DE QUÉ LADO SE ESTÁ

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Es preocupante que la gravísima situación por la que atraviesa el país orille a algunos a suponer que se debe actuar contra la delincuencia y el narcotráfico por medio de mecanismos que son absolutamente ajenos al Estado de Derecho. Tal es el caso alarmante del profesor normalista y gobernador del Estado de Coahuila Humberto Moreira Valdés, a quien su Congreso apoyó con veintidós votos del PRI, del PVEM y de UD, al proponer la instauración de la pena de muerte diciendo que no se trata de discutir su relevancia sino la manera de privar de la vida a los delincuentes (refiriéndose a los que cometen los delitos más graves), que en su opinión son "desgraciados" que no merecen vivir. Añadiendo con un toque de demagogia que de qué lado está uno, si del de las víctimas o del de los criminales. Y es que por estos desatinos mayúsculos (tal vez explicables pero nunca justificables) generados por la infructuosa y muy negativa política del gobierno federal en su enfrentamiento con la delincuencia, incluidas las reformas constitucionales en materia penal, plagadas de errores contrarios a los principios vertebrales del Derecho Penal y de las cuales me ocuparé pormenorizadamente en próximos artículos, se llega a la conclusión de que en la lucha que se libra contra la delincuencia y el narcotráfico se vale que el gobierno actúe sacrificando el Derecho lo mismo que el sistema jurídico que nos rige. Se puede y se debe estar del lado de las víctimas y de la sociedad agraviada, gobernador Moreira Valdés, sin dar al traste con la constitucionalidad y la legalidad.Los artículos 14 y 22 de la Constitución, en sus párrafos segundo y primero respectivamente, no permiten la pena de muerte. Llegado el caso y en relación con la propuesta del gobernador Moreira Valdés habría que modificarlos. ¿Cómo? Enviando el Congreso del Estado de Coahuila, con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución, una iniciativa de ley para reformarlos en el sentido de que se permita la aplicación de la pena de muerte. Lo anterior corresponde a la forma y al procedimiento constitucional, siendo que con posterioridad dicha iniciativa sería turnada a comisiones para su estudio y dictamen. Y aquí está el punto. Yo doy por descontado que en el seno de aquellas comisiones se rechazaría la iniciativa, pero sin duda después de una larga serie de discusiones y análisis no siempre doctos sino por regla general insubstanciales, superficiales y hasta demagógicos. Perdidos en medio de un debate caótico servirían de pretexto para enjuiciar severamente la política del gobierno en lo que concierne a la seguridad pública y a la justicia. ¿Con qué beneficio? A esto ha llevado el fracaso evidente de esa política, al margen de las explicaciones y justificaciones que de la misma hace el gobierno. Es lamentable. En vez de discutir sobre la pena de muerte lo impostergable es hallar o proponer mecanismos de política criminal, que no alteraciones o modificaciones a la ley ni mucho menos a la Constitución, que sirvan como punto de partida para ir saliendo de la situación dramática e incluso caótica en que nos hallamos. A mayor abundamiento, hay que recordarlo, la experiencia internacional demuestra constantemente lo que la doctrina ya ha explorado desde hace tiempo, a saber, que la pena capital no es ejemplar ni tampoco útil. Así mismo la pretensión de consagrar como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida (lo que es parte de la propuesta del gobernador Moreira Valdés) es algo que ya se tutela implícitamente en la Constitución y en el Código Penal. En suma, aplicarle la pena capital al secuestrador que mate a su víctima (que es otra propuesta del gobernador Moreira Valdés) no servirá en el fondo para evitar tan terrible delito. Hay que ir a las causas y no a los sujetos que derivan su acción de ellas. Me he referido al grito, al alarido de desesperación del gobernador de Coahuila y de millones de mexicanos. ¿Por qué el Congreso de la Unión no lo aprovecha, si cabe el término, para convocar a especialistas del Derecho, a facultades y a escuelas de Derecho, a abogados en el ejercicio de su profesión, con el objeto de que aporten, fuera de la visceralidad explicable pero no justificable, posibles soluciones al terrible problema de la criminalidad ascendente? Aunque el de la pena de muerte sea un tema reiteradamente abordado y tratado que se lo vuelva a estudiar, a analizar, y que se llegue a conclusiones serias fundadas en la razón y no en el coraje, en el miedo o en el terror.