GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
“En México ser periodista que cubre el crimen, los asesinatos y el narcotráfico es vivir en peligro de muerte. Siempre al acecho. Siempre atemorizado. Siempre ante la posibilidad de ser amordazado por un delincuente o por un funcionario”. Denise Dresser
La prensa en México sufre violencia, la gravedad de los delitos cometidos contra periodistas en el Estado mexicano ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos sido considerados por organismos internacionales como un país no apto para ejercer el periodismo.
La gravedad de los delitos contra la prensa en México es tal, que sólo en 2011 se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa. Nueve asesinatos contra periodistas. Dos asesinatos de trabajadores de medios. Dos desapariciones de comunicadores. Ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios.[1]
Quienes se dedican a la labor periodística, se enfrentan a severas amenazas, intimidación y presiones encaminadas a impedir la búsqueda o difusión de información o publicación de materiales periodísticos.
La situación de inseguridad existente en nuestro país, que atenta contra quienes se dedican a la labor periodística como a la población en general, obedece a la falta de transformación efectiva de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, lo que se ha reflejado en una crisis de inseguridad ciudadana que afecta directamente a la democracia mexicana.
En una democracia el derecho a estar bien informados es vital para el sostenimiento de la misma, la libertad de opinión y de expresión son inherentes a las personas (art. 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos). La información es un derecho humano, el modo en que este se satisface es a través de la labor de periodistas y no debe de haber nada que se interponga entre ese servicio y sus destinatarios, a fin de hacer prevalecer dicho derecho. Un Estado carente de información verídica, es un Estado sordo y ciego, con una gobernabilidad democrática débil, que transgrede derechos humanos y solapa corrupciones.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en seis años de existencia ha tenido dos nombres diferentes, cuatros titulares distintos, ha ejercido sólo 4 por ciento de su presupuesto en medidas cautelares, ha ejercitado acción penal en sólo 27 casos y obtenido una sola sentencia condenatoria. He allí los síntomas de la incompetencia institucional, de la complicidad gubernamental y de la ineficacia estatal.
No se sabe bien si nuestro gobierno es un actor ausente, o un actor cómplice, o un actor agresor, porque la “omisión” del gobierno de investigar diligentemente los ataques para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, también es una forma de violencia y revela la inoperancia del Estado.
Como dijo Joseph Pulitzer, la tarea del periodismo es exponer el fraude y la mentira, luchar contra todos los males y abusos, ser campeones sin tregua de los derechos de quienes no tienen voz, pero aspiran a encontrarla en la prensa. El Estado mexicano está obligado a velar para que el libre ejercicio periodístico se pueda ejercer bajo ningún riesgo.
[1] Informe anual “Silencio Forzado”, elaborado por ARTICLE 19.
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