ISSA LUNA PLA
¿Porqué discutir sobre la protección de los datos personales en México? En la última década hemos legislado sobre la protección de los datos personales en posesión del Estado y del sector privado marcando una tendencia regional; sin embargo, estamos apenas en el inicio del camino en la protección integral de los datos personales.
Uno de los éxitos legislativos de nuestros tiempos ha sido la protección de la vida privada de las personas a través de sus datos personales. Pocas reformas como estas se insertan en la agenda de la compensación de las inequidades y desbalances que se generan en el desarrollo tecnológico y el poderío del capitalismo. La protección de datos personales coloca el poder de la información en el titular de la misma, y fortalece sus derechos frente al tratamiento de los datos por terceros.
En esta materia el Estado debe estar del lado de los individuos cuyos datos son valiosos en mercados de publicidad, clonación de personalidad, y la recolección ilícita de la información de las personas o bases clandestinas. La situación de vulnerabilidad en que se deja a las personas frente a los grandes sectores con capacidad de recolectar masivamente nuestros datos, hace necesaria la intervención del Estado en una función elemental, la de protección de los derechos fundamentales.
El estado de las cosas, anterior a las leyes de la protección de datos personales, era uno en que se anteponían las libertades comerciales frente a los derechos del individuo a autodeterminar el uso y tratamiento de sus datos personales. También uno donde la autoridad tenía el poder absoluto sobre la tutela y administración de los datos personales; y uno donde los entes privados que recolectaran los datos por la vía que podían adquirían el derecho al uso y manejo de esos datos sin mayores restricciones.
Con esta lógica se desarrolló legislación por muchos años, dando por hecho que el titular de los datos ningún poder tenía sobre de ellos una vez que los otorgaba. Ese es el modelo al que obedece la Ley que regula las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito; la información de los contribuyentes en el Código Fiscal de la Federación; el expediente clínico en la Ley General de Salud; la protección de los usuarios de servicios bancarios y la protección de los consumidores en sus marcos respectivos.
Por desgracia, las personas nos acostumbramos a dicho modelo, cediendo nuestra información sin cuestionar su uso y aprovechamiento. Hoy nuestro derecho a la protección de los datos personales abre una vez más las conciencias de los ciudadanos sobre los probables abusos de los que somos objeto.
El actual sistema de protección de datos personales en México pasa de tratar al individuo como un “usuario” de servicios públicos o comerciales, que como condición de ciertos servicios proporciona su información personal, al tratamiento de la persona como la propietaria de sus datos. Esto implica que es la persona la que decide y consiente si sus datos son utilizados o no para fines distintos a los que se le informó cuando se le solicitaron.
El desafío actual está en homologar el sistema de tratamientos de datos paternalista y autoritario, donde el recolector decidía su destino y utilización, con el régimen que coloca el poder de decisión en el propio titular de los datos. Y que como parte del manto de su protección, asigna obligaciones y responsabilidades tanto a gobiernos como a empresas que vulneren su voluntad y consentimiento. Porque las personas tenemos derechos fundamentales que se sobreponen a los derechos comerciales o las libertad de competencia financiera; y porque en las democracias contemporáneas las fuerzas políticas y capitalistas no atropellan los derechos de los ciudadanos.
Por primera vez, México encabeza este noviembre la 33ra Conferencia de Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, convocada por el ahora órgano garante de los datos personales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos. Los temas que se discutirán en esta conferencia serán de gran utilidad para sentar las bases del conocimiento común sobre la protección de los datos y los retos en México para su protección integral.
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