RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
El término "destino manifiesto" lo acuñó el periodista John L. O'Sullivan en "Democratic Review" de Nueva York (julio-agosto de 1845), al escribir lo siguiente: "El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno". Lo que han seguido al pie de la letra e implantado innumerables gobiernos imperialistas y colonialistas norteamericanos. Luego vino a paliar las cosas y a darnos sombra, al margen de la posible buena intención de su autor, la política del Buen Vecino de Franklin D. Roosevelt, quien en su discurso de primera toma de posesión dijo: "En la esfera de la política mundial, yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino; el vecino que de modo resuelto se respeta a sí mismo y, al hacerlo, a los derechos de los otros; el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos en y con un mundo de vecinos". O sea, la continuación del principio "América para los americanos" (doctrina Monroe), que con posterioridad han solido invocar e invocan los Estados Unidos en su exclusivo beneficio. Pero Clío suele jugar con su rueda de molino y de una manera u otra regresa al mismo punto. El hecho es que el precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, acaba de declarar que Dios creó a los Estados Unidos para ser líderes del mundo. Y que conste, somos sus vecinos. A su vez Rick Perry, también precandidato presidencial republicano, sostiene que los "narcoterroristas" mexicanos son un peligro claro e inminente para la seguridad de los Estados Unidos, por lo que pidió "sopesar todas las opciones" con el objeto de enfrentar esa amenaza. Él es partidario de que su país "colabore" con el nuestro mediante la presencia del ejército norteamericano aquí, en México.
Ahora bien, ¿por qué pasan estas cosas? México es un hervidero de violencia creciente desde que el gobierno actual llegó al poder y una malhadada guerra desangra cotidianamente a la nación. Nunca hemos cuestionado la necesidad de enfrentar a la delincuencia. Lo que cuestionamos severamente, en cambio, es el método, la estrategia, que sin duda se deriva de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, ahora supuestamente articulada en la iniciativa del Presidente Calderón de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. De sobra se ha señalado esto y en artículo anterior lo decíamos al citar las palabras de la Fundación Konrad Adenauer: "La limitación de derechos y libertades en la guerra contra el narcotráfico es muy alta y condiciona el desarrollo democrático". Por eso me parece muy positivo que un aspirante a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, se declare enemigo de la filosofía de la guerra y sostenga la necesidad de redefinir la estrategia de seguridad y combate al crimen, lo que a mi juicio significa utilizar en ese combate instrumentos jurídicos limpios, sin mácula opuesta al Derecho. La ley no está hecha para violar derechos y garantías, trátese de quien se trate, ya que el primer deber del Estado -y del gobierno- es enfrentar al crimen con la Constitución y su espíritu en la mano. Habla el aspirante presidencial de reestructurar y fortalecer las instituciones, lo que es imposible sin revisar las reformas a las que me he referido a la Carta Magna, donde se desconocen derechos y garantías, y sin que se modifique el ochenta por ciento o más de la iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales, que contiene fórmulas descaradamente contrarias a los derechos fundamentales. La democracia es imposible sin el respeto a los derechos y a la libertad de las personas. No la condicionemos por medio de leyes injustas. Por aquí hay que empezar hacia el 2012, siendo lo deseable que los aspirantes a la presidencia de la República lo reconozcan.
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