LAS ELECCIONES Y SUS REGLAS

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Las elecciones son momentos en los que naturalmente se incrementa la tensión política. A través de ellas se procesa la disputa por el poder, se definen los equilibrios entre las fuerzas políticas y se integran los órganos electivos del Estado. Ello supone que las fricciones intrínsecas a las sociedades plurales se intensifiquen, pero eso es natural en toda democracia.

En ese sentido, la democracia no supone la falta de controversias o de confrontación (que en gran medida definen las campañas), sino la existencia de procedimientos e instituciones que permitan resolverlas pacíficamente y con base en las reglas establecidas.

La historia de la transición a la democracia en México coincide, en ese sentido, con el establecimiento de las reglas del juego democrático, así como con la construcción de las condiciones que permitieran que dichas reglas fueran efectivamente cumplidas.

En ese sentido, las reglas legales son claras y precisas; en varias ocasiones el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ha sido definido como una carta de navegación en la que todos los actos y los tiempos del proceso electoral están claramente establecidos y la autoridad lo único que tiene que hacer es seguirlos puntualmente; ello ha inyectado certidumbre y, por lo tanto, confianza en los comicios.

El caso mexicano es emblemático de cómo la recreación democrática es justamente la existencia y el respeto de una serie de reglas particulares. Entre nosotros esas reglas se fueron creando gradualmente, no fueron el producto de un acuerdo histórico que marca tajantemente un antes y un después (como ocurrió en el caso español), el proceso de transición a la democracia fue paulatino pero al cabo de éste el abanico de las reglas democráticas estuvo completo. De no haber sido así, simple y sencillamente los profundos cambios políticos que ha experimentado el país en los últimos tres lustros (falta de mayorías predefinidas en los Congresos, alternancias en el poder, gobiernos divididos, elecciones competidas, etcétera) no habrían podido ocurrir.

Subrayo, sin embargo, una cosa: no fueron esos cambios políticos los que dieron paso a la democratización del país, sino que fue precisamente la acompasada introducción de las reglas democráticas las que permitieron que esos cambios se verificaran.

Es cierto que no hemos estado exentos de problemas y conflictos. La historia de las instituciones electorales no ha sido tersa ni sencilla. Pero también es cierto que se trata de una historia exitosa que se ha basado en el respeto generalizado de las reglas y de las instituciones encargadas de vigilar su respeto. La elección presidencial de 2006 ha sido la más complicada de las que hemos enfrentado. Lo cerrado de los márgenes de diferencia en la votación presidencial significaron un reto inédito para nuestra institucionalidad democrática. El Tribunal Electoral y su tarea de resolver las impugnaciones y calificar las elecciones adquirieron una centralidad fundamental.

Como una respuesta a ese momento crítico de nuestra historia electoral, en 2007 y 2008 se llevó a cabo una profunda revisión de las reglas electorales, aprobada por un amplísimo consenso legislativo, que introdujo una serie de novedosos procedimientos que atienden y resuelven muchas de las preocupaciones surgidas en la elección presidencial previa.

Así, hoy contamos con procedimientos administrativos sancionadores expeditos y dotados de la posibilidad de emitir medidas cautelares en tanto se desahogan; una unidad de fiscalización que puede trascender sin obstáculos los secretos bancario, fiduciario y fiscal; un nuevo modelo de comunicación política (centrado en la prohibición de compra-venta de publicidad en radio y televisión y el uso de los tiempos del Estado para que las ofertas políticas se promocionaran ante los ciudadanos) que permite una presencia mucho más equilibrada en los medios electrónicos de comunicación de los diversos partidos y sus candidatos y atajando el peso del dinero en el acceso a aquellos; así como la posibilidad de realizar recuentos de votos totales durante los cómputos distritales si la diferencia de votación entre el primer y el segundo lugar es menor al 1 por ciento y este último así lo solicita, como un mecanismo para eliminar cualquier sombra de sospecha en relación con el cómputo legal de los votos.

Por supuesto, la política no se agota en las instituciones y los procedimientos, pero más allá de ello, lo que importa para la subsistencia del sistema democrático mismo es que la política, pero sobre todo los políticos, no desborden el cauce institucional.

Hacerlo implica romper los pactos fundamentales sobre los que se erige toda convivencia pacífica y democrática, eso, para decirlo sin medias tintas.