PEDRO SALAZAR UGARTE
La violencia, no la corrupción ni la torpeza, será la impronta de este gobierno. Y dado que, como decía Cipolla, "las largas olas de la historia llegan lejos", es probable que algunos funcionarios de esta administración deban lidiar con las secuelas del presente durante buena parte de sus vidas. Las consecuencias de sus decisiones los acecharán durante décadas porque lo que está pasando en el país no será digerido fácilmente. Y ello, que quede claro, no supone prejuzgar ni imputar responsabilidades. Lo que sucede es que los mexicanos ahora estamos en la etapa de la indolencia y del espanto, pero la experiencia internacional indica que las sociedades no permanecen pasmadas mucho tiempo. Tanto exceso y tanta muerte no caen en el olvido colectivo porque el dolor supura y se impone la necesidad de responder una pregunta elemental: ¿quién es responsable y de qué cosa?
Esa interrogante ha sido el eje de las comisiones de la verdad y de los juicios del pasado que, con modalidades diversas y por razones distintas, se han abierto en países que han sufrido etapas de violencia, criminal y/o estatal, extrema. También es el resorte de los casos que han llegado a las cortes internacionales y que han generado un acervo robusto de interpretaciones y precedentes para lidiar con las secuelas de la violencia. En algunos países, abrevando de esa fuente, se han abierto juicios a través de los juzgados y las cortes nacionales para procesar el pasado. Lo relevante es que un día, cuando las aguas se calman, maduran las condiciones para saldar cuentas. Y este hecho, aunque sea verdad, como sostiene el Presidente, que el principal origen de la violencia está en las bandas criminales, interpela a los funcionarios gubernamentales y a las fuerzas del orden.
La violencia es demasiada y el gobierno no ha logrado convertir su lucha en una gesta de Estado ni en una causa social. Por eso la administración federal está pagando los costos políticos y serán sus funcionarios quienes quizá enfrentarán las consecuencias legales. Ello a pesar de los desatinos de los gobiernos locales: ¿Cómo olvidar los tuits del gobernador de Veracruz -"Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar" cuando arrojaron aquellos cuerpos en el puerto?- o ¿cómo ignorar el caso del ex diputado Godoy? Y, sin embargo, el PRI y el PRD han posicionado la lucha contra el crimen como un "error del Presidente" y los candidatos -incluso la del PAN- están transitando la elección rodeando el tema. Este hecho aumenta la incertidumbre sobre lo que podría esperarles a los funcionarios del calderonismo. Pero lo cierto es que el gobierno todavía tiene margen de maniobra para allanarse el porvenir si actúa con decisión y con coherencia.
Lo primero sería eliminar la lógica y el lenguaje de los "abatimientos" para concentrarse en las "detenciones" y en los juicios. Respetar los derechos de los delincuentes es la mejor garantía para ellos mismos. Ello conlleva procesar a todos los servidores que han cometido abusos. La impunidad o la parcialidad en este rubro sería su perdición más adelante. Además, el gobierno debería impulsar las reformas legales que completan la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Que no quede duda de su voluntad política en favor de dicha agenda; lo cual supone abandonar los intentos por impulsar normas que parecen indulgencias (vgr: ciertas reformas a la Ley de Seguridad Nacional). La experiencia de otros países demuestra que esa clase de medidas, invariablemente, ceden ante el clamor de justicia. Por último, Calderón, puede convertir dos deberes en virtudes: consolidar una Suprema Corte independiente (proponiendo candidatos de ministros merecedores) y garantizar elecciones democráticas. Ésos serían argumentos inmejorables en su favor cuando deba rendir cuentas sobre el talante de su gobierno. Además sería una excelente estrategia para deslindar responsabilidades.
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