UNA REFORMA ROBUSTECE A LA CONSTITUCIÓN, LA VOLUNTAD POLÍTICA ROBUSTECE A LA JUSTICIA

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

El escenario de los derechos humanos, su complejidad y la expansión de los mismos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, responde a las nuevas realidades sociales, económicas, culturales y políticas, y a la influencia del desarrollo de las ciencias y tecnologías, invitan a observar si la praxis histórica de esos derechos es de opresión o de liberación, invita a comprender y profundizar cuál es el estado de realización de los derechos humanos y cuáles son sus exigencias. El sistema jurídico mexicano se ve cada vez más afectado tanto por la dimensión objetiva como por la dimensión subjetiva de los derechos humanos, lo que conduce a importantes modificaciones tanto legales como estructurales e institucionales que afectan a todos los niveles de gobierno de los distintos poderes que componen la República Mexicana. La tendencia de nuestro actual momento histórico en materia de protección de los derechos humanos es la ampliación de los mecanismos jurisdiccionales de protección. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y a la Ley de Amparo, se está cediendo espacio a los derechos, pero los desafíos desnudan que tan atrasados estamos en la materia, en el atasco no solo de su protección, sino también de su urgente ejecución. La situación actual de los derechos humanos en nuestro país exige una dinámica de constante reformas sobre el marco jurídico mexicano para adecuarlo y armonizarlo con las exigencias tanto internacionales como de la sociedad mexicana para dar cumplimiento, promoción y respeto a los derechos humanos. Estas reformas constitucionales, tendrán un impacto en medio del complejo escenario político, social, económico y cultural que vive nuestro país y nuestra región en relación a derechos humanos. La reforma en materia de derechos humanos de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales incrustará en nuestro sistema jurídico grandes avances en beneficio de los ciudadanos, de la exigencia y justiciabilidad de los derechos. Este conjunto de reformas darán una mayor satisfacción a la justicia universal y suplirán en buena medida las insuficiencias del ámbito protector ofrecido por el tradicional juicio de amparo federal. Esta reforma constitucional constituye una excelente oportunidad para impulsar y reconfigurar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. Para lograr que esta reconfiguración sea eficaz, se necesita de una garantía que sea no solamente adecuada sino también efectiva y de esa manera sean realizables los derechos de cada persona. El Amparo tiene que ser esta garantía de justiciabilidad y debe estar dotado de suficiente claridad y fuerza, para convertirse en una herramienta poderosa de defensa de los derechos y no en freno de la justicia, Norberto Bobbio acertadamente alguna vez escribió “… no se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, sino cual es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes sean continuamente violados…” Hay una brecha enorme entre lo plasmado en las leyes y lo que no está escrito, esa brecha se llama efectividad. Dar efectividad a los derechos de todos los ciudadanos significa dotarlos de mecanismos de defensa, por medio de los cuales pueda establecerse su exigencia, significa ir construyendo justicia a un mismo tiempo y en un mismo leguaje, no en reacción de desfase. La realización de los derechos de cada una de las personas que habita en este país; implica transitar del mero ejercicio discursivo, abstracto y hasta retórico de los derechos al escenario de su realidad histórica concreta. Esta transición solo se dará si existe la voluntad política de los gobernantes para reconstruir la realidad. Es fundamental que las legislaturas estatales den su aprobación a esta reforma y pueda entrar en vigor y con ella una tutela efectiva a los derechos. Hasta el día de hoy son nueve los estados que han dado su aprobación a la reforma: Coahuila, Chiapas, Colima, Yucatán, Chihuahua, Campeche, Zacatecas, Estado de México y Quintana Roo. La falta de aprobación de las legislaturas, pone sobre la mesa las posturas de los gobiernos, revela de qué lado están sus verdaderos intereses y demuestra su alto compromiso con los derechos de la sociedad. Se espera una mejor respuesta del resto de legislaturas, su decisión esta retardando la justicia y está mermando derechos. Tenemos urgencias en este país, es necesario aumentar la gobernabilidad, es necesario satisfacer y salvaguardar el Estado de derecho-democrático.

—Es necesario seguir adelante en esta reforma y aún nos faltan siete estados a favor de ella—.