CIRO MURAYAMA RENDÓN
Una coalición conservadora recorre México: la coalición anticobro de impuestos. Sin afán conspiratorio, puede documentarse que tal coalición es hegemónica en el conjunto de los partidos políticos.
Para muestra, un botón: gobernantes del PAN, PRI y PRD han impulsado este sexenio la eliminación de la tenencia vehicular, y dirigentes de los demás partidos defienden la medida al considerar “injusto” pagar impuestos por tener un coche. Con ese razonamiento habría que eliminar el impuesto sobre la renta —qué injusto es pagar impuestos por trabajar y obtener ingresos—, el predial —injusto pagar por tener un techo propio donde vivir—, el IVA —una injusticia que te cobren extra por consumir— y, de paso, abolir precios y tarifas de los servicios públicos: es injusto desembolsar por usar el Metro para llevar a los hijos a la escuela, injusto apoquinar por la luz para alumbrarse, etcétera.
Los gobernantes que cancelaron el cobro de la tenencia notifican a los propietarios de vehículos cuánto del antiguo pago particular ahora es absorbido por las finanzas de la entidad, sin importar que la vialidad urbana a su cargo sea un desastre sin mantenimiento, precisamente por falta de recursos. Para un coche modelo 2012, el “regalo” del gobierno ronda los 5 mil pesos, como si ese dinero no estuviera mejor invertido en pavimentación, alumbrado o semáforos que en el bolsillo de quien pudo adquirir un coche nuevo.
Mientras avanza la reticencia a pagar y a cobrar impuestos, México se hace más inviable fiscalmente y, por tanto, económica y socialmente. El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM demostró desde 2009 que América Latina recauda como porcentaje del PIB 50% más que México, y que la OCDE tiene una presión fiscal promedio tres veces y media superior a la nuestra. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias afirma que “la hacienda pública es ineficiente porque recauda poco, de muy pocos y de bases de impuestos erosionadas”. La Cepal señala que nuestra carga fiscal es de 11.8% del PIB, sólo mayor que la de Haití en el continente (11.7%), y muy lejos de Brasil (32.6%) y Argentina (31.4%).
Cuando se vuelve inocultable la necesidad de aumentar la recaudación en México, desde la coalición antiimpuestos suelen encontrarse dos posturas tan diferentes como simplistas: poner IVA a alimentos y medicinas (lo que con dificultad daría más allá 1.5% del PIB de recaudación) o bajar los sueldos de los funcionarios públicos (lo que entraña la curiosa hipótesis de que el enemigo fiscal son los servidores públicos y no quienes se benefician de unas tasas fiscales bajas o quienes evaden y eluden al fisco). Ningún ejercicio con el mínimo rigor contable permite afirmar que los requerimientos de México en materia de inversión en infraestructura, financiamiento a la educación pública o de la salud genuinamente universal y de calidad, por no agregar más renglones, puede lograrse sólo gravando el consumo de alimentos y medicinas o castigando burócratas.
En la carrera por la presidencia de EU se observa con claridad al Partido Republicano defender la reducción del gasto y de los impuestos; en Francia el abanderado socialista no duda en proponer una tasa extraordinaria de gravamen para los individuos más acaudalados. En México, en cambio, izquierdas y derechas confluyen por igual en la coalición conservadora. Aquí los partidos y candidatos no se atreven a hablarles a los ciudadanos de sus responsabilidades en materia fiscal, sólo de sus derechos; les atrae la parte grata de gobernar, que es gastar, y rehúyen de la parte complicada de la responsabilidad, que es recaudar.
En el debate político de cuánto y cómo recaudar se juega buena parte de la capacidad del Estado para promover el crecimiento y redistribuir la riqueza. Pero esa discusión está ausente de la disputa política actual. Así las cosas, la coalición conservadora en materia fiscal parece despreocupada de las encuestas electorales: ya ganó.
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