EXHIBIENDO

MARÍA AMPARO CASAR

Algo nos pasa que no podemos completar los procesos. Nos gusta dejarlos a medias. Logramos democratizar las elecciones pero no el ejercicio del poder. Conseguimos crear órganos autónomos pero no los dejamos hacer su trabajo. Logramos abrir la información pero no cerramos la pinza con la rendición de cuentas.

La información disponible ha crecido exponencialmente por una doble vía. De un lado la que se obtiene gracias a la Ley de Transparencia y la labor del IFAI. Del otro lado, la que producen los centros de investigación independientes, la academia y el periodismo.

La rendición de cuentas se ha estancado también por una doble vía. La de la irresponsabilidad y la de la impunidad. La combinación no es buena. Acaba por minar la confianza en las instituciones democráticas y sus integrantes.

Cada vez tenemos más información y cada vez menor rendición de cuentas. No se trata como antes de que no podíamos conocer o probar la incompetencia, la irresponsabilidad o el abuso de poder de las autoridades. Antes sospechábamos que los políticos no hacían su trabajo o lo hacían mal. Ahora conocemos su desempeño y lo evaluamos. La información sobra. Lo que faltan son las consecuencias. A la exhibición no la acompaña la modificación de la conducta o la sanción.

Todos los días vemos surgir estudios y reportajes que documentan con información precisa, fidedigna y confiable lo que hacen y dejan hacer los responsables del poder. Los investigadores de las instituciones de educación, de los centros privados y de la prensa se han convertido en verdaderas policías de investigación y en ministerios públicos que integran expedientes bien armados en la esperanza de que alguna autoridad -algún funcionario o algún juez- tome la causa y la conduzca por la vía de la política o de la justicia. La idea no es solo exhibir sino corregir. Pero eso no ocurre. Todo queda en simple información: en el conocimiento de hechos. La mayor información no se traduce más que en denuncia e indignación. A lo más, en escándalos pasajeros sin consecuencia.

En otros países la información generada tiene implicaciones. A los funcionarios públicos a los que se les descubre en la comisión de delitos, faltas u omisiones se les abre una investigación, se les procesa y, si resultan responsables, se les consigna y castiga. A lo menos, cuando se les exhibe con razón, alguna secuela hay: renuncian, son cesados, su reputación pública queda tan dañada que no pueden proseguir sus carreras políticas.

En los países en los que priva una mínima dosis de Estado de derecho, cuando a un funcionario se le descubre haciendo negocios inmobiliarios se le procesa y se suspende la obra, cuando a un diputado se le prueba que ha utilizado los recursos públicos para pagar la televisión por cable de su casa, se le retira de su asiento, cuando a un senador se le exhibe recibiendo dinero de un cabildero, se le remueve del cargo, cuando a un secretario de Estado se le pilla utilizando al chofer de otra dependencia para ponerlo al servicio de su esposa, se le despide.

En México, cuando a un delegado o funcionario de obras se le denuncia por otorgar permisos de construcción fuera de la ley, se le encubre. Cuando a un gobernador se le exhibe mintiendo sobre la deuda contraída, su partido lo arropa. Cuando a los diputados se les prueba ser omisos respecto a sus obligaciones constitucionales como nombrar a los consejeros del IFE, se les dispensa. Cuando a los precandidatos se les ve haciendo campaña al margen de la propia ley que ellos mismos aprobaron, se les tolera. Cuando un secretario de Estado abusa de su puesto, se le solapa. Cuando a un empresario se le pesca en la evasión de impuestos, se le ampara. Cuando a un sindicato se le denuncia por tener a miles de "aviadores" en la nómina, se les justifica. Cuando un movimiento se apropia de la plaza pública, se le pagan 21 millones por liberarla. Mentira que no se pueden corregir o castigar estas conductas. Todas estas faltas están tipificadas. En la mayoría de los casos hay penas estipuladas para ellas. Pero aquí no pasa nada. Por delitos mucho menores a éstos en Brasil han sido cesados cinco ministros en menos de un año.

El problema de México no son los malos marcos normativos aunque nadie duda que debieran mejorarse. El problema es que cuando no son las propias autoridades las responsables de esos delitos, son responsables de no combatirlos, de solaparlos o simplemente del pecado de la indolencia. No hay partido, candidato o autoridad que haya destacado en su encargo por haberle cerrado el paso a la impunidad.