FISCAL Y ENERGÉTICA*

JORGE ALCOCER

Mi opinión de que las dos primeras iniciativas preferentes de Enrique Peña Nieto deben ser la fiscal y la energética no fue bien recibida entre algunos amigos, que me hacen notar varios obstáculos e inconvenientes: la carencia de proyectos para su presentación el 1o. de febrero; la imposibilidad de que las medidas tributarias que el Ejecutivo proponga, y el Congreso apruebe, entren en vigor de inmediato, lo que abre la puerta para que desde ya se diseñen los mecanismos de elusión que las hagan nugatorias; en el tema energético, que en realidad es sobre el futuro de la industria petrolera, me dicen que el organigrama de Pemex hace imposible operar los cambios que se requieren para hacer factibles las nuevas inversiones y la transferencia de tecnología.

Creo que son argumentos atendibles, pero no insuperables. Respecto de la primera objeción cabe recordar que en los archivos de la Cámara de Diputados están pendientes de dictamen varias iniciativas en materia fiscal y tributaria; la más completa fue presentada por senadores del PRI en la anterior legislatura. Aunque el presidente Peña Nieto no puede dar a esa iniciativa carácter preferente, sí puede ordenar al secretario de Hacienda que la retome para que, con base en ella, elabore la que pueda ser suscrita por el Ejecutivo. En materia petrolera hay varios estudios que la Comisión de Energía del anterior Senado dejó en estado de presentación para proceder a formular iniciativas; el ex senador Francisco Labastida Ochoa conoce bien el tema; y si alguien le pregunta, seguro que aportará su experiencia y conocimientos.

Es cierto que una reforma aprobada a finales de marzo de 2013, para entrar en vigor hasta enero de 2014, puede dar lugar a maniobras anticipadas para eludir sus efectos; sin embargo, hay otra óptica para mirar el asunto. Más allá de discusiones de otro orden, lo cierto es que la reforma tributaria puede fincarse en cuatro patas: la generalización del IVA (canasta alimentaria de por medio); la eliminación de privilegios y subsidios en el pago del ISR y la eliminación del IETU; la supresión de los regímenes especiales de tributación; y la simplificación del sistema de pago de impuestos, en especial para las personas físicas con actividad empresarial, a las que es necesario y urgente dejar de tratar como potenciales delincuentes, a los que hay que imponer controles cada vez más engorrosos.

El lapso que media entre la aprobación y promulgación de la reforma fiscal y su entrada en vigor (alrededor de 8 meses) puede ser aprovechado para que el gobierno informe a los contribuyentes, con veracidad y claridad, de las ventajas que obtendrán y de las obligaciones que adquieren; de igual forma, la sociedad requiere saber cuánto más habrá de obtener el fisco, en qué se van a gastar los recursos adicionales y cuál es el esfuerzo que hará el gobierno para reducir el gasto corriente. Los contribuyentes tendrán un periodo suficiente para conocer las nuevas obligaciones y prepararse para su cumplimiento, en tanto que la autoridad dispondrá del mismo lapso para prevenir y detectar conductas de elusión o evasión. La clave del asunto, insisto, es que Hacienda deje de tratarlos como delincuentes.

En lo que hace a los cambios en materia petrolera, además de lo antes apuntado sobre la existencia de diagnósticos y avances, cabe señalar que, para dar fortaleza jurídica a la reforma y confianza a los potenciales inversionistas, lo mejor es introducir en el artículo 27 constitucional sus bases generales; especialmente si, como todo indica, es necesario instrumentar fórmulas de asociación entre Pemex (o una nueva paraestatal) y empresas del extranjero, públicas o privadas, para inversiones y transferencia de tecnología. Es opinión generalizada que el modelo gerencial que en Pemex introdujo la reforma previa, creando la figura de los consejeros independientes, no ha dado los resultados esperados; es necesario volver sobre el tema para replantear, de manera integral, la estructura orgánica y operativa de la paraestatal, hoy ineficiente y costosa.

Todo lo anterior será más expedito si las bases constitucionales están definidas; por ahí hay que empezar, pues será un debate cargado de prejuicios y mitologías, de todas las partes, que podrían terminar por ahogar esa reforma.

*Reforma 08-01-13