JUEGOS DE PODER*

JORGE ALCOCER 

En el sexenio de Ernesto Zedillo éste confió a la Secretaría de Turismo realizar un estudio para determinar las ventajas y desventajas de reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a fin de permitir la operación de casinos. Después de varios meses de análisis, y de la exhaustiva revisión de la experiencia internacional, la secretaria, Silvia Hernández, presentó una propuesta integral basada en asociar la reforma y los eventuales permisos para la instalación de casinos con la realización de inversiones, en un número limitado de polos de desarrollo turístico que requerían de un empuje para su maduración, como eran los casos de Huatulco y Loreto.

Se contemplaba que las empresas interesadas en operar casinos tuviesen un respaldo internacional, que se comprometieran a invertir sumas cuantiosas en la construcción y operaciones de grandes hoteles, con los atractivos asociados a ellos, entre los que uno sería el casino, y que además estuvieran sujetas a vigilancia y fiscalización rigurosa, diaria, en su operación y registro de ingresos. Además, se preveía establecer un impuesto considerable a las utilidades de esos centros de juegos con apuesta.

El proyecto enfrentó la oposición del PAN, con Felipe Calderón a la cabeza; de varios grupos empresariales; de la Iglesia Católica y sus principales dignatarios, y de altos funcionarios del propio gobierno. Después del resultado de las elecciones federales de 1997, el proyecto fue archivado. En el sexenio siguiente la Secretaría de Gobernación empezó a otorgar permisos, al margen de la ley, para la operación de casinos con máquinas tragamonedas -prohibidas por el reglamento- y dispositivos electrónicos para apuestas remotas en eventos en el extranjero, tales como carreras de caballos, quinielas deportivas y otro tipo de juegos de números con premios en efectivo.

En lugar de perseverar en el esfuerzo de contar con una política turística que integrara, de una manera estrictamente regulada y limitada, a los casinos, los dos gobiernos federales emanados del PAN dieron luz verde a la multiplicación de permisos de operación en las capitales de los estados y en el Distrito Federal, para luego autorizar su funcionamiento en los municipios de mayor población, de frontera a frontera, en todos los estados.

Sin que el Congreso de la Unión reformara la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo federal recurrieron a su interpretación para, mediante acuerdos reglamentarios y administrativos, otorgar permisos que, en un principio, favorecieron a grandes consorcios, como el grupo "Caliente" de Jorge Hank Rhon, Televisa y Consorcio Interamericano de Entretenimiento (CIE) y otros. Luego, la práctica se extendió, sin medida, para otorgar cientos de nuevos permisos a empresas creadas al vapor, en condiciones por demás irregulares, que dieron lugar a la apertura de casinos en municipios que antes habían estado al margen de la epidemia de ludopatía.

En estas páginas comenté el regalo que, en octubre de 2012, el gobierno de Calderón hizo a las empresas de casinos, al reformar el Reglamento de la Ley, para legalizar las máquinas tragamonedas. El decreto de marras ha sido impugnado por la Cámara de Diputados ante la Corte; la controversia fue admitida, pero de manera inexplicable el ministro ponente negó la suspensión.

Desde hace varias semanas se ven-tilan en los medios de comunicación denuncias de personas ligadas al otorgamiento de permisos y a la operación de casinos, en las que han sido involucrados ex funcionarios, legisladores y familiares de los mismos. Los dimes y diretes han generado una enorme confusión en la opinión pública, con la sospecha de que estamos ante ilegales juegos de poder -político/económico- frente a los que resulta injustificable el silencio de las autoridades competentes, empezando por la Secretaría de Gobernación.

Ante lo escabroso del asunto, la solución de fondo debe considerar la revocación de todos los permisos otorgados y el consecuente cierre de los casinos, para dar lugar, con independencia del esclarecimiento de los hechos de presunta corrupción, a la definición de una política de Estado en materia de juegos y sorteos, para decidir si en México habrá casinos, y en su caso de qué tipo, en dónde y bajo qué condiciones, plasmadas en ley.

*Reforma 22-01-13