MARÍA DEL CARMEN ALANÍS
Ayer celebramos el aniversario 58 del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres mexicanas. El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres mexicanas para votar en cualquier elección popular, toda vez que años antes se les había reconocido la posibilidad de votar y ser votadas en elecciones municipales.
México llegaba tarde a esa cita con el avance democrático. Para entonces, el voto de las mujeres no sólo había sido reconocido en Australia, en casi todos los países europeos, en Mongolia, en Canadá y Estados Unidos, entre muchos otros. Era una realidad en doce países latinoamericanos, incluidos Ecuador, Brasil, Argentina y Chile.
El avance logrado en estas décadas ha sido constante, pero paulatino: tres mujeres en el gabinete; dos ministras en la Suprema Corte; 28% de diputadas, 23% de senadoras, cuotas de género para los Congresos federal y la mayoría de los locales; un instituto nacional especializado, etc. Las mujeres mexicanas no sólo votan y son electas, sino que están cada vez mejor representadas en los órganos de decisión del Estado.
No obstante, la brecha que en 1953 nos separaba del avance democrático sigue vigente en gran medida. El paso pausado con que nos hemos movido hacia la igualdad de género en los órganos decisionales y la timidez con que se han ejercido y defendido los derechos ciudadanos de las mujeres se han traducido en que hoy, nuevamente, haya una distancia que nos separe de la tendencia mundial hacia la paridad.
Pongo algunos ejemplos. Mientras que nosotros tenemos sólo una gobernadora, hay 21 países que son presididos por una mujer. Cuando nosotros atestiguamos cómo las cuotas de género eran burladas por prácticas que orillaron a mujeres a separarse de sus cargos de elección popular, ese mismo instrumento logró para Rwanda un 51% de representación de mujeres en su Congreso y para 28 países una representación superior al 30%. Este año el premio Nobel de la Paz le fue entregado a tres mujeres que democratizaron y pacificaron Liberia y Yemen, mientras que la medalla Belisario Domínguez, instituida en 1954, ha reconocido las contribuciones de sólo cinco mujeres en toda su historia.
Por fortuna, la elección de 2012 ofrece una ocasión estratégica para remontar algunas de esas diferencias. El próximo año se renovarán 629 cargos de elección federal y mil 493 de nivel local y municipal. Tenemos la oportunidad de incidir en la representación de mujeres en los órganos públicos de toma de decisiones y en la construcción de las plataformas políticas. Apunto algunas ideas que nos podrían acercar a ese objetivo.
—Los partidos políticos tienen el desafío de potenciar los liderazgos femeninos para convertirlos en candidaturas con posibilidades reales de triunfo. Esta es la ocasión de cosechar los poco más de 60 millones de pesos del financiamiento público que anualmente se les entregan para la promoción, capacitación y liderazgo político de las mujeres.
—Las autoridades electorales tenemos un doble deber. Por un lado, el IFE, vigilar que sean escrupulosamente respetados los principios y preceptos que la ley establece para fortalecer la participación política de mujeres (cuotas y dinero). Por el otro, el Tribunal Electoral, de resolver los medios de impugnación con una perspectiva de género, es decir, interpretar las normas considerando los efectos que las aparentes neutralidades pudieran tener sobre hombres y mujeres.
—Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la igualdad. La investigación “Ojos que no ven” de ONU-Mujeres e IDEA Internacional detectó que en algunos procesos electorales de otros países, los medios dan mayor cobertura a candidatos varones, más comentarios negativos a las candidatas mujeres y, además, difunden poco las propuestas de género de las campañas. Ello ocasiona no sólo mayores probabilidades de triunfo a los candidatos hombres, sino agendas de gobierno que imponen poca exigibilidad a las propuestas de género que ni siquiera alcanzaron a ser retomadas por la prensa.
Finalmente, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos el deber ético de honrar a las sufragistas que consiguieron el voto de la mujer en México, yendo a votar, siendo postuladas para puestos de elección popular, participando en los órganos electorales, asumiendo responsabilidades cívicas. La calidad de la democracia mejora en la medida en que las mujeres y los hombres asumamos nuestra ciudadanía y la ejerzamos a plenitud y en igualdad de condiciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario