LEALTAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA

JOHN MILL ACKERMAN

México no progresará hasta que los funcionarios públicos de alto nivel sean nombrados con base en su conocimiento, experiencia y honestidad, en lugar de su lealtad personal al jefe en turno. El actual desastre nacional es resultado directo del sectarismo, amiguismo y falta de visión de Estado que han caracterizado los nombramientos de Felipe Calderón desde el principio de su sexenio.

Hoy un médico ineficaz dirige la Secretaría de Educación Pública, un economista inexperto la Secretaría de Salud, un académico gris la Secretaría de Gobernación y un contador terco la Secretaría de la Función Pública, para mencionar solamente algunos ejemplos. Aquellos integrantes del gabinete que han logrado fama, como Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio y Javier Lozano, no lo hicieron gracias a su capacidad, sino por su beligerancia y falta de ética y profesionalismo. Pero el ejemplo más claro de que no existe un contexto de exigencia con respecto a resultados concretos en el gobierno actual es la permanencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Es a todas luces inaceptable que este funcionario siga en su puesto a pesar de su contundente fracaso en garantizar la seguridad de los mexicanos, así como su grosera falta de respeto a los derechos humanos de la población.

Pero al parecer no le importa a Calderón el desempeño de sus empleados, sino únicamente su servilismo y fidelidad. Recordemos las palabras desmedidas de Roberto Gil Zuarth a la hora de dejar la secretaría particular de la Presidencia de la República: “Quiero ser como usted, señor Presidente… debemos dar gracias de que la mano invisible de Dios nos dio al mejor Presidente”. Asimismo, el extraño comportamiento del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el caso de Florence Cassez solamente se puede entender como un pago de factura a Calderón y el PAN por el apoyo a su nombramiento como titular de la CNDH.

No sorprende entonces que Calderón ahora busque colocar a Gerardo Laveaga como comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Laveaga ha fungido como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), principal órgano gubernamental a cargo de la profesionalización de los policías en el país, desde 2001, y ha sido sumamente leal a Calderón. Recordemos, por ejemplo, el papel que jugó el año pasado como golpeador mediático de oficio contra los más de 20 mil ciudadanos mexicanos que presentaron información sobre la crisis humanitaria que se vive en el país a la Corte Penal Internacional en La Haya.

Como titular del Inacipe desde hace más de una década, Laveaga es también directamente responsable del hecho de que los montajes mediáticos, la fabricación de culpables y la falta de respecto al debido proceso hoy son la norma en materia de procuración de justicia. Llama la atención, por ejemplo, que el viernes pasado el Inacipe haya organizado una mesa redonda sobre el caso Cassez, donde todos los ponentes descalificaron el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar.

Solamente el senador más ciego, o leal a Calderón, podría imaginar que Laveaga cumpla con los requisitos legales para ser nombrado comisionado del Ifai. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala claramente que los comisionados deben haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley (artículo 35, IV). El problema es que, aparte de su cuestionable desempeño como titular del Inacipe, Laveaga no cuenta con experiencia alguna en el ámbito de la transparencia gubernamental.

El único texto que el funcionario ha publicado sobre la materia (Los límites de la transparencia: http://bit.ly/zDgO3G) es una vil apología de los constantes esfuerzos de la PGR por utilizar artimañas jurídicas para incumplir las resoluciones del Ifai. En el ensayo, Laveaga también demuestra enorme intolerancia hacia los que piensan diferente, al llamar fundamentalistas a quienes consideran que el gobierno debería divulgar versiones públicas, excluyendo datos personales, de las averiguaciones previas terminadas.

La buena noticia es que Calderón aparentemente cometió un enorme error, visto desde su muy particular lógica de poder, en uno de los nombramientos más importantes de su sexenio. A finales de 2009, incluyó a Zaldívar en una de las ternas enviados al Senado para seleccionar un nuevo ministro de la SCJN. Pero en lugar de actuar como un político y devolverle el favor al Presidente, en la mayoría de los casos Zaldívar se ha comportado de manera autónoma y actuado con base en sus principios.

Fue Zaldívar quien redactó la nueva tesis de la primera sala de la SCJN que confirma la inatacabilidad de las resoluciones del Ifai y así cierra la puerta a las evasivas de la PGR. Es también Zaldívar quien ha redactado un proyecto de sentencia ejemplar en el caso Cassez. Este caso no es menos que el equivalente al histórico caso Miranda, que en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, revolucionó el debido proceso y ayudó a empujar a los policías a investigar en lugar de torturar, presionar y exhibir a sus detenidos. Bien necesitan aprender urgentemente la misma lección los policías mexicanos, y García Luna en particular.

La propuesta de Laveaga para el Ifai constituye la contracara de las presiones que ha ejercido el Ejecutivo sobre la SCJN en el caso Cassez. En ambos casos, Calderón privilegia la lealtad personal por encima del bienestar general. Pero tanto el Senado como la SCJN tienen hoy la oportunidad de poner un alto al autoritarismo y sectarismo presidencial, así como defender la división de poderes y los principios democráticos que tanto ha costado construir al pueblo mexicano.