BUENAS SEÑALES

MARÍA AMPARO CASAR

En esta ocasión, los legisladores cumplieron. Con pocos días de retraso aprobaron una de las iniciativas que el presidente Calderón envió con carácter de preferente y que los obligaba a votarla en un plazo de 60 días. Se espera que hoy mismo concluya el ciclo legislativo de la segunda. Parecen buenas leyes en términos de lo que proponen y de los instrumentos diseñados para lograr sus objetivos. Parecen reformas con potencial transformador.

La Ley de Contabilidad Gubernamental ofrece meter a los gobiernos estatales en cintura. Promete armonizar y detallar la información financiera en materia de ingreso, gasto y deuda, así como generar indicadores para la evaluación de programas. Obliga a la publicitación de esta información de manera que se pueda dar seguimiento al uso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, evaluar y comparar su desempeño y exhibir las desviaciones. A la iniciativa presidencial le añadieron los legisladores la obligación de los estados a hacer públicos los padrones de beneficiarios de los programas sociales y el número de maestros comisionados a labores sindicales. No es poca cosa. Es el primer eslabón para hacer efectiva la rendición de cuentas.

La Ley del Trabajo promete incentivar la inversión, más y mejores empleos, reducción de la informalidad, aumento en la competitividad y productividad de la mano de obra, capacitación a los trabajadores, protección a grupos vulnerables, ampliación de derechos, agilización de la justicia laboral y democracia y transparencia sindicales.

No está claro que estas promesas se concreten. Para ello harían falta no sólo las normas sino las capacidades institucionales para hacerlas valer y las sanciones en caso de incumplimiento. Las capacidades no se decretan, hay que crearlas. Las sanciones hay que aplicarlas y, ya se sabe, no somos los campeones de la legalidad.

Pero aun si no despliegan el potencial prometido, la aprobación de estas dos reformas es importante por las señales políticas que emiten.

Quedó acreditada la valía y eficacia de la iniciativa preferente como forma de exhibir las prioridades del Ejecutivo, señalar responsabilidades en el diseño de políticas públicas y de evitar la inacción legislativa. Para muestra un botón. El 18 de marzo de 2010 el gobierno de Calderón por conducto del PAN presentó su primera iniciativa de reforma laboral. Pasaron 5 periodos ordinarios de sesiones -más de dos años y medio- y nunca llegó al pleno. Ahora en 73 días habrá completado el ciclo legislativo.

Se evidenció la disposición de algunos grupos parlamentarios a negociar y alcanzar acuerdos sin desfigurar una iniciativa hasta hacerla irreconocible. El PRI hubiese preferido no meterse con los sindicatos, pero concedió. El PAN hubiese preferido radicalizar la parte sindical, pero accedió. El PRD mantuvo la misma posición de principio a fin: perdió.

Quedó comprobado que en situación de pluralidad se abre un abanico de posibilidades para hacer alianzas. Para la reforma laboral, el PRI junto con el PAN lograron la aprobación en lo general de la reforma en oposición al PRD en ambas Cámaras; el PAN junto con el PRD-PT-MC le ganaron la partida al PRI-PVEM en el Senado. Para la de Contabilidad Gubernamental se juntaron casi todos los partidos. Las coaliciones, como en toda democracia, dependen de la distribución del poder político, el tema de política pública, el liderazgo y la coyuntura.

El proceso también puso en evidencia algo muy importante. Para los que han puesto en la mesa de discusión el fantasma del regreso del autoritarismo priista, el proceso legislativo mostró que en este país hay contrapesos bien establecidos y que ningún partido puede imponer su voluntad de manera unilateral. El PRI puede tener la Presidencia pero en el Congreso no le alcanzan los números para dictar el rumbo.

Finalmente, con la aprobación de las iniciativas preferentes, se envía una señal de que los gobiernos sin mayoría pueden funcionar y llegar a acuerdos; que no están condenados a la parálisis.

Falta desde luego que ante el desacuerdo del PRD y de algunos sindicatos no se pretenda ganar en las calles lo que se perdió en el Congreso. Queda abierta la puerta para impugnar la ley laboral en tribunales Es una salida institucional. Están en todo su derecho de ejercerla. También lo están para perseguir la democracia y rendición de cuentas sindicales a través de otras iniciativas de reforma o, incluso, a través de su ejercicio en la práctica. Porque no se nos olvide que cada uno de los tres grandes partidos ha apoyado a y han sido apoyados por organizaciones y líderes sindicales que de democráticos no tienen nada.