¿QUIÉN ABRE LA TIENDA?*

JORGE ALCOCER

Corría el año 1998, el Presidente ordenó al secretario de Gobernación y al director del Cisen someter a pruebas de control a los mandos superiores y medios de la Policía Federal de Caminos, que debían ser incorporados a la naciente Policía Federal Preventiva. Realizadas las pruebas el informe era que la mayoría de los examinados había reprobado; así se le informó al Presidente; "córranlos a todos", ordenó. Entonces, el director del Cisen le dijo al Presidente: ¿Y quién abre mañana la tienda?

Cesar y despedir, de golpe, a decenas de policías de caminos, algunos con varios lustros de antigüedad, además de representar un severo problema operativo, significaba el riesgo de que algunos de ellos se pasaran al bando opuesto, ya fuese por sus nexos previos o por el sólo temor de ser sometidos a investigaciones más de fondo. La solución que se adoptó, en aquel momento, fue mantener bajo reserva el informe y proseguir con los exámenes, al tiempo que se diseñaba un esquema de capacitación, entrenamiento y control de retiro, a mediano plazo.

Un dilema semejante tendrá que atender, el próximo 1o. de diciembre, o sea, dentro de 11 días, quien sea designado secretario de Gobernación. Lo anterior en virtud de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que el Presidente electo propone la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, creada a finales de noviembre de 2000, con la consecuencia de que las facultades que la ley vigente le otorga a esa dependencia pasen a la Secretaría de Gobernación, que en tal virtud reasumiría las facultades que en materia de seguridad pública se le otorgaron en la reforma de 1998.

El próximo inquilino del Palacio de Covián tendrá que definir cuántas de las subsecretarías que hasta hoy integran la Secretaría que desaparece habrán de subsistir en el nuevo esquema orgánico; tendrá que resolver también cuál es el modelo de relaciones internas que en Bucareli habrá de permitir y asegurar el trabajo coordinado entre las áreas de naturaleza eminentemente política (Gobierno, Enlace Legislativo) y las de disciplina y mando policiaco; así como en qué lugar del tablero quedan las áreas de Migración, Población, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, o qué va a pasar con la Dirección de Juegos y Sorteos, que una vez más adelantó el regalo navideño a los dueños de casinos, esta vez legalizando las máquinas tragamonedas.

Son muchas las interrogantes que genera la iniciativa de Enrique Peña Nieto, y quizá no puedan tener respuesta sino hasta que se concluyan los diagnósticos y balances, lo que solamente podrá ocurrir cuando el cambio de guardia en el Ejecutivo quede completado. Pero inevitable es que el día 1o. de diciembre el titular de Gobernación tendrá que "abrir la tienda" de la seguridad pública, y decidir si al frente siguen los mismos que la han atendido estos seis años, o hay nuevos dependientes, así sea con el carácter de personal temporal, encargados de la continuidad básica, en tanto llegan los de planta.

La experiencia enseña que una vez que el gobierno arranca sus tareas, resulta cuesta arriba realizar cambios en su estructura y en los mandos superiores. El primer defensor de que las cosas sigan como estaban será el secretario, o subsecretario, aunque le hayan dicho que su designación era temporal. Por eso fue correcto que Peña Nieto presentara al Congreso su propuesta de cambios a la estructura orgánica y la distribución de competencias entre las Secretarías de Estado con la antelación que permitirá que entren en vigor el primer día de su mandato. Falta por ver si los legisladores del PAN y del PRD están dispuestos a facilitar la alternancia, para que las decisiones del próximo titular del Poder Ejecutivo, en un ámbito de su estricta competencia, puedan ser llevadas a la práctica sin mayores obstáculos.

Con los días contados, el Congreso dispone de 10 para atender la iniciativa depositada originalmente en la Cámara de Diputados, de forma tal que, quizá como el acto final de su mandato, el presidente Calderón la promulgue y publique el 30 de noviembre.

La iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción es de naturaleza constitucional, por lo que está sujeta a otros tiempos y procedimientos.

*Reforma 20-11-12