CIRO MURAYAMA RENDÓN
España acumulará el quinto año consecutivo de contracción del producto interno bruto y la tasa de desempleo superó 25%, de tal suerte que uno de cada cuatro trabajadores está desocupado.
La tasa de desempleo juvenil es de más del doble del promedio (52%), pero como la participación de los jóvenes es relativamente baja (la mayoría está aún estudiando, por lo que no forma parte de la población económicamente activa), el drama mayor lo viven las personas que se acercan a los 50 años, que son los que han perdido sus puestos de trabajo por la crisis, todavía tienen hijos por mantener, están endeudados y son “desempleados de larga duración”, pues con frecuencia llevan tres años sin empleo.
El rostro de España ha cambiado en sólo unos años; hoy es un país expulsor de población, sobre todo de jóvenes con estudios universitarios. Médicos, enfermeras, ingenieros y otros profesionistas buscan oportunidades en Alemania, Reino Unido e incluso en América Latina. El Metro de Madrid, a diferencia de lo que ocurría a mediados de la década pasada, se ha vaciado de la numerosa población latinoamericana —sobre todo proveniente de Ecuador— que emigró a la península ibérica en la época de auge.
Uno de los tópicos acerca de la crisis en España consiste en decir que este país vivió “por encima de sus posibilidades” y de ahí se pretende explicar la “necesidad” de recortar el gasto social. Sin embargo, esa argumentación no se hace cargo de que el modelo social español, con una red de servicios y bienes públicos extendidos y de buena calidad, como una genuina cobertura de salud pública y un sistema universal de pensiones, no generó el desequilibrio en las finanzas públicas, pues todavía antes del estallido de la crisis, en 2007, había superávit público. El déficit empezó cuando el Estado hubo de acudir al rescate del sector financiero —en buena medida por las pérdidas asociadas a una ola de crédito para la adquisición de vivienda encarecida en el boom inmobiliario— y cuando la caída de la actividad económica general se tradujo, como ocurre siempre en recesión, en una disminución de la recaudación fiscal. En suma, no fue el Estado de bienestar el que propició la crisis, sino la actividad especulativa sin una intervención oportuna desde el propio Estado; fue la ausencia de regulación pública lo que creó las condiciones de una crisis tan profunda, así que la falla estatal fue más por omisión que por exceso de actuación.
Sin embargo, la crisis sí está desmontando el Estado de bienestar que permitió que a fines del siglo pasado España fuera un país con altos niveles de equidad social. A los recortes a la salud y la educación, así como a los servicios sociales, se suma un factor ideológico que puede hacer la crisis más profunda: el desprecio por lo público, lo que incluye la defenestración de los empleados públicos, y que incluyen a maestros y médicos, como si sus labores fuesen prescindibles en cualquier sociedad con cierto sentido de progreso colectivo. El altísimo nivel de desempleo, que se prolonga ya hacia un quinquenio por arriba de 20%, necesariamente hace retroceder los avances en materia de equidad. Quienes conservan sus puestos de trabajo, se enfrentan a una menor inflación y en algunos mercados, como el inmobiliario, a fenómenos de deflación. Pero para los hogares que han perdido su fuente de ingresos y para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, no existe otro panorama que la precariedad.
A la crisis económica hay que agregar una de tipo político, que en Cataluña se expresa en una reacción nacionalista que traslada las responsabilidades a otros —como si el gobierno nacionalista catalán no fuera responsable de los recortes sociales en esa autonomía—, y que en general se ha reflejado en una caída de la participación electoral y la confianza en las instituciones políticas, es decir, de la democracia. En la calle abundan el desaliento y la indignación. No es para menos.
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