jueves, 15 de marzo de 2012

CASSEZ, SARKOZY Y CALDERÓN

RAÚL CARRANCÁ

Cuando un procedimiento es imperfecto
hay que reponerlo inmediatamente para
que se haga justicia.- Carnelutti.

El principio del debido proceso no admite los llamados vicios de la averiguación y del procedimiento, que atentan contra las garantías individuales y los derechos humanos consagrados en la Constitución. O sea, un vicio de esa naturaleza hace que se derrumbe el edificio entero del proceso. En tal virtud hay algo que resaltar en el caso Cassez y que es por demás inquietante, para emplear la palabra más suave. La acusada y sentenciada -se le impusieron sesenta años de prisión- lleva más de seis en la cárcel, en el curso de los cuales su defensa interpuso un amparo que se llama para efectos, o sea, no para que se dilucide acerca de su culpabilidad en los eventos delictivos sino por muy graves vicios en el procedimiento, en los efectos de procedimiento si cabe el término, los que conllevan en su perjuicio violación de garantías y derechos. Por ejemplo, el propio Genaro García Luna, quien a la sazón era Director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ha reconocido que la detención de Cassez fue editada, recreada en vivo con posterioridad a que se realizó, porque así lo solicitaron algunos medios de comunicación. Por otra parte no se le dio vista inmediata de los hechos al consulado de Francia ni se la puso, igualmente, a disposición inmediata del Ministerio Público, pues antes se la llevó a un rancho. Los anteriores son sin duda gravísimos vicios en el procedimiento, y por supuesto constituyen la base de la propuesta de amparo que ha causado tanto asombro. Ahora bien, en el entorno del asunto ha sido muy lamentable el "tête à tête" entre los presidentes Sarkozy y Calderón, incluido el poco tino que tuvo el primero en el Senado de la República. Y uno se pregunta, sorprendido, cómo es posible que Calderón haya defendido la soberanía judicial de México -ciento por ciento defendible y sustentable- sin tener la absoluta seguridad, sobre todo siendo abogado, de que la averiguación era impecable. ¿Fue engañado? ¿Carecía de esa información elemental? ¿Actuó a la ligera? ¡Increíble! 
Grandes dudas empañan el panorama de este caso. Por ejemplo, ¿podría Florence Cassez si se le concede el amparo tomar un avión y viajar fulminantemente a París? ¿O habría forma legal de evitarlo? Y precisamente esto es lo que ha despertado zozobra en la opinión pública, es decir, que se la ponga en libertad. Lo cierto es que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea nunca ha planteado la libertad de Cassez como consecuencia de su inocencia. No es ésta la que discutirán él y sus colegas. El punto es, repito, una serie de violaciones al procedimiento, a las garantías individuales de la acusada y a sus derechos fundamentales, por lo que el problema de su culpabilidad no se halla en juego. A mayor abundamiento ya fue juzgada y declarada culpable. La cuestión estriba en si un proceso o un juicio pueden descansar sobre una base endeble. Y qué decir de la presunción de inocencia, consagrada en la fracción I del Apartado B del artículo 20 constitucional, la que durante la averiguación tan defectuosa nunca se tuvo en cuenta. Por lo mismo habría que preguntarle a la señora Wallace y a las víctimas del delito qué es lo que quieren, justicia o venganza, porque la conocida activista ha hecho declaraciones muy poco afortunadas en la especie como sostener que si se aprueba el proyecto del ministro Zaldívar Lelo de Larrea se vería dañado todo el sistema jurídico, abriéndose la puerta a la impunidad. Yo le recomiendo a la señora Wallace que primero se informe acerca del principio del debido proceso. Lo evidente es que el Estado no debe avalar una muy discutible averiguación en que se pasaron por alto, conculcándolos, garantías y derechos de la acusada. Además, nadie ha sugerido ignorar los derechos de las víctimas.
Repito, qué quieren los que se rasgan las vestiduras con el proyecto del ministro: ¿justicia o venganza? Y que no confundan, una cosa es cínicamente dejar en libertad a un culpable ya sentenciado y otra muy distinta rectificar injusticias en aras, precisamente, de la justicia. ¡Por Dios, que no predomine la venganza en nuestro Estado de Derecho!

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