EXCESOS Y CARENCIAS*

ANA LAURA MAGALONI

La iniciativa legislativa de Enrique Peña Nieto de dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Gobernación me parece que puede ir en la dirección correcta, siempre y cuando se corrijan sus defectos y se enmienden sus carencias.

Según señaló el Presidente electo, su iniciativa "propone que la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; también la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario; la de desarrollar tareas de vigilancia fronteriza y protección civil; la de ejercer el mando sobre la Policía Federal y auxiliar". Es decir, Peña Nieto pretende concentrar en Gobernación la articulación y conducción de las políticas federales en materia de seguridad pública. Para ello, propone concentrar en el mando y dirección del secretario de Gobernación todas las fuerzas de seguridad pública federales de carácter civil, lo cual puede ser un instrumento eficaz para que las directrices sean uniformes y coordinadas y diluir así la fragmentación de las acciones del gobierno federal en esta materia.

La iniciativa de Peña Nieto se parece a lo que en Europa son los denominados ministerios del Interior. En España, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene como principal función la preparación y ejecución de la política del gobierno español en materia de seguridad ciudadana. Ello pasa, entre otras atribuciones, por la dirección y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el control de las empresas privadas de seguridad, la administración de las instituciones penitenciarias, las políticas en materia de migración y extranjería, así como las acciones en materia de protección civil. Si uno revisa la estructura orgánica de dicho ministerio, se puede observar que atiende todos los temas clave en materia de seguridad: terrorismo, policía internacional, sistema penitenciario, coordinación con las policías locales de las comunidades autónomas, entre muchas otras. Yo me imagino que algo así sucederá con el organigrama de la nueva Secretaría de Gobernación.

Ahora bien, este modelo concentrado, con relación a las políticas de seguridad que propone Peña Nieto, necesita atender dos aspectos: uno, sacar de la Secretaría de Gobernación los temas de política interna y las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes y, dos, fortalecer las políticas en materia de justicia como mancuerna indispensable de las políticas de seguridad. En este último rubro, una Secretaría de Justicia, similar a los ministerios de Justicia europeos y de América Latina, haría mucho sentido.

El Ministerio del Interior en el modelo europeo (no en el latinoamericano) no es quien gestiona el diálogo y los acuerdos con los partidos de oposición y el Congreso de la Unión. En el caso de México, ello hace mucho sentido. Muy rápido varios líderes del PAN y del PRD reaccionaron negativamente a la propuesta de Peña Nieto, destacando que venimos de un pasado autoritario en donde los cuerpos de inteligencia y policiales se utilizaron para reprimir o controlar a opositores políticos. Por nuestra historia, el "apartado político", si se puede denominar así, de la Secretaría de Gobernación debería pasar a la Oficina de la Presidencia de la República. Ello garantizaría que las políticas de seguridad puedan legitimarse como políticas de Estado y no como políticas partidistas. Además, ya es suficiente reto el de la seguridad pública en México, como para que el mismo secretario se encargue además de consensuar con los partidos políticos las iniciativas de ley. Muchas atribuciones y retos para una sola Secretaría.

Ahora bien, en muchos de los países en donde existe un Ministerio del Interior también existe un Ministerio de Justicia. La otra cara del problema de seguridad tiene que ver con la justicia en dos sentidos. En primer término, toda política de seguridad requiere, como pieza de cierre, de un aparato de justicia que controle y sancione los abusos de la policía y, a la vez, aplique creíblemente la ley a quien delinque. En segundo término, toda política de seguridad también necesita de mecanismos jurisdiccionales apropiados para administrar y gestionar la conflictividad social en general. Ello evita que muchos de estos conflictos se tornen violentos. Los ministerios de Justicia tienen como una de sus principales atribuciones asegurarse de que las instituciones de justicia cuenten con el marco normativo, los recursos y los instrumentos de política pública necesarios para cumplir con sus tareas. En México, no hay una institución que se encargue específicamente de esta tarea. El Consejo de la Judicatura Federal administra al Poder Judicial de la Federación, pero no es un órgano para diseñar las políticas públicas que le permitirían a los jueces desempeñar mejor sus funciones. La posibilidad de construir un piso firme, con relación a la paz y prosperidad del país, requiere de un sistema de administración de justicia más accesible a los ciudadanos y más potente y confiable. ¿Será que Peña Nieto ha dejado en un segundo plano las enormes asignaturas pendientes que tiene nuestro país con la justicia? Quiero pensar que no.

*Reforma 17-11-12