HERMANADOS

JORGE ALCOCER

El pasado miércoles, después de participar en la semana de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) los senadores Javier Lozano (PAN) y Alejandra Barrales (PRD) ofrecieron una conferencia de prensa conjunta (reforma.com, 7/11/12) en la que anunciaron su común interés en promover lo que llamaron una "revisión integral" de la reforma electoral de 2007.

El evento anual de la CIRT fue el escenario para relanzar la ofensiva en contra del modelo de acceso a televisión y radio, que desde 2008 impide a partidos y candidatos comprar tiempo en esos medios. Que el senador Lozano promueva la contrarreforma no sorprende; desde la promulgación de esa reforma el ex secretario del Trabajo ha expresado ácidas opiniones y duras críticas al respecto.

Sorprende, en cambio, que la senadora Barrales se sume a esa causa, olvidando que el PRD y sus legisladores fueron decididos impulsores de lo que hoy ella impugna. Haría bien a la ex coordinadora perredista en la Asamblea Legislativa del DF leer las intervenciones que en tribuna tuvieron sus correligionarios para apoyar la reforma de 2007.

Hermanados por la derrota, los dos senadores retoman las críticas que la CIRT, el duopolio de la televisión y algunos grupos de radio han sostenido en contra de la prohibición de compra-venta de tiempo, para fines político-electorales, en esos medios. Barrales se refirió, de manera imprecisa, al "papel que jugaron los medios de comunicación" en el pasado proceso electoral; en tanto que Lozano fue directo al grano: "nosotros estamos también de acuerdo en revisarlo integralmente, devolver mucho (sic) de las libertades que se perdieron, devolver la equidad precisamente al tratamiento de los medios de comunicación, y que todo esto sea en aliento de la democracia".

¿De qué libertades hablan?

En casi todas las naciones de Europa, en buena parte de América Latina y en varios países de Asia, existe la prohibición de compra de tiempo en TV y radio, que en México se implantó en 2007. La reforma fue impugnada, por diversos actores y vías, ante la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, que finalmente resolvieron que no existe vulneración alguna a la libertad de expresión.

El próximo jueves, en un foro convocado por el PNUD, presentaré las conclusiones de la evaluación integral del modelo de acceso a radio y TV en materia electoral, elaborada por el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) con apoyo del citado organismo de la ONU. La evaluación concluye que, en esa materia, la reforma electoral cumplió sus objetivos primordiales, entre ellos el de asegurar equidad en el acceso de los partidos políticos a esos medios, sin que se haya registrado un solo caso de vulneración a la libertad de expresión de los periodistas, editorialistas o conductores. Los casos de compra ilegal de tiempo fueron contados, y los concesionarios y permisionarios han alcanzado un nivel de cumplimiento de las pautas de un 95 por ciento, en promedio.

Desde luego que existen problemas por resolver, el primero de ellos es el uso y abuso de los spots, que contradice el sentido de la propia reforma. También el fraude a la ley que ha propiciado la promoción de los informes de labores de servidores públicos, o el exagerado gasto publicitario en TV del gobierno federal, a pretexto del uso electoral de los tiempos de Estado.

La evaluación del CEPNA concluye que la reforma de 2007-2008 debe ser preservada y consolidada, con ajustes legales y reglamentarios para corregir efectos imprevistos, o no deseados, en materia de acceso a TV y radio. (Ver suplemento Enfoque, 11/11/12). Otros temas polémicos, como incluir entre las causas de nulidad de una elección el rebase del tope al gasto de campaña, no guardan relación alguna con la supuestas "libertades" que la CIRT reclama devolver a los concesionarios.

En la pasada campaña presidencial los tres candidatos tomaron distancia de la reforma electoral 2007-2008, en dos casos tendiendo puentes hacia la CIRT y el duopolio televisivo, mientras que López Obrador lo hizo por el tema de los debates. Ahora lo importante es la posición de los partidos y los legisladores, y lo que haga o proponga el presidente Enrique Peña Nieto a partir del 1o. de diciembre.

Todo apunta a la reedición del debate, ahora con datos duros.