ANA LAURA MAGALONI KERPEL
¿Qué es lo que le espera a los veracruzanos con el operativo conjunto que esta semana ha puesto en marcha el gobierno federal? La receta parece ser exactamente la misma de otros operativos: despliegue de policías federales, Ejército y Armada, patrullajes urbanos, puestos de control en carreteras, vuelos de reconocimiento, patrullajes marítimos y evaluación y depuración de los más de 21 mil policías locales y municipales. La "guerra" ya comenzó: a 24 horas de empezar el operativo, ya aparecieron 37 muertos más en la zona de Costa de Oro, también comenzaron las detenciones, los abusos y el discurso de que vale todo con tal de "terminar con los criminales".
Todo parece indicar que nuestras autoridades siguen empeñadas en mostrar que, contra la amenaza a la seguridad que representan los criminales, los ciudadanos tenemos que tolerar una buena dosis de arbitrariedad y de afectación a nuestros derechos y libertades por parte de policías y militares. Quizá se piense que la amenaza del crimen organizado en México es similar a la amenaza terrorista en Estados Unidos y que, por tanto, al igual que nuestros vecinos del norte, necesitamos encontrar un "nuevo" equilibrio entre libertad y seguridad.
Sin embargo, lo que sucede en México no tiene nada que ver con la discusión norteamericana entre libertad y seguridad después del 11 de septiembre. En Estados Unidos, por muchos años, los jueces han sido capaces de imponer límites y controlar el abuso de las policías. En México, en cambio, nuestros derechos y libertades siempre han sido de baja intensidad. Según la Encuesta a Población en Reclusión del CIDE, en 2009, el 92% de los detenidos fue incomunicado en una agencia del Ministerio Público, 70% no tuvo un abogado ni persona de confianza durante el interrogatorio de la policía y 47% reporta haber sufrido amenazas y golpes por parte de la policías durante la detención. Estos porcentajes son muy similares a los de las encuestas del 2003 y 2005. En nuestro país no existe una tensión entre libertad y seguridad. Nuestro problema es otro y mucho más delicado.
Llevamos cinco años enfrentando una crisis de seguridad con una estrategia centrada en la coacción sin que existan los contrapesos necesarios. Los ministerios públicos y los jueces son todavía muy débiles como para ejercer algún escrutinio efectivo sobre policías y militares. Por ello, tan pronto llegan los operativos conjuntos y las calles quedan repletas de efectivos federales, el desamparo ciudadano es pavoroso. No hay nadie a cargo de controlar que los policías y los soldados no abusen. Ello creo que es una de las razones por las que la receta del gobierno contra el crimen organizado, que ahora se va a aplicar en Veracruz, ha generado más violencia.
Así, mientras que en Estados Unidos las acciones del gobierno contra el terrorismo han tenido que encontrar un acomodo con un Poder Judicial y una profesión legal que por muchos años han sido claros defensores de las libertades y los derechos de debido proceso, en México, en cambio, estos frenos y contrapesos no forman parte de nuestra historia legal y constitucional. Los desafíos que ello genera, en términos de la capacidad de las instituciones de proveer orden y seguridad a los ciudadanos, son enormes.
Existen al menos tres funciones básicas que debería de desempeñar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia en un contexto como el que estamos viviendo y que no desempeña: 1) ser la fuente de legitimidad de la acción de policías y militares, pues son los jueces quienes pueden garantizar que dichas acciones se hicieron de acuerdo a la ley y no por razones de venganza o miedo; 2) aplicar la ley a los delincuentes, pues sólo a través de la acción de ministerios públicos y jueces se puede juzgar y meter a la cárcel a quien mata o extorsiona. Si no es posible juzgar a los delincuentes, lamentablemente, quedan dos opciones: dejarlos en libertad o matarlos; y 3) controlar el abuso de poder, pues son los jueces y los ministerios públicos los encargados de perseguir y castigar las arbitrariedades que policías y militares puedan cometer contra los ciudadanos incluidos, obviamente, los presuntos responsables. Sin estos tres ingredientes en una estrategia de seguridad como la que se ha comenzado a implementar en Veracruz no hay forma de restablecer la paz y la autoridad del Estado.
La receta del gobierno federal para enfrentar la crisis de seguridad está agotada. Hoy sabemos que una estrategia centrada en la coacción aumenta la violencia. ¿Cuántas muertes más tienen que suceder para que cambiemos de ruta? Le toca el turno a los veracruzanos...qué dolor.
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