¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA POLÍTICA?

MIGUEL CARBONELL

Tienen razón quienes han criticado a la recientemente aprobada reforma política cuando dicen que es incompleta y mediocre. Es cierto que no se incluyeron temas esenciales (la reelección legislativa y municipal, la ratificación del gabinete, la reducción del tamaño del Congreso, las nuevas reglas del federalismo, la creación de un tribunal constitucional) y es verdad que la apatía de nuestros legisladores dejó pasar una oportunidad fabulosa para darle una buena renovada a nuestro marco institucional.

Pero con todo y todo, creo que la modificación de los 14 artículos constitucionales que fueron reformados nos dejan cosas buenas, que habrá que saber aprovechar en los siguientes años para ir perfeccionando nuestra endeble democracia.

Por ejemplo, la reforma política ya establece la figura de las candidaturas independientes, con lo cual se permite que los partidos tengan un poco más de competencia electoral y se termina con el monopolio de las postulaciones a cargos públicos representativos por parte de los mismos partidos. Tales candidaturas deberán estar operando para la elección intermedia de 2015, en la que a nivel federal se renovará por completo la Cámara de Diputados. Lo interesante será ver de qué manera se aterriza el nuevo mandato constitucional, sobre todo en lo referente a las prerrogativas económicas y al acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos independientes.

También se añade la figura de la consulta popular, que podrá ser convocada sobre decisiones trascendentes que tengan impacto nacional; para tal efecto, se requiere la firma de 2% de la lista nominal de electores (que no es exactamente lo mismo que el padrón electoral, no hay que confundirse). Para que el resultado de dicha consulta sea obligatorio para los poderes públicos, se pide que haya una participación de cuando menos 40% de la lista de electores. Las consultas deben realizarse el día de la jornada electoral, es decir, el primer domingo de julio del año que corresponda, y serán calificadas previamente por la Suprema Corte, a fin de evitar que se consulten temas que vayan en contra de la Constitución. La parte logística y organizativa de la consulta correrá a cargo del IFE.

Otra cuestión relevante es que se añade la figura de la iniciativa legislativa popular, la cual se podrá ejercer por parte de la ciudadanía cuando se reúnan las firmas de 0.25% del listado nominal de electores. Dichas iniciativas deberán ser analizadas a través de un trámite legislativo preferente.

Tanto la consulta popular como la iniciativa legislativa ciudadana son herramientas que fomentan la participación política y permiten que entre todos se vayan tomando las decisiones, de modo que no solamente los políticos profesionales tengan en exclusiva la confección de la agenda del país. Se trata de algo positivo, desde un punto de vista democrático.

También se incluyó en la reforma política la iniciativa legislativa preferente a cargo del presidente de la república, por medio de la cual el presidente puede enviar dos iniciativas al inicio de cada periodo de sesiones del Congreso, las cuales deben estar dictaminadas en un periodo no mayor a 30 días naturales. En ausencia de dicho dictamen las mismas pasan automáticamente a consideración del pleno de la cámara que haya recibido la iniciativa. Se trata de una figura que servirá para darle mayor dinamismo a iniciativas importantes, las cuales no deben quedar en la famosa "congeladora legislativa" a la espera de que a algún legislador le interese impulsarlas. Si hubiera existido antes la figura de la iniciativa preferente hoy ya tendríamos una definición, por ejemplo, sobre la reforma laboral, que sigue durmiendo en las oficinas de algún legislador indolente.

Es obvio que ninguno de los cambios que acabo de señalar y de los demás que incluye la reforma política pueden por sí mismos terminar con los grandes problemas del país. La reforma política no es un antídoto contra violencia, no disminuye los delitos, no crea empleo ni genera crecimiento económico, tampoco repara carreteras ni construye ferrocarriles, no hace más barato el acceso a internet ni reduce la pobreza. Nada de eso se logra con la reforma política, pero dicha reforma sí nos permite contar con un mejor marco institucional para discutir entre todos sobre esos problemas y para darles la mejor solución posible. De eso se trata, precisamente, la democracia: de un sistema que permite ir arreglando los problemas comunes de forma pacífica y deliberativa. La reforma política, con todo y sus insuficiencias, nos acerca un poco más a ese ideal. En un país como el nuestro, eso merece ser justamente valorado y aplaudido.