EL NUEVO GOBIERNO*

JOSÉ WOLDENBERG

Las preguntas aparecen de manera reiterada: ¿qué significa la vuelta del PRI a Los Pinos?, ¿se trata de una regresión?, ¿de algo natural propio de un sistema democrático?, ¿estamos ante el mismo Tricolor o es otro? No sé si los integrantes del PRI hayan cambiado, tampoco si su vida interna sea más participativa, democrática, ni si sus compromisos y proyectos se hayan renovado, pero el PRI es otro por el espacio que ocupa, y sobre todo vive en una circunstancia radicalmente distinta a la de hace 20 años. Paso a explicarme.

Durante décadas el PRI fue, por si usted nació y vive en Uganda, un partido hegemónico. La política se procesaba bajo su manto y a sus flancos solamente existían expresiones testimoniales o si se quiere germinales. Hoy ya no lo es. El PRI es un partido entre otros. Ganó la Presidencia pero no ocupa (casi) todos los cargos electivos como lo hacía en el pasado. Puede ganar o perder y encuentra a otras formaciones políticas que resultan auténticos contrapesos.

Al nuevo gobierno le sucederá algo similar. Es un gobierno de minoría, no solamente porque su candidato a la Presidencia logró un poco más del 38 por ciento de los sufragios, sino porque sus diputados y senadores no tienen los votos suficientes para hacer, sin más, su voluntad. El gobierno tiene entonces un contrapeso real en el Congreso. Avanzará si forja acuerdos; se estancará si no reconoce la pluralidad que habita en el órgano legislativo y actúa en consecuencia.

Incluso la Corte, durante décadas anulada en términos políticos, hoy es un auténtico poder y en ocasiones árbitro en las disputas entre diversos poderes constitucionales. Antes, esa función la ejercía de facto el presidente de la República, cúspide de la pirámide de autoridad, Tutor, Regulador, Máximo Mando, al que los otros poderes veían con reverencia. Hoy las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, entre un gobernador y un presidente municipal, entre un congreso local y una Secretaría de Estado eventualmente los resuelve la Corte. En alguna curva de la historia se perdió aquella Corte anodina en materia política.

A ello hay que sumar los órganos del Estado autónomos construidos en los últimos años: institutos electorales, comisiones de derechos humanos, institutos de acceso a la información pública son contrapesos eficientes a la labor del Ejecutivo. Ciertamente esas nuevas figuras están cruzadas por una tensión: no son pocos los gobernadores y congresos locales y el propio Presidente y el Congreso federal que han visto y ven con recelo la independencia de los mismos y han intentado (y en no pocas ocasiones logrado) convertir a esa red de nuevas instituciones en correas de transmisión de poderes públicos o partidos. No obstante, su existencia nos habla de una constelación de órganos del Estado que en principio no responden a la voluntad presidencial.

Pero más allá de las instituciones y poderes que se desprenden de la Constitución, se encuentra una sociedad un poco más organizada, más demandante, menos acostumbrada a callar y obedecer. Una sociedad civil que genera sus propias agendas, diagnósticos, reclamos, y que tiende a construir un contexto mayor de exigencia hacia el gobierno. Cierto, en la sociedad organizada los intereses de unos pesan más que otros, pero no parece existir posibilidad alguna de reconstrucción de una sociedad organizada para asentir solamente a la voluntad del "Primer Mandatario".

Y si a ello le sumamos los márgenes de libertad de los que ahora gozan y usufructúan los medios, el laberinto por el que debe transitar el Presidente se hace más complejo. No hablo solamente de la prensa donde la diversidad se reproduce todos los días, sino también de los más penetrantes medios de comunicación. Si antes las grandes televisoras y radiodifusoras funcionaban como una especie de amplificador de los deseos presidenciales, hoy han aprendido a ejercer una libertad y una crítica que difícilmente depondrán -en buena hora-. Pero en esa dimensión se han producido cambios preocupantes: medios monopolizados que en ocasiones se han rebelado contra disposiciones constitucionales y legales que no les han gustado, y hemos observado también no pocos episodios en los que los usufructuarios de los medios los utilizan para acosar y vapulear a políticos y competidores que nos les resultan gratos. En ese terreno se requieren nuevas reglas que fomenten el pluralismo, pero sobre todo capaces de regular a esos (en ocasiones) insolentes poderes fácticos.

Si a ello le sumamos que en México coexisten gobernadores de diferentes partidos, que el DF es un bastión de la izquierda como Guanajuato lo puede ser de la derecha, que a querer o no los ciudadanos nos hemos aclimatado al pluralismo que trasmina a lo largo y ancho de la convivencia social, y que en fin, los dispositivos de poderes y contrapoderes están activados, la gestión del próximo Presidente no podrá ser como la de sus antecesores del PRI, o por lo menos como la de quienes vivieron el "esplendor" monopartidista.

*Reforma 29-11-12