NI REGRESIÓN Y EFICACIA*

MARÍA AMPARO CASAR

El derecho de un nuevo mandatario a estructurar el aparato político y administrativo de acuerdo con sus preferencias parece inobjetable. Sobre todo cuando se acompaña de un razonamiento que explica los motivos para hacerlo y los resultados esperados.

Lo que no es comprensible es que en el debate parlamentario se hayan proferido descalificaciones en lugar de argumentos que alentaran una reconsideración de la propuesta de incorporar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación. "Peña Nieto nos dio la razón. Dijimos que era un proyecto restaurador del pasado autoritario", sentenció un perredista. "Se va a regresar a Segob el control político a través de la ley del garrote, ... es una vuelta al pasado totalitario e intolerante", remató en tribuna un diputado panista.

Las declaraciones son falaces: la intención es volver al pasado autoritario; se busca la gobernabilidad en los cuerpos de seguridad; se quiere utilizar la fuerza -y la inteligencia- para propósitos políticos.

Ninguno de los críticos intentó explicar por qué el regreso de la función de seguridad pública a Gobernación significaría una regresión. De existir en el horizonte, el retorno a un pasado autoritario no pasaría por una reorganización de la administración pública. Como si lo que importara fuera la institución y no la función. Como si los titulares de las dos Secretarías respondieran a un jefe distinto. Como si la separación de la función policiaca en una Secretaría independiente significara un dique contra una eventual tentación autoritaria o contra el uso político de la fuerza pública. Como si la fuerza pública y la inteligencia no hubieran sido utilizadas políticamente cuando se dio vida a la SSP. Como si la seguridad pública no fuera uno de los ingredientes indispensables de la gobernabilidad. En el debate parlamentario no hubo crítica seria ni alternativa al modelo propuesto por Peña Nieto.

Otra cosa es si el rediseño institucional se adecua a los propósitos buscados.

Es dudoso que unificando las tareas de seguridad pública y las muchas que tiene hoy la Segob desaparezcan las tensiones y la descoordinación que privaron durante los gobiernos panistas. Habrá coordinación si el titular del Ejecutivo sabe imponerla; si se diseña una política pública integral de seguridad y el nuevo Presidente alinea al gabinete.

La falta de coordinación y los pleitos más notables en el sexenio de Calderón ocurrieron al margen de la Segob: se dieron entre la PGR y la SSP, entre el Ejército y la Marina, entre éstas y la SSP. Si Peña no es capaz de imponer la disciplina al interior del gabinete, el pleito pasará a ser entre Segob y la PGR o entre Segob y las Fuerzas Armadas. La iniciativa de reforma no toca a estas instituciones.

Más dudoso todavía es si una Secretaría con las funciones que se quieren reunir en Gobernación puede ser eficaz bajo el mando de un solo hombre. El tramo de control que tendrá el próximo secretario de Gobernación es de tal magnitud que la eficacia se antoja difícil de lograr: desde la relación con los otros dos poderes hasta con los gobernadores y presidentes municipales; desde la negociación con los sindicatos hasta con los empresarios; desde el trato con los medios hasta con las iglesias; desde la política migratoria hasta la de protección civil; desde el orden jurídico hasta los derechos humanos.

Súmele usted a estas funciones la de la seguridad pública y seguridad nacional incluidas las labores de inteligencia, prevención y administración penitenciaria además de la coordinación entre la prometida gendarmería y la policía y la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y no, el argumento de que así operó antes de los gobiernos panistas no es muy útil. El contexto en 2012 es muy distinto. Las presiones de la labor de seguridad son otras. La policía pasó de tener 6,000 elementos a 36,000 y de un presupuesto de 10 mil millones a uno de más de 40 mil millones.

Agréguele, por último, la facultad de coordinar reuniones de gabinete para definir y dar seguimiento a la política de gobierno en asuntos prioritarios y atender aquellos de competencia concurrente de las dependencias de la Administración Pública.

Ante tan titánica tarea, la pregunta es si en términos de un gobierno eficaz, no hubiese convenido más la creación de una Secretaría del Interior y una Secretaría u Oficina de la Presidencia con las funciones de negociación política con los poderes, los órdenes de gobierno y las organizaciones sociales que, dicho sea de paso, no suelen requerir del uso de la fuerza.

*Reforma 27-11-12