'AUTONOMITIS'*

JORGE ALCOCER

Una nueva enfermedad afecta a la clase política mexicana, en el gobierno o en la oposición; la podemos denominar autonomitis, por su síntoma más notorio, que es la pretensión de cercenar a los poderes del Estado facultades sustantivas, para trasladarlas a organismos autónomos, integrados por ciudadanos, supuestamente tan expertos como impolutos, que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que los políticos no han podido, o no han querido, cumplir.

En las dos décadas previas aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad, pero fueron contenidos, de tal forma que nuestra Constitución sigue siendo avara y cuidadosa en lo que hace a organismos autónomos. De hecho, poniendo aparte a las universidades públicas, solo otorga esa calidad a cuatro: Banco de México, IFE, CNDH e INEGI. Por la vía de la ley, el Congreso ha otorgado autonomía técnica y de gestión a otros organismos, como el IFAI, y las comisiones reguladoras en materias como la competencia económica, la energía o las telecomunicaciones.

A diferencia del IFE, sujeto de manera constante al escrutinio público, poco sabemos de los resultados que la autonomía constitucional produjo en los otros tres con esa calidad. Hay que preguntar si hemos tenido una mejor política monetaria; más y mejor información geográfica y estadística; mejores resultados en la protección de los derechos humanos. La verdad es que poco sabemos al respecto. Cabe destacar que en el Banco Central, la CNDH y el INEGI, el diseño orgánico parte de una dirección unipersonal, a la que acompañan cuerpos colegiados, de dirección o consultivos. Incluso en el IFE, la Constitución y el Cofipe singularizan al presidente del Consejo General, que es electo por la Cámara de Diputados.

El IFE es el único organismo constitucionalmente autónomo en que, para la integración de su órgano de dirección superior, solamente interviene la Cámara de Diputados; en los otros tres existe interacción de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como en los casos de embajadores y cónsules generales, o altos mandos de las Fuerzas Armadas, en los que el Ejecutivo designa y el Senado ratifica. En el caso de la SCJN, el Ejecutivo propone ternas; para el TEPJF existe, desde 1996, una variante, sus magistrados son propuestos, en terna, por la Corte, en ambos casos, el Senado elige. La creación del IFAI fue motivo para crear, en la ley, otra variante: el Ejecutivo designa y el Senado puede objetar.

El presidente del IFAI es electo, de entre ellos mismos, por los comisionados; con las consecuencias que están a la vista de todos. El modelo fue copiado para institutos y tribunales electorales locales, con iguales o peores resultados; caso paradigmático es el Instituto Electoral del DF, en donde el reparto de posiciones, por cuota partidista, es regla no escrita desde hace años.

Sin una evaluación sobre el tema, el presidente Peña Nieto, todavía como electo, entregó a los senadores del PRI una iniciativa de reforma constitucional en materia del derecho de acceso a la información; a los defectos de la propuesta original, la negociación parlamentaria añadió otros -por exigencias del PAN y PRD-, algunos muy preocupantes, que están en la Minuta turnada a la Cámara de Diputados.

Se pretende, entre otras novedades, invertir el papel de los Poderes de la Unión, para que el Senado elija a los comisionados del IFAI y el Ejecutivo pueda objetarlos; se establece que las resoluciones de tal Instituto serán "vinculatorias, definitivas e inatacables" para los "sujetos obligados", entre los que se incluye a "toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos"; a los sindicatos y a los partidos políticos. De esa forma, se negaría el derecho de acceso a la justicia, consagrado por la propia Constitución y los tratados internacionales.

Un tema "políticamente correcto" -transparencia y rendición de cuentas- da lugar a la pretensión de crear un organismo autónomo sin limitación alguna, superpuesto y por encima de los Poderes electos. El derecho de acceso a la información gubernamental sería convertido en vulneración del derecho a la privacidad de los particulares y al ejercicio de toda actividad profesional o de negocios que sea lícita.

Fortalecer al Estado no pasa por desmembrarlo, suplantándolo con organismos autárquicos.

*Reforma 29-01-13