RODRIGO MORALES MANZANARES
El debate que se ha generado a partir del proyecto que ha dado a conocer el ministro Zaldívar en torno a la solicitud de amparo promovida por Florence Cassez, es sin duda un debate interesante. Dice el ministro que el cúmulo de violaciones al debido proceso envenenaron de tal forma el procedimiento que se invalidan todas las consecuencias. Frente a ello hay voces que pretenden poner en el centro de las consideraciones los derechos de las víctimas. Habrá que ver cómo se despliega este nuevo alegato.
Pero me parece que lo que el ministro está proponiendo no tiene que ver con eso ni con la presunta culpabilidad o inocencia de la ciudadana Cassez, sino con las consecuencias de las violaciones al debido proceso, y es frente a ello que su proyecto propone otorgarle la libertad. Ahora bien, el debate es interesante porque todo el mundo da por acreditada la violación al debido proceso, todos admiten el montaje mediático que se realizó, y acaso la discrepancia tiene que ver con las consecuencias de ello.
Más allá de lo que defina la Corte, acaso la admisión de ese montaje debiera conocer algunas consecuencias. Ya se está viendo que un golpe mediático que sacrifica el rigor procedimental y atropella derechos puede tener riesgos para la impartición de la justicia. Si en efecto Florence Cassez fuera culpable de los delitos que se le imputan, y sale en libertad, alguna responsabilidad debieran tener los funcionarios que decidieron orquestar un montaje mediático que eventualmente generaría una percepción favorable de su trabajo.
La Corte ahora podría confirmar, en el seno de la Sala, el proyecto del ministro Zaldívar, es decir, hacer propia la tesis de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza; que las consecuencias de una violación al debido proceso, es la invalidación de todo el procedimiento. Por supuesto que podría también, en el seno de la Sala, desechar el proyecto. La otra alternativa sería elevarlo al Pleno si alguno de los ministros cree que el asunto implica un debate, no sólo de justicia, sino de derecho. Ese debate sin duda también será interesante.
La importancia pública del asunto está fuera de toda duda, el hecho mismo de hacer público el proyecto del ministro da cuenta de la trascendencia que la Corte le confiere al tema, sin embargo, los criterios para involucrar al Pleno de la Corte en la deliberación del asunto no tienen que ver únicamente con la importancia pública, sino también con el tipo de debate que se genere. Si se cree que se está ante un problema de legalidad, la sala lo podría desahogar, si se piensa en cambio que es un asunto con mayores alcances, que implica desplegar a la Suprema como tribunal constitucional, entonces tendría que resolverse en el Pleno de la Corte.
Reitero, más allá de lo que defina la Corte y cómo lo haga, el debate es importante, por la centralidad que le confiere al tema del debido proceso y las nuevas obligaciones que esto le impone a la procuración de justicia; y porque desde ahora ha logrado acreditar la poca sensibilidad o responsabilidad de las autoridades que deciden armar un montaje mediático para ganar puntos, así sea perdiendo causas.
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