BOMBAS DE TIEMPO

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

La legislación electoral es muy clara: Son actos de precampaña todos aquellos que tengan como objetivo “obtener el respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”, y actos de campaña los que “se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”. En el primer caso, la sanción es igualmente precisa: la pérdida o cancelación “del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato”.

Todos los aspirantes de los partidos políticos a la Presidencia de la República están en precampaña, y seguramente todos los partidos políticos acumulan evidencias y pruebas, con valor jurídico, para interponer los recursos legales cuando los partidos respectivos soliciten su registro, entre el 15 de febrero y el 22 de marzo del próximo año.

En ese momento estallará la bomba que hoy están construyendo los propios aspirantes, en algunos casos con la colaboración de los partidos políticos, mediante sus acciones y declaraciones. Las magnitudes de la detonación variarán dependiendo de las resoluciones de las autoridades y de las preferencias electorales que en ese momento tenga el candidato impugnado.

Los tres aspirantes panistas están en abierta y franca precampaña, sin ningún disimulo. La carrera la inició Santiago Creel el 12 de julio, cuando solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas e iniciar en los días siguientes una gira por toda la República para establecer contacto con los militantes blanquiazules. Le siguieron los otros dos aspirantes: Josefina Vázquez Mota, el martes 6 de septiembre, y Ernesto Cordero, el día 9 del mismo mes. Los tres ya conformaron sus equipos de precampaña y recorren el país en busca del apoyo de los militantes del PAN.

En el caso del PRD, Andrés Manuel López Obrador inició su campaña desde diciembre de 2006, pero últimamente esto se ha hecho más evidente. Entre otros actos en ese sentido destacan los eventos que celebró en Monterrey el 5 de octubre, donde dos empresarios (Alfonso Romo y Fernando Turner) abierta y enfáticamente invitaron a respaldarlo en su camino a la Presidencia.

Además, hay que recordar que las autoridades electorales (el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) sancionaron en septiembre pasado al PT por difundir, en los tiempos oficiales, promocionales con la imagen de López Obrador, que a su juicio constituían actos anticipados de campaña. En este caso, todavía es más difícil llevar un registro de los ingresos y gastos de precampaña, pues será casi imposible definir el momento exacto en el que inició su campaña.

Marcelo Ebrard, por su parte, se concentra en conseguir el apoyo de los simpatizantes perredistas para ser el abanderado de la izquierda. Aprovecha la gran visibilidad que le brinda la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y, en general, busca aprovechar las campañas electorales de los candidatos a las gubernaturas para placearse y posicionarse entre los militantes perredistas. En general, formalmente procura apegarse más a las disposiciones legales, pero seguramente sus oponentes ya tienen documentados diversos actos en los que el todavía jefe de Gobierno deja en claro su objetivo de obtener el respaldo “para ser postulado como candidato” a la Presidencia de México.

El priista Enrique Peña Nieto aprovechó hasta el último momento su cargo como gobernador del Estado de México para posicionarse tanto al interior de su partido como entre el electorado en general, e inclusive utilizó su último informe de gobierno para ello. Algunos párrafos bastan para demostrar que su discurso no era parte de un informe de gobierno, sino un mensaje de postulación y, como en el caso de López Obrador, un acto anticipado de campaña: “Asumamos lo que somos: una nueva generación de mexicanos que no se resigna, que sabe y quiere demostrar que sí se puede; una generación que no se define por su edad, sino por su actitud, por su deseo de vencer las adversidades y contribuir a vivir en un país exitoso… (Esta generación tiene) el reto de acabar con el miedo y renovar la esperanza”.

Sobre las acciones de Peña Nieto también existen precedentes en el Trife, aunque éste prefirió sancionar a las televisoras que al aspirante o al partido.

Su lejanísimo contendiente interno, Manlio Fabio Beltrones, hace lo mismo –con menos buenos resultados que Peña Nieto– desde la coordinación de la fracción tricolor en el Senado de la República, y una muestra de ello fue su informe legislativo cibernético que rindió en agosto pasado, el cual aprovechó también para identificar sus prioridades y difundir sus propuestas.

Y ahora ambos –Peña Nieto y Beltrones– utilizan la tribuna que les construyó la Fundación Colosio, en los cuatro foros regionales, con el propósito declarado de elaborar la plataforma electoral de su partido, pues de acuerdo con Peña Nieto “los priistas queremos definir, con la aportación de gente experimentada, el proyecto de país que queremos tener, justamente, en la próxima contienda”. Ya tuvieron su primera comparecencia conjunta ante los priistas de Chihuahua, y allí se hizo evidente la verdadera intención: crear el escenario para que Peña Nieto siga presente en los medios (particularmente en la televisión) de aquí al 18 de diciembre, y construir para Beltrones un puente de plata mediante la incorporación de algunas de sus propuestas a la plataforma.

Los siete precandidatos mencionados erogan una cantidad importante de recursos en sus respectivas actividades, sin que se lleve ningún registro de su origen ni destino, por lo cual también violan el artículo 214 del Cofipe, pues en estos momentos ni siquiera saben cuáles serán los requisitos que solicitará el Consejo General del IFE para la presentación de los ingresos y gastos de campaña, y, desde luego, corren el riesgo de rebasar los gastos de precampaña.

Será la próxima semana (el límite es el miércoles 19 de octubre) cuando los partidos den a conocer al IFE el procedimiento para la elección de sus candidatos. Y no será sino hasta el 18 de diciembre, dentro de dos meses, cuando formalmente den inicio las precampañas. Así que todavía no saben ni siquiera cuáles son los topes de gastos ni las reglas que establecerán sus respectivos partidos políticos.

El artículo 344 del Cofipe señala: “Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente Código: a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso (…) c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña (…) e) Exceder el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General…”. Y la sanción establecida en la fracción III del inciso “c” del párrafo 1 del artículo 354 es: “…la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, (…) la cancelación del mismo”.

Así, abierta, descarada o simuladamente, todos los aspirantes a la Presidencia de la República violan los tiempos establecidos en la Constitución y el Cofipe, ante el pasmo actual de las autoridades electorales.