LA CORTE QUE NECESITAMOS

ANA LAURA MAGALONI

La comparecencia de los candidatos a ministros en la Comisión de Justicia del Senado no ha tenido todo el reflector mediático que hubiese sido deseable. La reforma laboral y el debate sobre el proceso legislativo de las iniciativas preferentes colocaron en segundo plano tales comparecencias. No obstante, aunque no fueron la noticia central, la mayoría de los medios escritos se refirieron a algunos de los temas tratados durante esas comparecencias y las respuestas que dieron los candidatos. Me pareció que muchos de los temas tratados no tenían que ver propiamente con el debate acera de la Corte que necesitamos y el perfil de ministro que puede enfrentar esos desafíos. Los temas controvertidos como aborto o la adopción por parejas del mismo sexo, por más relevantes que sean, no que están en el corazón de los desafíos que enfrenta el máximo tribunal. Sería un error, por parte de los senadores, intentar importar el debate norteamericano en este ámbito. Nosotros todavía tenemos un trecho grande que recorrer para que esos sean los temas que definan el perfil del un ministro. También me parece completamente innecesario cuestionar a los candidatos por asuntos como la sentencia condenatoria de El Chapo Guzmán o la sentencia absolutoria de Raúl Salinas. Las preguntas relevantes, tratándose de la Suprema Corte, están en otro lado.

Enrique Peña Nieto iniciará su administración en un país cuyas instituciones han perdido capacidad para generar orden, paz social y modernización incluyente. El viejo modelo político que permitía gestionar la conflictividad social y armar los consensos necesarios para impulsar las transformaciones requeridas está roto. La posibilidad de que el Estado mexicano pueda construir mecanismos duraderos y efectivos para controlar y pacificar conflictos, así como para recuperar su capacidad transformadora, pasa por la administración de justicia. El país necesita de una Suprema Corte capaz de liderar la transición jurídica mexicana. Es decir, necesita de una Suprema Corte que, con sus razones y sus argumentos, establezca nuevos referentes colectivos sobre la relación entre la justicia y el derecho, que contribuyan a la renovación de los consensos fundamentales y a la pacificación duradera de los conflictos sociales.

Este papel de la Suprema Corte como líder natural de la transición jurídica mexicana tiene que ver con dos cuestiones centrales. En primer término, la Corte, como tribunal constitucional, es la que, a propósito de los casos que resuelve, puede darle vida y significado a los valores que anclan nuestra convivencia y nos dan identidad como colectividad. No hay colectividad que pueda funcionar sin un conjunto mínimo de valores compartidos. En México necesitamos recobrar la brújula axiológica que se rompió dramáticamente en estos años. La Corte es un foro privilegiado para debatir estos valores y hacer posible la renovación del compromiso de la comunidad política con principios axiológicos de una democracia constitucional.

En segundo término, la Corte puede liderar la transición jurídica en México en la medida en que ejerza una función educadora hacia el resto de los jueces e impactar en la calidad de la justicia ordinaria. Ello es posible pues la Suprema Corte tiene la facultad de establecer jurisprudencia que vincula a todos los jueces del país. Esta facultad, utilizada de forma estratégica, tiene el potencial de transformar la forma en que opera la justicia que afecta a miles de personas en las barandillas de los juzgados todos los días. Con ello, la Corte jugaría un papel fundamental en elevar la capacidad de gestión y pacificación de conflictos de nuestros tribunales ordinarios.

No va a ser posible tener una Corte que lidere la transición jurídica en México si los ministros que la conforman no tienen la formación para proponer nuevas y mejores formas de resolver nuestros conflictos. La fortaleza de un Tribunal Constitucional radica centralmente en los argumentos y razones que ofrece en sus sentencias. Ello depende de la formación y perfil de las personas que lo integran. Sólo una Suprema Corte que privilegie la explicación, la persuasión y la justificación razonada, en un lenguaje puntual, claro y asequible para todos, po- drá ser un aliado estratégico para devolverle rumbo, orden y potencia a nuestro país.

Todo parece indicar que el martes que viene decidirá el Senado si las ternas enviadas por Calderón van a tener como resultado el nombramiento de dos nuevos ministros, o bien, serán rechazadas. Los que están involucrados en el proceso cuentan que lo más probable es que el voto del Senado va a ser a favor de Alberto Pérez Dayán, que por su defensa apasionada contra el aborto se perfila como el favorito del PAN, y Manuel Baráibar, que por su cercanía al Estado de México parece ser el favorito del PRI. Sería lamentable que las razones de fondo de esos nombramientos tengan que ver con preferencias partidistas y no con una mirada amplia y de futuro respecto a la configuración de la Corte que necesita nuestro país en un momento en donde la justicia puede ser un vehículo poderoso para volvernos a hilvanar como colectividad.