JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Los nuestros son tiempos difíciles. Mundial y localmente las malas noticias se acumulan. No hago el recuento, pues equivaldría a reproducir la cotidianidad. Basta mirar, oír o leer el correspondiente medio de comunicación para percatarnos de la gravedad de los días por venir. El problema de vivir en este entorno afecta la subjetividad de todos. Pensar el mundo con desánimo, con miedo, con desesperanza, ha pasado a ser otra constante de nuestro tiempo. La generalización de este estado de cosas es peligrosa. La realidad se construye mal, se inician procesos de evasión, se acude a los salvadores, sean éstos del signo que se quiera. También, se piensa de manera cada vez más común, que lo necesario son los golpes de timón, las grandes y graves soluciones. En contraste, que las soluciones parciales, específicas, tienen que esperar al momento en el que las cosas “vayan mejor”.
Este modo de ver la realidad, producto desde luego de las circunstancias que vivimos, juega en contra de la institucionalización. Ante la gravedad de lo que se vive, no tiene sentido tratar de corregir a las partes del todo. Por ello, es mejor enfrentar al todo de manera directa, fuerte. Si la dura realidad no cede a ese tipo de esfuerzo, al menos quedará el consuelo y la justificación de que se hizo todo lo que era necesario hacer. De manera mecánica, termina asumiéndose que si el diagnóstico hecho determina su “dureza” o gravedad, necesariamente debe ser duro y frontal el modo de enfrentarla. Para quienes así piensan, avanzar poco a poco, crear (repito) instituciones, redes de apoyo, cambios culturales, no es una opción.
En el contexto de desesperanza apuntada puede parecer de poca importancia la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Archivos el pasado 23 de enero. Alguien podrá decir, ¿para qué arreglar los archivos y destinar recursos públicos cuando es urgente componer otras muchas cosas? Mi respuesta es simple: en un mundo juridificado y con enorme presencia del Estado, es necesario darle registro y posibilitar la memoria de la mayor cantidad de acciones de sus órganos y, en particular, de los titulares de éstos. Saber quién actúa, cómo actúa y en qué gasta, a quién puede imputársele responsabilidad, es un tema central para una mejor convivencia pública. En un país con los niveles de corrupción que tiene el nuestro, también es importante saber a favor de quién se actúa y en qué, y a quién se perjudica y en qué.
La Ley Federal de Archivos entró en vigor el 24 de enero pasado. Su objeto es lograr la organización y conservación de los archivos de los poderes federales, los órganos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal. También pretende establecer mecanismos de coordinación y concentración entre la Federación, las entidades federativas y los municipios “para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, científica o cultural”.
La Ley genera, como no podría ser de otra manera, órganos y procedimientos, identifica conductas y responsabilidades. No es el caso dar cuenta aquí de todos estos elementos. Lo relevante es, en todo caso y más allá de los criterios que cada cual pueda tener a cada una de las soluciones de la Ley, advertir su importancia para la construcción de nuevas bases de ordenación y control del quehacer público. También, insisto en esto, del modo de relación del sector público y el privado, que tan simbióticamente se ha beneficiado de él y tan enjundiosamente denuncian en otros lo que también es propio. Las posibilidades ordenadoras que abren la Ley justifican su expedición.
Ahora bien, como todo ordenamiento que regula conductas humanas de manera abstracta, la Ley requiere desarrollarse. En sus artículos transitorios se señalan una gran cantidad de acciones a desarrollar y plazos para hacerlo: designar responsables, emitir lineamientos, clasificar y resguardar datos sensibles, crear un Consejo Académico Asesor, expedir un reglamento, nombrar titulares y generar procesos de designación, por ejemplo. Desde luego que ninguna de estas acciones o el cabal cumplimiento de la Ley resolverá los vigentes problemas nacionales. Sin embargo y de manera adicional a la preservación de nuestra cultura y tradiciones, sí puede llegar a constituirse en un elemento para construir algo de racionalidad social y generar transparencia en el actuar público.
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