VAN 2, FALTAN 4

MARÍA AMPARO CASAR

El día de hoy el presidente Calderón cumple dos años en el gobierno. Las circunstancias que le han tocado vivir no han sido fáciles: el persistente intento del candidato derrotado de impedir su toma de posesión, cuestionar la legitimidad de su elección y apostar al fracaso de su gobierno; la negativa inicial del PRD de convertirse en interlocutor y hacer alianzas en su calidad de segunda fuerza electoral, el alto costo que el PRI ha impuesto a su colaboración.A ellas se ha sumado primero la falta de dinamismo de la economía norteamericana y más recientemente la caída en los precios del petróleo, la crisis financiera mundial y sus consecuencias para las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana.Todas estas condiciones han sido ajenas a la voluntad del presidente Calderón. Estrictamente le tocaron. No le ha quedado otra que lidiar con ellas. Un juicio equilibrado de los primeros dos años de su administración requiere tomarlas en cuenta.Pero dado el contexto y las "condiciones objetivas", las acciones del Ejecutivo pueden hacer la diferencia. A dos años de gobierno puede mostrar un expediente razonable en lo que a acuerdos con el Poder Legislativo se refiere. No todas sus iniciativas han sido aprobadas. Muchas de las que han logrado negociarse han sido desvirtuadas, algunas hasta volverlas irreconocibles. Aún así, el panorama es mejor que si no hubiesen sido aprobadas. La ley del ISSSTE no resolvió el problema de las pensiones pero lo aminoró sensiblemente, la reforma fiscal se quedó corta pero le dio ingresos extra al Estado, la de seguridad y justicia es un primer paso, la de Pemex algo avanzó.En el plano de las medidas administrativas, esas que no requieren de la colaboración del Congreso -aunque si la hubiera podría caminarse mucho más rápido-, figura la lucha decidida contra el crimen organizado. Nadie puede negar el empeño que el gobierno federal ha puesto en ello.A 100 días del Acuerdo los índices delictivos no han disminuido pero hay otros indicadores que muestran una evolución alentadora: los decomisos, los arraigos de mandos policiacos, la captura de capos, la desarticulación de bandas.Otros avances que se resisten a la evaluación cuantitativa son la determinación a no pactar con el crimen organizado, el diseño y apego a una estrategia, la mayor coordinación al interior del gabinete, la cada vez más abundante información. Faltan muchos más pero la dirección parece la correcta.Esto nos indica que Calderón se ha tomado en serio la tarea de cumplir con una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano: garantizar la seguridad a la sociedad. Que está decidido a recuperar el espacio público -las instituciones de gobierno, el sistema de justicia, las plazas, calles, cárceles, establecimientos mercantiles- capturado por el crimen organizado y a no permitir el avance en la expropiación del monopolio legítimo de la fuerza pública.Pero por importante que parezca, el gobierno no puede concentrarse en una sola tarea. Otros asuntos merecen la misma atención. El Estado mexicano ha cedido frente a otros poderes reales que también han expropiado su capacidad de decisión, que constituyen un veto a la acción pública, que atentan, en términos económicos, contra la competitividad del país, los intereses de los consumidores y el bienestar de la población. Y, en términos políticos, contra la igualdad, la transparencia y la democracia. Poderes que han sido exitosos en mantener privilegios concedidos por el propio Estado desde hace décadas y que el Estado no se atreve a revocar.Privilegios como los que permiten que muchos sectores clave para el desarrollo permanezcan al margen de la competencia (telecomunicaciones), como los que se otorgan por la vía de regímenes especiales (autotransportes), de tasas preferenciales (agroindustria), de ganancias extraordinarias a través de la compra-venta de empresas por el mercado bursátil (Banamex-Citibank), del cobro de comisiones e intereses altísimos (sistema financiero).Privilegios como los que tienen los sindicatos, que también son un freno al crecimiento económico y que por añadidura limitan los poderes institucionales. Que hacen valer sus intereses no sólo a través de su legítimo derecho a huelga sino principalmente a través de la opacidad de sus finanzas, la secrecía de sus decisiones, la movilización del voto y las marchas y movilizaciones que dan al traste con cualquier política pública que amenace sus concesiones.A dos años de gobierno sería saludable ver el mismo empeño que hemos visto en el combate al crimen organizado respecto a otros espacios públicos también capturados.Hay quienes sostienen que ya no es tiempo, que la oportunidad pasó. No es el caso. La mayoría de los mandatarios del mundo tienen periodos más cortos que el mexicano. Obama, recién electo, terminará su presidencia prácticamente al mismo tiempo que Calderón que ya lleva dos años en el cargo.Si así lo decide, el Presidente puede reinaugurar, refundar su presidencia. Puede emplearse a fondo en la agenda pendiente. Una agenda centrada en la disminución de los privilegios que están en la base de los poderes fácticos y que ahogan de facto el ejercicio pleno de los poderes públicos.