domingo, 18 de marzo de 2012

VÍCTIMAS Y DEBIDO PROCESO

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

El debido proceso constituye una de las más importantes conquistas en el ámbito de la justicia, ha sido parte de un reclamo histórico para lograr que toda persona sea juzgada sólo a propósito de delitos previamente existentes, que realmente haya cometido y tener la posibilidad de defenderse en un proceso ajustado a un mínimo de formalidades esenciales.
Por ello es que la observancia de los derechos humanos en todo proceso constituye su fundamento esencial y resulta a la vez una exigencia, ya que en caso de vulnerarse lastima no sólo a quien es juzgado, sino también a la víctima, pero particularmente a la sociedad y a las instituciones del Estado.
Sin lugar a dudas, cuando la actuación de las autoridades falla derivado de excesos u omisiones, dichas circunstancias dificultan el esclarecimiento de los hechos, incluso en alguna medida puede ocasionar severas distorsiones en ellos, de ahí la necesidad de que existan consecuencias jurídicas a todo desvío del ejercicio del servicio público, como la mejor forma de evitar su repetición.
Es necesario advertir el importante papel que juega el debido proceso, orientado a garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos. No es el hecho de cumplir con un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de seguir el procedimiento, impone la necesidad de actuar con la debida diligencia para evitar que se transgredan los derechos de los involucrados.
Esto implica ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, primero su dignidad como persona y segundo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Se trata de evitar que se cometan arbitrariedades o abusos de parte de la autoridad, pero también para que la justicia llegue a favor de quien fue víctima del delito. Es plenamente condenable que un inocente esté en prisión, como lo es también que un delincuente salga a la calle.
Las víctimas del delito han sido por mucho tiempo, el "personaje olvidado" por la justicia; se presta mayor atención al acusado, lo que propicia en la sociedad reacciones de intolerancia, que se suele expresar en actos de linchamiento que buscan ejercer justicia por propia mano. La sensación de inseguridad se acentúa cuando la víctima no recibe atención, información y respuesta adecuada a su grave situación individual, familiar y social.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se realizaron importantes esfuerzos por revalorar el papel de las víctimas del delito. Fue a partir de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, que se inicia una nueva dinámica para evitar que la víctima sólo fuese el testigo mudo de la manera como la justicia se imparte.
A partir de entonces, se gestó un nuevo estándar internacional al que se suma la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al señalar explícitamente en los casos Blake vs. Guatemala, Radilla Pacheco vs. México y Chita y Nech y otros vs. Guatemala, que "los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Se viola el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos".
Con base a estos principios rectores, es necesario que la justicia tenga un claro equilibrio entre el derecho de quien está siendo juzgado, pero también el derecho de la víctima, que fue quien sufrió la afectación por parte del delincuente y que lo único que pide es justicia. Sobre todo, que se le proteja para evitar su revictimización.
Hoy en día existe un gran reclamo de justicia por parte de la sociedad, consenso de que se debe actuar para evitar impunidad y corrupción. Exigencia que se ha vuelto permanente y que todavía no logra satisfacción plena.

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