LAS ENSEÑANZAS DE CHABELO

JOSÉ WOLDENBERG

¿Se acuerdan de la gustada sección de Chabelo "Lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer"? Pues hoy la retomamos, luego de la intervención del Presidente en una reunión con los consejeros de un banco para darles a conocer una encuesta donde Josefina Vázquez Mota estaba a tiro de piedra de Enrique Peña Nieto. Vuelve a estar entre nosotros la discusión sobre lo que los funcionarios públicos pueden y deben hacer durante el periodo electoral.

Pueden hacer muchas cosas diría el cínico: desde desviar recursos para apoyar cierta campaña hasta hacer declaraciones, pero el debate no se encuentra en lo que pueden hacer sino en lo que deben hacer. Como cuando Chabelo nos educaba para no tirar la basura o ayudar a cruzar la calle a un viejito. Es un litigio prescriptivo que por lo menos involucra tres dimensiones: ética, política y legal. Anudadas sin duda, pero que analíticamente pueden ser separadas.

1. Ética. Desde el pragmatismo invariablemente se desprecia esta dimensión a la que se juzga impertinente, un resabio incómodo. Se trata, como bien escribió Max Weber, de asumir en política una ética de la responsabilidad. Para él la ética se desdoblaba en dos grandes campos: la de la convicción y la de la responsabilidad. La primera típica de la academia y la segunda de la política. En la primera, la búsqueda de la verdad es la que tiene que primar; en la segunda, no basta con ello sino que es necesario aquilatar las consecuencias, porque no estamos solos. Obliga a sopesar las derivaciones perversas que pueden acarrear las convicciones propias.

No pocos son los reclamos que desde los medios -y con razón- se hacen desde la plataforma de la ética; no obstante por tratarse de un asunto de conciencia, íntimo, el tema no puede resolverse en esa esfera. Era el acento relevante que ponía Chabelo. Pero conforme crecimos nos dimos cuenta de que tenía razón... pero que ello no bastaba. La ética para intentar regular la convivencia social tiene límites. Por ello es natural que buena parte del marco valorativo (ético) se intente llevar a la ley.

2. Política. Desde esta dimensión -que algunos con Maquiavelo escinden de la ética- el valor fundamental es el de poder hacer avanzar causas a través de medios específicos. Es una arena donde priva el pragmatismo, lo instrumental. Ya no es un tema de uno con uno mismo, sino de interacción con otros. Cada acción propia desatará una respuesta, y los contrapesos de la política democrática suelen estar en el propio quehacer político.

Pero una política dejada al puro ir y venir de los actores, de sus argucias y movilizaciones, sus iniciativas y agresiones, puede desembocar -y de hecho desemboca- en la ley del más fuerte. Por ello, ha sido una aspiración la de regularla a través de la ley.

3. Ley. Así que por donde se le vea desembocamos en la ley. Y ahí lo que contemplamos siempre es un deber ser que si no se cumple puede y debe desatar sanciones. Es la fórmula que la humanidad ha sofisticado para amaestrar nuestros instintos y ambiciones. No es un asunto de conciencia, tampoco de deliberación política (aunque desde la política legítimamente se puede aspirar a modificar la ley), sino de la coacción que la sociedad, a través del Estado, ejerce sobre nosotros.

En ese terreno tenemos un gran consenso político y legal. Si uno revisa la Constitución, el Cofipe y el Código Penal, los funcionarios públicos no pueden desviar recursos para apoyar campañas electorales. Si entregan dinero, si facilitan automóviles o camionetas o peor aún operadores y apoyadores, están cometiendo un delito. Y todo ello tiene sentido: los recursos que los funcionarios tienen encomendados son para realizar determinadas tareas y no para ser utilizados discrecionalmente y menos para ser extraviados en mítines, marchas, acarreos. También existe un amplio acuerdo en que durante las campañas y en aras de la equidad se suspendan las campañas publicitarias de los gobiernos y que se prohíba condicionar un programa o un servicio público a la emisión del voto en determinado sentido. Es decir, la coacción está penada.

¿Pero las opiniones emitidas durante o antes de las campañas? ¿Deben o no estar normadas? La zona resbaladiza proviene de la disposición constitucional que establece que "los servidores públicos...tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos...sin influir en la equidad de la competencia entre partidos".

Pues bien, mi opinión, más allá de la coyuntura, es que los funcionarios de todos los niveles deben tener el derecho de hablar, de pronunciarse. Ellos sabrán si lo que dicen es ético -y nosotros podremos juzgar su ética porosa-, podrán ser combatidos en el terreno de la política, pero no conviene "judicializar" la emisión de opiniones, mientras las mismas no sean calumniosas. No se construye democracia para callar a los políticos. En síntesis: hay que "judicializar" con medida. Dejar que fluya la política y que se castiguen las transgresiones a la ley. Y que la política combata a la política.