RICARDO BECERRA LAGUNA
Dejó de tener importancia la visita a ocho millones de residencias, la selección y capacitación de casi 600 mil personas que con generosidad vigilan el voto de sus vecinos y la instalación, en un solo día, de 143 mil casillas, ahí, cerca de los domicilios de todos.
Que a todos nos conste el conjunto de medidas que garantizan, sobre cualquier otra cosa, la libertad y el secreto del voto, también perdió relevancia. Y 50 millones de mexicanos que llegaron a las urnas –por su propio pie y con su cabeza puesta- es ya una minucia retórica de las autoridades electorales a las que sólo les importa “demostrar que todo lo hicieron bien”.
Haber abierto 242 mil 412 paquetes en el plazo perentorio de 4 días, a ojos de todo el mundo, para demostrar cómo votaron los mexicanos, se convirtió un ejercicio irrelevante, un acto de transparencia fresa.
Que los fatigosos cómputos realizados en 300 distritos, el Conteo Rápido y el PREP hayan coincidido con una exactitud que llega a las centésimas, no obliga a nadie a reconocer la limpieza esencial del proceso, es decir, a reconocer que los votos se contaron y se recontaron bien en todos los momentos del proceso.
Éstos, fueron unos comicios amplísimos, en los que se disputó la mayor cantidad de cargos de elección popular de nuestra historia (2,127) incluyendo Presidente, todos los Senadores y Diputados federales, 6 gobernadores, un Jefe de Gobierno, 876 Ayuntamientos y 15 Congresos Locales. Pues bien, en esa inmensa y compleja movilización política, el polémico y vilipendiado “modelo de comunicación política” funcionó y de hecho, funcionó mejor que nunca con cumplimientos cercanos al cien por ciento, regulando simultáneamente a 2 mil 335 emisoras en todo el país y administrando más de 2 mil 500 versiones de spots distintos, durante 90 días. Pero este, que es un fruto compartido de todos los partidos políticos, base real de la equidad de la elección, tampoco interesa, ni siquiera existe en la discusión postelectoral.
Una de las novedades de nuestra pendenciera vida electoral, es ese aburrido y profuso deporte inaugurado por los partidos mexicanos, según el cual, todos tienen la posibilidad de quejarse de todos, por todo y contra todos. Esta dinámica –hacer propaganda quejándose de la propaganda ajena- llevó al IFE a atender la friolera de ¡1,230 quejas! en el presente año. Dentro de esa montaña jurídica y litigiosa de denuncias hubo cosas importantes, claro, pero sin distingos, el IFE estuvo obligado a atender todas con la misma seriedad. Lo hizo.
Se ha señalado –por franjas importantes- que estas elecciones fueron marcadas por una enorme maquinación de compra del voto que llega a explicar hasta 5 millones de sufragios “vendidos”. Bien, según esas mismas versiones, tamaña confabulación le pasó de noche al IFE, quien como siempre, estaba metido en el jardín de la autocomplacencia, pero… ¿Saben ustedes cuantas quejas que denunciaron compra del voto llegaron a la autoridad electoral hasta el cierre de campaña? Dos. Si, 2, en todo el país.
Y si alguien señaló y propició una discusión pública y un contexto de exigencia hacia las encuestas publicadas en el periplo electoral -mediante 7 informes y poniendo a disposición de cualquiera los estudios completos, para su evaluación y crítica, en Internet- fue el propio Instituto Federal Electoral.
No importa: nada de esto cuenta, nada de distractores, lo importante es el dinero, los recursos sobre los que se erigieron las campañas. ¿Allí está la gran falla del IFE? Pues vean los datos: la Unidad de Fiscalización ha revisado ya 4,240 informes de gastos de precampaña. Desde diciembre de 2011 y hasta el último día de las campañas, se realizaron 1,183 visitas de verificación, directamente, en los eventos de los partidos, incluyendo 172 actos de los candidatos a la Presidencia. Fueron vigilados permanentemente 50 distritos electorales y 8 entidades federativas completas, que cubrieron 220 fórmulas a diputados y 37 de senadores.
El IFE revisa los expedientes de 7,805 personas (militantes o candidatos de los partidos) para establecer si han sido reportadas por el sistema financiero por efectuar operaciones inusuales o relevantes para prevenir y detectar lavado de dinero.
En recorridos conjuntos el IFE fotografió con localización exacta (GPS), 26 mil espectaculares, bardas, mantas o parabuses, información que será comparada con los informes de gastos que presentan los partidos. Y para ofrecer una resolución más oportuna de este tema, se puso en marcha un acuerdo de “fiscalización anticipada”, mediante consenso de todos los partidos, sin excepción.
Como se puede observar, es muy difícil sostener que el IFE ha sido omiso o que renunció a ejercer sus atribuciones.
Aún más: el IFE ha recibido 63 quejas en materia de fiscalización, de las cuales 23 han sido ya resueltas. Las 40 quejas restantes se hayan en investigación y van, desde las denuncias por rebasar topes de gasto por parte de Enrique Peña Nieto, hasta la recepción de aportaciones excesivas, por parte de Andrés Manuel López Obrador, pasando por el “caso Monex” (con dos expedientes), el caso Frontera Television Network (FTN), Soriana así como recursos no reportados de asociaciones civiles con vínculos a la campaña de la Coalición del Movimiento Progresista, “Honestidad Valiente” y “Morena”.
Como cualquiera sabe, realizar estas investigaciones lleva su tiempo: hay que ir en busca de información de un montón de instituciones, bancos, empresas, particulares, dando las garantías a todos –denunciados y denunciantes- de una actuación imparcial, objetiva, sin excusas, excesos ni precipitación.
Un sólo dato más: las más importantes y notorias: las denuncias más discutidas y más visibles sobre el dinero y las campañas fueron interpuestas el mes pasado, el 8, 14 y 26 de junio, y en ese plazo, el IFE ya desarrolló más de 780 requerimientos, entrevistas, audiencias, solicitudes y otras acciones de investigación.
Con estos datos demostrables, en este panorama ¿se puede sostener seriamente que tenemos una institución torpe y embotada en su vista gorda?
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