RICARDO BECERRA LAGUNA
¿Por qué? ¿Por qué con tanta frecuencia se le pide al IFE que se abstenga, que deje de cumplir la ley?
Es uno de los muchos misterios de nuestra vida política: allí está la Constitución de la República; allí está la ley electoral; hay una costumbre practicada durante décadas (si no es que siglos) sin problemas, en centenas de procesos: las toneladas de papel en las que millones de ciudadanos votaron una vez, se destruyen para su reutilización.
No sólo es legal: es de sentido común. Una vez que el proceso electoral llegó a su fin y que se han agotado todas las etapas y la última de las controversias, lo sensato es que esas montañas de papeles tengan una nueva vida y obtengan nueva utilidad.
Bien vistas las cosas, y si alguien se tomara la molestia de leer el artículo 302 del Código Federal Electoral aprobado por acuerdo de todos los partidos políticos podrá descubrir el siguiente mandato: “Los presidentes de los consejos distritales tomarán las medidas necesarias para el depósito de la documentación de cada casilla hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a su destrucción”.
No obstante –como en muchas otras cosas- en los últimos tiempos, se le pide al IFE que haga lo contrario, que actué al revés que como debe: que no destruya las boletas electorales utilizadas en los comicios pasados, especialmente los comicios del 2006.
Pero volvamos al artículo 302. No se trata una medida advenediza; no es una ocurrencia del IFE; tampoco una “instrucción de la mafia” dirigida a Consejeros, Magistrados y funcionarios de la Corte Interamericana, como afirmó hace un par de días el ex candidato López Obrador. Es, sencillamente, una orden de la ley, cuya existencia era sabida de antemano por todos los candidatos y sus partidos; por todos los observadores y estudiosos electorales en México.
El mandato de destrucción de las boletas existe en México y en el derecho electoral de casi todo el mundo (en Panamá o la Dominicana por ejemplo, las papeletas se queman allí mismo, en la casilla, en el momento de ser computadas en las actas). También en Chile o Argentina, en Canadá o en Estados Unidos: la utilidad de las boletas termina cuando la marca hecha por los ciudadanos en secreto, se vacía y se contabiliza en un acta, esa sí, revisada y firmada por todos los partidos, funcionarios y observadores.
Estamos ante una vieja sabiduría, muy elemental: en el COFIPE originario –el de 1990-, en su artículo 254 se decía… “Una vez concluido el proceso electoral, se procederá a la destrucción”. Y más atrás: en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, de 1978, (art. 214) se decía: “El paquete electoral y una copia de la documentación relativa serán enviados a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. Otra copia de dicha documentación será remitida a la Comisión Federal Electoral, la que resolverá lo procedente”.
Y lo procedente, siempre y en toda elección, ha sido la destrucción de las boletas: como en 2000, 2003, 2009 y 2012.
Ahora bien, en nuestro caso, se desplegó toda una estrategia y lucha legal para evitarlo, y el IFE no hizo más que respetar y esperar su curso y solución. El periplo incluyó un montón (centenas) de solicitudes de información y sus correspondientes recursos de revisión. En todas ellas, el criterio fue el mismo: las boletas son documentos de especial tutela; acceso ya hubo en los momentos procesales que admite el diseño electoral; una vez concluidos, sobreviene su destrucción.
El litigio llegó al Tribunal Electoral que confirmó el sencillo criterio de la ley. Más tarde, el propio Tribunal también desecharía un juicio para la protección de los derechos político-electorales.
Fue entonces que se echó mano del amparo ante un juzgado de Distrito (el noveno) que por alguna razón, ordenó mantener las montañas de papel intactas. Meses después el mismo juzgado se desdijo, lo que empujó las cosas ¡a la arena internacional!
Ya en el año 2008, los actores de la preservación de las boletas, formularon una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien de nuevo, emitió medidas cautelares para que las pobres boletas no fueran destruidas. Con discreción y mucha parsimonia, tres años después, el 2 de noviembre de 2011, esa misma Comisión Internacional también se desdijo y declaró “inadmisible la petición”.
¿Lo ven? No hay abogado, no hay instancia legal, no hay interpretación del derecho que admita revisitar las boletas electorales (que no a las actas, donde realmente se resume la información de la jornada).
El IFE ha esperado todo ese interregno litigioso para poder cumplir la ley. Y en un acto de pura economía de medios, decidió unir la destrucción de las boletas del año 2006 con las de la elección de 2012.
En esas estábamos, hasta que el 25 de octubre se presentó una solicitud más, pero esta vez al Comité de Derechos Humanos en las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en Ginebra.
La cosa empieza a cobrar tintes desmesurados pues esa oficina, precisamente esa oficina, se encarga entre otras cosas, de la investigación y prevención de matanzas, genocidios, guerras civiles, represión de los Estados, desapariciones de seres humanos… cosas muy diferentes a la destrucción o no, de las papeletas electorales.
A pesar de eso, el Comité de Ginebra dio por buena la petición y “pide al Estado mexicano suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006, mientras esta comunicación esté siendo examinada por el Comité”.
Sea. Esperemos que la velocidad de los abogados ginebrinos alcance para que el IFE, que lleva seis años esperando cumplir un sencillo mandato de la ley, pueda realizarlo sin problemas, con normalidad y sin lágrimas.
Que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se de cuenta pronto –como todas las demás instancias, nacionales e internacionales- que las boletas electorales están regidas bajo un régimen de especial tutela, que la información siempre accesible, está en las actas (y ellas, están en Internet) y que la destrucción de las famosas boletas no es otra cosa que una medida consuetudinaria, sensata, razonable y además, está puesta ahí, como una obligación legal hace décadas en el derecho electoral mexicano.
Volveremos sobre el tema.
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