MANUEL ESPINO
El caso de Florence Cassez ha vuelto a las primeras planas nacionales e internacionales debido al llamado a liberarla de manera absoluta e inmediata hecho por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
El ministro fundó esta categórica afirmación en el hecho, que a muchos parece innegable, de que se violaron los derechos constitucionales de la ciudadana francesa al no permitirle una adecuada defensa y al exhibirla en un montaje ante los medios de comunicación.
El daño que ya está hecho
Independientemente del desenlace de este caso, ya hay un severo perjuicio a la respetabilidad del Estado mexicano en el plano internacional: fuera de nuestras fronteras quedaron evidenciadas prácticas que en nuestro sistema judicial son comunes, pero resultan evidentemente violatorias de los derechos humanos.
La más clara de ellas es el mostrar a personas presuntamente culpables como delincuentes frente a los medios de comunicación. A cualquier persona que es detenida se le puede usar como si de un trofeo de guerra se tratara y exhibirla a la prensa con un único y evidente objetivo: obtener ganancias políticas para sus captores.
El básico principio jurídico de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” es abolido cotidianamente con estas puestas en escena de las diversas procuradurías. Claro está que se presenta ante la opinión pública como culpables a personas que aún no son sometidas a juicio alguno. Si, después de un proceso legal correspondiente, dichas personas resultan ser inocentes, habrán sufrido ya un severo daño a su prestigio, a su patrimonio y —lo que es más importante— a su vida familiar.
Además, actuar con este criterio político provoca que la información generada a través de los medios de comunicación pueda influir en el ánimo de los juzgadores y de la comunidad, quienes serán más propensos a asumir que es culpable una persona tras verla arrestada y exhibida presa, más en un caso como el que nos ocupa, que fue parte de una intensa campaña mediática.
También se ha provocado un daño a la sociedad mexicana, pues se contaminó a tal grado este caso que ya nunca podremos saber bien a bien si Cassez es inocente o culpable. Inevitablemente el sentido del veredicto final habrá de ser cuestionado y, con ello, serán las instituciones del Estado las que estarán en el banquillo de los acusados, todo por no haber seguido el “debido proceso” y por haber intentando lucrar políticamente con algo tan trágico como un caso de secuestro.
La oportunidad
La situación de Cassez ha sido excepcional debido a la gran exposición mediática que ha recibido y a los jaloneos diplomáticos que generó, en los que incluso ha participado de manera pública el presidente francés Nicolás Sarkozy.
Sin embargo, hay innumerables casos de personas presas en cárceles mexicanas aunque de igual manera se cometieron irregularidades serias en sus procesos y fueron exhibidas ante los medios de comunicación. Y aunque no hay presidentes europeos que aboguen por su causa, allí siguen con sus vidas despedazadas.
Y esa es precisamente la oportunidad que tiene nuestro Estado: desterrar estas prácticas violatorias de los más elementales derechos y hacer una política de tolerancia cero ante los funcionarios que las cometan.
Para las familias de las personas secuestradas, para Florence Cassez, para el mismo sistema judicial, ya hay un daño irreparable. Como sociedad lo único que nos resta hacer es que este sacrificio tenga algún sentido y que no se vuelva a presentar un caso así, para evitar en el futuro estas desgarradoras cotas de dolor humano.
La esencia misma de la vida republicana seguirá en jaque si no somos capaces de seguir los más elementales preceptos jurídicos y de sancionar efectivamente a los servidores públicos que los violenten. Mientras ello no suceda, ni siquiera podremos soñar con un México en el que la justicia sea algo más que una palabra.
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