SCJN: GOLPE A LA TRANSPARENCIA

JAVIER CORRAL JURADO

La discusión postelectoral no ha permitido apreciar en toda su dimensión, la reciente resolución de la SCJN sobre el caso de la cancelación masiva de créditos fiscales en 2007, y la enorme batalla que tanto Fundar, el Centro de Análisis e Investigación que dirige Miguel Pulido, como el IFAI, han dado para conocer los nombres de las personas físicas y morales que fueron beneficiadas, así como los montos en cada caso y las razones. Se trata de uno de los asuntos más peliagudos de la lucha por el acceso a la información y la transparencia en el manejo de los recursos económicos, en el ámbito del aparato público que más la resiste y la deplora: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Enquistado su poder bajo la mayor opacidad que hoy pueda disfrutar una entidad pública, el Sistema de Administración Tributaria se ha alzado nuevamente, en nombre del secreto fiscal, con un nuevo triunfo: la Corte negó el amparo promovido por Jimena Ávalos Capín, colaboradora del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, mediante el cual se alegaba la inconstitucionalidad del Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, disposición que establece la “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”, y que el SAT ha invocado para mantener en secreto la información de los beneficiarios de esa cancelación masiva que asciende a 73 mil 960 millones de pesos. Para resguardar de la luz pública ese monto, se ha desatado una de las actuaciones más fieras por parte de los cabecillas de la SHCP, que ha ido del cabildeo institucional a niveles de intimidación y chantaje a quienes exigen la publicidad de esos nombres.

A finales de 2010, para la aprobación del presupuesto 2011, la SHCP regateó, chantajeó y condicionó la asignación de recursos al IFAI, en abierta represalia por la resolución de este organismo que le ordenó dar a conocer la identidad de los favorecidos con la cancelación multimillonaria. Si no es por la acción resuelta de un numeroso grupo de diputados que presentamos una solicitud de ampliación presupuestal para cubrir las nuevas obligaciones que impuso la ley al Instituto en protección de datos personales, esa función que tanto preocupa al SAT no se hubiera podido arrancar con los objetivos señalados.

También bajo esta historia se encuentra la resistencia de la SHCP a la aprobación en la cámara de Diputados de la minuta que el Senado emitió para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual busca no sólo reconocer el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, sino también que las condonaciones, cancelaciones, tratamientos fiscales especiales sean sujetos del derecho de acceso a la información. En alianza con diputados al servicio de Enrique Peña Nieto, como Humberto Benítez (PRI) y Pablo Escudero (PVEM), los funcionarios de Hacienda consiguieron bloquear en las comisiones de justicia y de la función pública el dictamen que emitió la Comisión de Gobernación para que pudiera conocerlo y votarlo el pleno. Los Diputados del PAN estuvimos de acuerdo, y la oposición no!

El informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2007 nos da una idea, espeluznante, de lo que está detrás de ese secreto que Hacienda quiere resguardar a toda costa: “Existen 15 contribuyentes que tienen más de 100 créditos fiscales y de ellos, seis registran más de 300; en particular, un caso registró mil 453 créditos, número muy cercano a los mil 495 que en conjunto tiene el sector gobierno. Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos y varios de estos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya podido hacer nada al respecto.”

De acuerdo al reporte de la dependencia en 2005 la suma de créditos fiscales sumaba 495 mil 807.9 millones de pesos, en este mismo informe se constataba que entre los deudores se encontraban dos cadenas televisivas que registraban créditos por mil 521 millones 821 mil pesos, así como una empresa editorial que acumulaba 40 créditos fiscales por un monto de dos mil 675 millones 476 mil pesos y cuatro clubes de futbol con 79 créditos fiscales por un monto de dos mil 178 millones 880 mil pesos.

La pregunta es necesaria: ¿son éstos créditos señalados por la ASF los que fueron eliminados como parte de la cancelación masiva en 2007 y a la que tanto protegen? Aunque por ahora la SCJN no quiera pronunciarse sobre ello, obligando a revelar las identidades y por el contrario ratifique la constitucionalidad de un artículo que claramente ha dejado de serlo, es fundamental advertir que, a diferencia de lo que la burocracia priista de Hacienda supone, la lucha por conocer la verdad apenas empieza y tarde que temprano manos hábiles la desvelarán. Al tiempo.