MIGUEL CARBONELL
El pleno de la Suprema Corte acaba de resolver una acción de inconstitucionalidad de la mayor relevancia. Luego de tener el caso bajo estudio durante más de tres años (ya se sabe que los ministros no son muy veloces que digamos), una mayoría de ministros ha entendido que es constitucional una disposición del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que permite una “reserva temporal” de 12 años sobre cualquier la información que esté contenida en una averiguación previa.
Puede parecer un tema de estricta técnica jurídica, pero no lo es. De hecho, se trata de una decisión que toca el corazón mismo del problema más difícil que ha enfrentado la administración del presidente Felipe Calderón: la inseguridad pública. Veamos.
Como se sabe, el sexenio de Calderón ha estado marcado por el tema de la lucha contra la criminalidad organizada. Para ello, el Presidente se ha apoyado en las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina), en la Secretaría de Seguridad Pública federal y en la PGR.
De las cuatro instituciones, el eslabón más débil durante los últimos seis años ha sido la Procuraduría. Los titulares de Sedena, Marina y SSP se han mantenido desde el primer día del sexenio y todo indica que permanecerán en el cargo hasta que finalice. En la PGR, por el contrario, los problemas han sido constantes y eso ha obligado al Presidente a tener varios procuradores. La corrupción ha penetrado hasta altos niveles en la PGR, al grado de que la rotación de personal y el despido de agentes policiacos y ministeriales ha sido constante. Todavía bajo el mandato de Marisela Morales, ya en una etapa muy avanzada del sexenio, se inició una operación limpieza de gran alcance.
Frente a toda esta problemática, lo que más tendría que procurar el gobierno es que la ciudadanía estuviera enterada de qué es lo que está sucediendo en la Procuraduría, de forma que la opinión pública tuviera elementos para valorar el esfuerzo realizado y para saber si el rumbo elegido es o no el correcto.
Por eso es que resulta incomprensible que mediante una reforma legal se haya determinado que “toda” la información que esté contenida en una averiguación previa (incluso aquellas que ya están concluidas) permanezca como reservada hasta por 12 años. Si suponemos que un agente del Ministerio Público actuó de forma incorrecta en el año 2012 no podremos verificar documentalmente esa información sino hasta el año… ¡2024! (fecha en la que dicho agente con toda probabilidad ya esté jubilado).
Frente a ese despróposito legislativo, la CNDH en buena hora interpuso una acción de inconstitucionalidad que acaba de ser rechazada por la falange conservadora de la Suprema Corte, con unos argumentos propios de una comedia de vodevil.
La Corte le acaba de dar validez al cheque en blanco que el Poder Legislativo federal le extendió hace unos años a la PGR, para que pueda actuar en la más absoluta opacidad y para que no le rinda cuentas a ningún ciudadano. De hecho, lo que hizo la Corte fue convalidar un área de completo secreto al interior de la administración pública federal, ignorando de esa forma lo que señala la Constitución (artículo sexto) y la jurisprudencia internacional (caso Claude Reyes y otros contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Es muy grave que los legisladores creen ámbitos gubernamentales en los que no exista transparencia pero es todavía peor que la Suprema Corte lo convalide. El caso es además muy sensible porque se nos está negando a los ciudadanos el derecho a revisar el trabajo de un ámbito de la administración de Felipe Calderón que ha estado en el centro de la polémica y que ha arrojado resultados que deben ser analizados y ponderados con mucho detenimiento, para lo cual contar con información fidedigna es indispensable.
Ojalá la próxima administración se decida a abrir la casa, a airear el trabajo de nuestros Ministerios Públicos y a trabajar en la PGR con una mayor convicción de transparencia, alejada del secreto en el que la pusieron Felipe Calderón y los legisladores federales.
Necesitamos una PGR fuerte, efectiva y contundente contra los criminales. Para tenerla no hace falta que trabaje en la oscuridad ni se requiere que la Corte le extienda un cheque en blanco. Lo que se necesita es transparencia y rendición de cuentas. Nada más, pero nada menos.
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