REGISTRO DE CELULARES: ¿GARANTÍA CONTRA EL SECUESTRO?

ERNESTO VILLANUEVA

El jueves 4 de diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones con lo que se crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. De esta forma, los usuarios de teléfonos celulares deberán registrar su equipo y "chip" en las compañías telefónicas que les otorgan el servicio, so pena de que les sea suspendido el servicio y sin posibilidad de reactivación. Esto se llevará a cabo en el transcurso del año entrante. Esta decisión legislativa tiene un propósito loable: facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas, secuestro y a la delincuencia organizada. Nadie podría en su sano juicio estar en contra de esa finalidad. El asunto más bien reside en saber razonablemente si esas medidas podrán ser los medios para llegar a los fines buscados. Desde mi perspectiva no es así. Veamos por qué.Primero. De entrada, no existe en el corto plazo factibilidad para que se adopte el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) como un localizador con tecnología satelital en virtud de que esa tecnología haría sumamente costoso el servicio celular en perjuicio paradójicamente de la mayoría de la sociedad. Si se lograra que el Gobierno federal (con los impuestos suyos y míos) absorbiera el costo, otro problema igual o mayor es que para la eficacia del GPS se requiere de un sistema cartográfico actualizado que no posee México. Y no me refiero a las Guías Roji que todos conocemos y que nos sirven para ubicar calles, sino a los sistemas que incluyen los relieves del terreno y sean susceptibles de identificar si se trata de un terreno con un piso o de un edificio de 15 pisos, que para los propósitos de seguridad hace una diferencia entre la vida y la muerte. Hoy sin reforma alguna se utilizan las radio bases existentes para efectos de identificación aproximada, con menor nivel de precisión que el GPS, pero que ayuda cuando hay voluntad de hacer cumplir la ley en casos de secuestro o extorsión. Segundo. Supongamos que lo anterior fuera posible y se reorientara el presupuesto, por ejemplo, de educación para adoptar un sistema GPS y un proceso permanente de cartografía en todo el país. Tampoco este esfuerzo presupuestal mayúsculo sería garantía alguna. Se deja de lado la inteligencia del crimen organizado. ¿Se imagina alguien a un delincuente llamando de su propio teléfono celular para pedir un rescate? Es absurdo. Lo que generalmente pasa es que se utilizan los propios teléfonos celulares de las víctimas o robados. De ahora en adelante se podrá saber el domicilio y a quien pertenece el teléfono del cual se está hablando, pero ello no ofrece ningún elemento eficaz para combatir los delitos de alto impacto. Y así, las cosas seguirían exactamente igual.Tercero. Pero si lo anterior fuera poco, se parte del supuesto de que los delincuentes son débiles mentales y que para sus quehaceres delictivos usan los teléfonos celulares convencionales de Telcel, Movistar u otros similares. Se hace caso omiso de la existencia de la comunicación telefónica por internet que es mucho más segura y confiable para no ser rastreada. Se trata de sistemas como Skype o Vonage, por citar dos ejemplos. Además, obviamente no requiere de número alguno. ¿Qué sucede además si el teléfono para el secuestro es europeo, norteamericano o de cualquier país distinto a México? Tampoco están previstos. Como se puede observar, el Registro Nacional servirá sólo como un mecanismo para brindar seguridad sicológica a la población, pero en modo alguno es esperable que venga a resolver los problemas de inseguridad. En épocas electorales es entendible que el poder Legislativo busque reivindicar su imagen entre los gobernados, pero es injusto que se explote la ignorancia de nuestro pueblo en este tema tan sensible para todos, dándole "gato por liebre". Más allá de cuestiones tecnológicas que son siempre instrumentos al servicio de la persona, el problema reside en la cultura de la corrupción y la impunidad sin cuyo combate lo demás será siempre lo de menos.