LA OPORTUNIDAD DE FLORENCE

MIGUEL CARBONELL

La sentencia que dentro de unos días dictará la Primera Sala de la Suprema Corte en el caso de Florence Cassez es una gran oportunidad, al menos en dos distintos sentidos. En primer lugar es una oportunidad para Cassez de recobrar la libertad absoluta e inmediata, tal como lo está proponiendo el Ministro Arturo Zaldívar. Pero en segundo lugar es también una oportunidad para que pensemos en el sistema judicial que México necesita.

El proyecto de sentencia de Zaldívar tiene 145 páginas y va detallando con la precisión de un cirujano y el cuidado de un relojero, todas las irregularidades que se presentaron en el caso de Florence Cassez. La fabricación de un escenario para los medios de comunicación, la indebida dilación en la puesta a disposición de Cassez ante el Ministerio Público y la falta de respeto a la asistencia consular, permiten a Zaldívar concluir que se debe dejar libre a la detenida.

Habrá sin duda personas que piensen que se trata de meras formalidades y que en realidad los jueces deben emitir sus fallos solamente considerando la culpabilidad o inocencia de una persona. Ojalá la vida (y los juicios) fueran tan fáciles como eso. La realidad es mucho más complicada. Zaldívar destaca en su proyecto un hecho sobre el que todos debemos reflexionar: la falta de respeto a esas “formalidades” impide en la práctica que podamos llegar a la verdad.

No olvidemos que en el proceso los testigos se desdijeron en varias ocasiones. La primera declaración de Cassez fue tomada sin tener asistencia consular (lo que es violatorio de un tratado internacional firmado por México) y además la policía la mantuvo indebidamente detenida para que tuvieran tiempo de llegar los reporteros y entrar al aire en el momento adecuado.

Al día de hoy, a la vista de las pruebas que existen, cualquier persona bienintencionada podría tener al menos una duda razonable sobre la culpabilidad de Cassez. Ese simple hecho la convierte en una persona inocente, ya que la responsabilidad penal debe acreditarse precisamente más allá de toda duda razonable.

En lo personal, me queda claro que Florence Cassez no debería estar en la cárcel. Estoy convencido que se trata de un caso manifiestamente injusto, una calamidad que no debería permitirse bajo ninguna circunstancia, pero que sin duda sucede con frecuencia en México.

Lo que la Suprema Corte debe decidir le va a cambiar la vida a Cassez, pero también a muchos mexicanos que están siendo sujetos a procesos penales sin base probatoria, sin tener derecho a un juicio justo y sin poder defenderse en las condiciones mínimas que deben existir en todo Estado de derecho. La Corte también nos debe decir si considera o no que la presentación de detenidos ante los medios viola la presunción de inocencia, como lo propone Zaldívar, o si esa política de “exhibición de trofeos de caza” puede mantenerse. En el fondo se trata de una reflexión sobre la dignidad humana y sobre los derechos que la autoridad nunca debería violar.

Por eso es que el caso Cassez no encierra solamente un debate sobre una supuesta banda de secuestradores. Es mucho más que eso. Es una narrativa pormenorizada del terror que el poder incontrolado puede ejercer sobre una persona. Es un botón de muestra de la forma ilegal, arbitraria y estúpida con que se ha intentado combatir la delincuencia (con los resultados tan cuestionables que hoy tenemos a la vista).

Hoy estamos discutiendo el caso de una mujer de nacionalidad francesa, pero mañana cualquiera de nosotros puede estar en la misma situación. Ese es el contexto real (y no el inventado por algunos medios) en el que el proyecto de Zaldívar, consolidado a estas alturas ya como el mejor y el más valiente Ministro de nuestra Suprema, nos invita a pensar: pensar en el modelo de justicia que queremos en México, en la forma en que las autoridades deben tratarnos y en la diferencia que nunca debemos olvidar entre la justicia y la venganza. De eso se trata el caso Cassez; ni más ni menos.