LA RELEVANCIA DEL CASO CASSEZ*

ANA LAURA MAGALONI

Pocos casos en la Suprema Corte han sido tan controvertidos a nivel social y mediático como el caso de Florence Cassez. No me sorprende que, en el contexto actual, sea extraordinariamente complicado dotar de contenido real y tangible a los derechos constitucionales de los acusados. Vivimos en un país en donde muchos, muchísimos, han padecido y padecen los efectos de la violencia. Quizá ello explique por qué, según Reforma, 83% de los encuestados estimaron que fue una decisión equivocada.

No obstante, cabe destacar que algunas de las grandes decisiones de los tribunales constitucionales, esas que hacen historia y cambian paradigmas sociales, en su momento fueron decisiones incómodas, furiosamente criticadas y altamente impopulares. Recordemos, por ejemplo, lo complicado e impopular que fue en su momento para la Corte Suprema norteamericana declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas o liberar a Miranda, acusado de secuestro y violación, porque la policía lo incomunicó y no respetó sus derechos constitucionales. Con el paso del tiempo, no obstante, este tipo de decisiones que mueven el statu quo se convierten en sentencias que renuevan el compromiso de la comunidad política con los valores que distinguen a una democracia constitucional de una dictadura. El caso de Cassez, creo, va ser leído así en algunos años. Me explico.

Durante el sexenio de Calderón, se construyó un discurso autoritario y repleto de prejuicios en torno a los denominados "criminales". La política de seguridad fue diseñada a modo de guerra. Desde la narrativa gubernamental, la lucha contra las organizaciones criminales era la lucha entre dos grupos armados: las Fuerzas Armadas y la policía, por un lado, y los "criminales", por el otro. Esa guerra presuponía que los bandos están definidos a priori: los buenos contra unos seres del mal, crueles e inhumanos. En ese mundo maniqueo, no es necesario un sistema de justicia que defina quién es responsable de un delito y quién es inocente. Tampoco se le exige al Estado demostrar con pruebas, juicios y procedimientos creíbles la culpabilidad. Presumir la inocencia del acusado o garantizar su derecho a un juicio justo parecen atentar contra el sentido común. En un contexto de guerra ya se sabe quién está en el bando opuesto. En vez de un juicio, basta con presentar a alguien ante las cámaras de televisión para que todos, incluido el juez que lo juzga, estén convencidos de su culpabilidad y de su "gran maldad". Esto último justifica, además, cualquier tipo de atropello: desde los golpes hasta la tortura o la muerte. En la guerra lo que cuenta es atrapar (o acabar) con el enemigo, no importa cómo.

¿A quiénes atraparon las autoridades federales durante el sexenio de Calderón? El CIDE levantó recientemente una encuesta a la población en reclusión en los Centros Federales de Readaptación Social. Se trataba sólo de internos sentenciados. Seis de cada 10 de estos "seres del mal" no cometieron ningún delito violento. Están por "delitos contra la salud", de los cuales 40% por transportar droga, 38% por poseerla, 15% por venderla al menudeo. Además, 60% de los sentenciados por drogas tuvieron que ver con la marihuana, una droga que comienza a ser legal en el mundo. A pesar de todo ello, muchos fueron golpeados durante su detención y firmaron sus respectivas confesiones.

Según esta encuesta, el momento de mayor arbitrariedad y maltrato de los sentenciados sucede en la detención. Prácticamente seis de cada 10 encuestados sufrieron golpes por parte de la policía o los militares. El maltrato fue de muchos tipos: patadas (85%), agresión con objetos (68%), sofocación o asfixia (55%), inmersión en el agua (52%), toques eléctricos (35%), quemaduras (15%), entre otros. Como en los viejos tiempos, cuatro de cada 10 firmaron su confesión. Ninguna de estas violaciones tuvo consecuencias en el juicio. Todos fueron considerados culpables por el juez.

En el contexto actual posiblemente resulta irrelevante. Sectores importantes de la población piensan que esos que habitan las cárceles son "seres del mal" a los que se les puede violentar y abusar de sus derechos. Por ello, la sentencia del caso Cassez es incómoda. La Corte estableció que, en una democracia constitucional, los supuestos "seres del mal" tienen derechos que las policías y los ministerios públicos no pueden pasar por alto. Esos derechos son de todos y cada uno de los ciudadanos que enfrenten un proceso penal. Además, la arbitrariedad, el abuso, la simulación y la mentira que caracterizan a nuestro sistema de persecución criminal, y que el caso Cassez exhibió de manera ejemplar, hacen imposible que se pueda determinar quién es inocente y quién es culpable. Ello no gusta mucho: ¿no es que ya sabíamos a priori quiénes eran los buenos y quiénes los malos? Pues, resulta que la Corte dijo que no es así y ello nos puede ayudar a movernos del discurso maniqueo e iniciar el largo y complicado camino para construir un sistema de procuración e impartición de justicia digno de ese nombre.

*Reforma 26-01-13