GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
El sistema mexicano de procuración e impartición de justicia se encuentra en crisis. La situación en la que se encuentran las instituciones mexicanas encargadas
de la procuración y administración de justicia en el país resulta alarmante.
La criminalización de aquéllos que presuntamente han cometido un delito, la mala integración de la averiguación previa, la pobre labor de investigación usualmente llena de irregularidades y en general las prácticas decimonónicas para impartir justicia, evidencian la ineficacia e ineficiencia de nuestro sistema de justicia penal y la trasgresión de los derechos humanos que se genera.
La corrupción que permea al sistema penal es uno de los mayores obstáculos para el debido proceso, pero la desigualdad social también lo es, existe un alto porcentaje de personas que permanecen recluidas en los centros de readaptación por cuestiones relacionadas con situaciones de vulnerabilidad, mucha de las veces su limitada situación económica impide pagar una defensa integral o el desconocimiento de sus derechos les imposibilita exigirlos, y no precisamente por su responsabilidad en la comisión de algún delito, colocándolos como “excluidos del sistema social”. Personas que no ven materializado su derecho al debido proceso y únicamente sirven como medios para justificar cuotas que erróneamente algunas autoridades imponen para demostrar que están “trabajando” e impartiendo justicia.
En nuestro sistema penal la protección de la ciudadanía no es el fin último. La ciudadanía se ha convertido en el instrumento, en un medio maleable para difuminar las graves deficiencias.
Según la Tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, el 93.7% de los internos afirmó que no le mostraron orden de aprehensión cuando fue detenido, el 56% de los internos señaló que le informaron del delito que lo acusaban hasta que lo llevaron al Ministerio Público, al 72% de los detenidos no le informaron de su derecho a no declarar, el 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez, el 60% de los internos que tuvo su primer abogado de oficio lo cambio porque sintió que no hizo nada para defenderlo, entre otros[1].
Por otra parte el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública de 2010, señala que el 9.8% de la población del Sistema Penitenciario Mexicano (SPM) del fuero federal y el 31.9% del fuero común se encuentran en prisión preventiva.
Porcentajes que reflejan que en nuestro país sigue utilizándose la prisión preventiva de manera exacerbada, lo cual representa una seria violación a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia en aras de la “seguridad” y del “orden”.
Estas condiciones de corrupción e impunidad; marginalidad, violencia y exclusión del sistema social, ha convertido a muchos en presas fáciles para sufrir abusos por parte de las autoridades y ser víctimas de procesos penales injustos.
La prevención del delito, la procuración y administración de justicia presentan graves deficiencias lo cual, aunado a otros factores, ha generado fenómenos sociales de trascendencia para la sociedad mexicana. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha reprobado duramente la impunidad en México y la violencia que se ha venido intensificando desde el año 2008. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en Latinoamérica el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.[2]
Nos urge mejorar nuestro actual sistema de impartición de justicia de manera sustancial y estructural, subsanar de manera gradual sus deficiencias y poner gran atención a los cambios jurídicos y organizacionales que se avecinan con la transición al Sistema Acusatorio, con el fin de no traspasarlas al nuevo sistema y poner en riesgo a la ciudadanía frente a las amenazas que conlleva una mala procuración e impartición de justicia.
El caso de Antonio Zúñiga el famoso “Presunto Culpable”; asesinatos como el de la señora Marisela Escobedo en Ciudad Juárez cuando clamaba justicia por el asesinato de su hija; o aquél de 7 jóvenes, entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia, suscitado en Temixco en el que según fuentes oficiales, el personal de Servicios Periciales que acudió al lugar de los hechos omitió los procedimientos legales para la preservación de la escena del crimen y las evidencias, son algunos ejemplos que demuestran el olvido en el que esta la seguridad de las personas.
[1] Tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México 2009, México, Centro de Docencia Económica (CIDE).
[2] OEA-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, Costa Rica, 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario