 2012, o entre tres a seis años más tarde. Tengamos en cuenta, además, que no existen iniciativas para reformar las leyes secundarias en las distintas materias que propugnan las de reforma constitucional, o que en temas como candidaturas independientes, reelección inmediata, segunda vuelta, ratificación de gabinete, referéndum, reducción del número de legisladores, entre otras, los efectos habrán de sentirse, en su caso, hasta la siguiente legislatura o para el próximo presidente de México. La prisa es pésima consejera.
Aprobar la reforma política no supondrá dejar atrás las discrepancias que imperan hace lustros en otros asuntos cruciales; por ejemplo, en la generalización del cobro del IVA, o las bases para la distribución de los ingresos públicos; la apertura a la inversión privada en la industria petrolera, la flexibilización de los contratos laborales, y muchos más. Por ello, supeditar una reforma a las otras es un camino seguro para frenarlas todas.
Que en las Cámaras y el Ejecutivo se trabaje con el principio de que cada iniciativa sea valorada en sus méritos es condición necesaria para avanzar en cualquiera de ellas.
A nadie con un mínimo de conocimiento de la lógica de los partidos y el Congreso escapa (aquí y en Estados Unidos) que en temas de gran impacto entre la sociedad los legisladores prefieren dejar pasar las coyunturas electorales -más aún si en 15 estados hay comicios en curso- para evitar costos. Valga recordar la aprobación del incremento al IVA (la roqueseñal) a la que el PRI atribuyó su caída electoral y derrotas en los años siguientes. La misma lógica llevó al PAN a negar su voto a las iniciativas de reforma fiscal y eléctrica, presentadas por el presidente Zedillo en 1999.
La reforma política tendría impacto en los estados y municipios (reelección inmediata), por lo que se antoja indispensable escuchar a los gobernadores, a los congresos locales y a los presidentes municipales. En julio habrá 12 gobernadores electos, 15 nuevas legislaturas y cientos de nuevos ayuntamientos, algo tendrán que decir al respecto.
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