jueves, 29 de noviembre de 2012

¿UN PODER EJECUTIVO SIN OPCIONES?*


MIGUEL CARBONELL

Han abundado, en los días recientes, los análisis que intentan ofrecer un balance de la gestión del presidente Calderón. El propio Presidente se ha referido a lo que para él han sido los logros y los problemas más importantes de su gobierno.

Calderón ha vuelto a repetir un argumento recurrente durante su sexenio: que cuando él llegó a Los Pinos era tal el grado de descomposición en el ámbito de la seguridad pública, que no tuvo otra opción más que sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y comenzar lo que a todas luces ha sido una “guerra” con más muertos que en Irak o Afganistán.

Lo cierto es que parece haber algunos problemas serios para dilucidar si el Presidente se apega a la verdad. Por ejemplo, si el deterioro era tan grande, ¿cómo es que no se reflejó en sus discursos siendo candidato? Cierto es que el candidato Calderón hizo propuestas y discursos de campaña en referencia a la inseguridad, pero nunca nos advirtió el grado del supuesto deterioro que luego dijo haber encontrado.

Por otro lado, llama la atención que si el deterioro era tan grave no se hubiera reflejado en ninguno de los indicadores estadísticos oficiales que existen: de hecho, tanto el homicidio como el secuestro habían venido bajando en los últimos años. El aumento trágico de ambos delitos (y de la extorsión, del robo de vehículos y de un largo etcétera) se produce en 2007 y sigue subiendo hasta el primer semestre de 2012. Si la situación ya estaba deteriorada pareciera que el trabajo de Calderón vino a empeorarla.

Nadie en sus cabales puede sostener que lo que tenía que haber hecho el Presidente era nadar de muertito o pactar con el narco. Dicho pacto simplemente no puede darse porque ni siquiera existe un interlocutor con el que pueda uno sentarse; los grupos delictivos son muy heterogéneos y además cualquier concesión por parte de las autoridades sería sencillamente inaceptable para los ciudadanos. Pero en lo que sí creo que faltó análisis y preparación fue en la forma en que se abordó el tema de la inseguridad.

La presencia de los militares fue necesaria para hacer frente al poder de fuego de los grupos criminales, pero no lo era la complicidad con que se les han tolerado las violaciones a derechos humanos. Tampoco era necesario que Calderón se empeñara en mantener en un alcance inaceptable el fuero militar, que tuvo que corregirlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco.

El Presidente tuvo la opción de apostar no sólo por la presencia de fuerza pública (militar y civil) en las calles, sino por fortalecer las capacidades de investigación de la PGR, cosa que no hizo. Eso generó que un número enorme de personas que fueron detenidas no pudieran ser procesadas ni condenadas. Eso tuvo como resultado que casi 15 mil cuerpos de personas asesinadas no hayan podido ser identificados y descansen hasta hoy en fosas comunes. El resultado evidente es que casos emblemáticos como el del michoacanazo o el de los generales del Ejército presuntamente corruptos simplemente no se han podido sostener ante los tribunales.

La gestión de cualquier político se mide por sus resultados. No sirven las excusas, ni decir que la situación vivida era sumamente difícil. Si los resultados no se logran el juicio de la historia será inevitablemente adverso.

Los resultados en el tema de seguridad son muy deficientes: el homicidio aumentó 300%, el cobro de piso 130% entre 2010 y 2012, durante la primera mitad de 2012 fueron denunciadas más de 30 mil extorsiones telefónicas, etcétera. Todo eso, además, nos costó mucho dinero: más de 130 mil millones de pesos durante 2012 si sólo contamos el presupuesto de Sedena, Marina, PGR y SSPF. Hay que sumar gasto local y el que hacen las familias para protegerse.

Ojalá que el próximo gobierno tenga claridad en: 1) una estrategia contra la inseguridad; 2) cero tolerancia a las violaciones de derechos humanos; 3) gasto público más efectivo; 4) privilegiar la eficacia por encima de la fuerza bruta; y 5) investigación científica y profesional de los delitos. Solamente así se obtendrán resultados diferentes a los muy pobres que nos deja Felipe Calderón.

*El Universal 29-11-12

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