DE-CONSTRUIR AL IFE

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Son tantos los focos rojos encendidos en el IFE que el bunker de Viaducto Tlalpan se asemeja más al edificio del Reichstag en los últimos días del bombardeo aliado. Y la metáfora no es tan desproporcionada como usted piensa amable lector pues hay, en efecto, una alianza que ha logrado poner del mismo lado, al menos coyunturalmente, a diversas fuerzas que buscan minar la credibilidad institucional y la capacidad operativa del Instituto. Así como los rusos terminaron del mismo lado que británicos, franceses y estadounidenses a finales de la Segunda Guerra Mundial, hoy el bombardeo hacia el IFE hermana intereses opuestos. Escuche usted los alegatos de las televisoras para incumplir con el pautado publicitario de los partidos políticos o para transmitir a nivel nacional spots de distintos gobernadores. Además de ceder, vía contratos o dádivas, espacios dentro de sus contenidos a candidatos, servidores públicos y partidos políticos para su promoción. Sume las denuncias de todos los partidos políticos por la supuesta parcialidad de los actuales consejeros (dependiendo siempre de su afectación al ser sancionados) y la inexplicable irresponsabilidad de los diputados para no haber nombrado a tres de ellos desde octubre del año pasado. Agregue los regaños de un mediático contralor que da más entrevistas que Bono de U2. Y, si le sobran ganas, invite al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a reconvenir severamente a los consejeros del IFE por su incontrolable avaricia presupuestal. Tampoco faltan voces dentro del círculo rojo que sostienen que el IFE tiene la obligación exclusiva de crear conciencia ciudadana, rescatar los valores democráticos, esculpir la cultura cívica del país y hasta hacerla de regulador en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. En otras palabras, usted y yo podemos ya dedicarnos a otra cosa que el problema de la democracia lo resuelven un puñado de funcionarios al sur del Distrito Federal. No sorprende la reticencia de las televisoras a respetar una ley que afecta sus intereses económicos. Indigna, eso sí, la incapacidad de la clase política mexicana por autorregularse. Corriendo como chiquillos en salón de fiesta todos buscan un rinconcito para hacer de las suyas esperando que el atribulado maestro no los cache. El juego electoral mexicano asume ya esas reglas de facto. Parece que ni candidatos, ni partidos, ni servidores públicos conocen sus responsabilidades. Acaso se enteran porque zutanito o perenganito ya los fue a acusar y el correteo legaloide fluye atropelladamente entre el Consejo General del IFE y la Sala Superior del TEPJF. Cuando me enteré que el rector de la citada UMSNH criticaba duramente al IFE por el ahorro de 350 millones de pesos en el ejercicio presupuestal 2010, me imaginé que el argumento provenía de los resultados de una investigación académica. Como miembro de otra universidad pública, la UNAM, esperaba encontrar un análisis que, por lo menos, asociara el presupuesto del IFE con la calidad educativa a nivel nacional o, mejor aún, directamente con la del Estado de Michoacán. Lo único que hallé fue un video en You Tube que, con violines de fondo, criticaba al IFE por “quedarse” con un dinero que debería regresar a la Tesorería de la Federación. Mucha política y pocas nueces. En cuanto al contralor interno el problema no es que haga su trabajo señalando las faltas administrativas de la institución sino que, a partir de ellas, emita juicios morales sobre la institución que audita. Por ejemplo, los realizados en el noticiero que conduce Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa el 2 de febrero pasado: “…yo sí creo que los recursos que han quedado sin ejercer, como todas las instituciones públicas, debían de reintegrarse a la Tesorería de la Federación...” o “…Yo creo que el IFE debe estar doblemente obligado a ser transparente…”. El contralor confunde su obligación para auditar el gasto del IFE con la expresión de juicios subjetivos acerca de lo que el IFE debería o no hacer con un presupuesto que le fue asignado legalmente y sobre el cual tiene autonomía de gestión. No lo digo yo, lo dice el Articulo 41 Constitucional que define al IFE como un organismo público autónomo. Por supuesto que cualquier falta administrativa del IFE debe ser sancionada conforme a derecho. Es indiscutible, además, que la percepción ciudadana acerca de su presupuesto, desde el salario de los consejeros hasta la operación de un centro de monitoreo, es que nuestra democracia sigue siendo muy cara. Sin embargo, no podemos perder de vista que, a largo plazo, es más costoso para todos de-construir al IFE de acuerdo a los intereses particulares de ciertos grupos de poder. Ahí si, perderemos todos.