RICARDO BECERRA LAGUNA
Hagámonos cargo de las preguntas y las dudas: ¿puede el IFE producir y reformar reglamentos acerca de la vida electoral de México? Definitivamente sí. Lo dice el artículo 118 de la ley electoral, “El Consejo General tiene la atribución de… aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto”.
De hecho, es su primera y principal atribución y gran parte de la historia del Consejo, es la historia de la confección reglamentaria. Nada menos que para ajustar las estructuras y los procesos internos después de la reforma de 2007, el IFE produjo 24 reglamentos, varios inéditos, especialmente para la regulación de los medios de comunicación electrónica.
¿Por qué el IFE discute ahora su batería normativa? Porque aguardaba a la deliberación y a los posibles cambios al Código Electoral, anunciados a lo largo del año, lo mismo en el Senado (donde se produjo incluso una minuta de reforma), que en la Cámara de Diputados. Como no ocurrió modificación alguna, entonces, el IFE tuvo la certeza del marco legal en el cual se celebrarán las elecciones de 2012.
¿Hay razones para modificar los reglamentos aún si permanece intacta la ley electoral? Las hay, son poderosas y las ha señalado el instituto ¡desde noviembre de 2009! Por eso resultan muy extravagantes, los artículos y los comentarios que acusan al IFE de prisa, precipitación y “albazo”. Es al contrario: su Presidente, lleva dos años señalando la necesidad de ajustes puntuales y de intervenciones quirúrgicas a leyes y reglamentos para mejorar los tramos críticos de la organización electoral.
Leo el Libro Blanco presentado por el IFE al Congreso: “La complejidad y novedad de las materias implicadas por la reforma generó la necesidad de disposiciones hasta ahora desconocidas en el derecho electoral. El contraste de los reglamentos con la realidad arroja lecciones múltiples que deben ser recogidas en una nueva ronda reformista… Además, la aparición de nuevas realidades, las sentencias del Tribunal Electoral y el asentamiento mismo de la reforma en todo el país, precisan de una revisión a los reglamentos, basada no sólo en la valoración abstracta de la ley, sino en la experiencia práctica” (noviembre de 2009).
¿Cuáles son las necesidades de cambio más importantes? En primer lugar, posibilitar que el IFE pueda desplegar un número suficiente de sus funcionarios para presentar a tiempo, todos los resultados de la elección, el domingo siguiente a la jornada comicial. Como se sabe, ahora el voto por voto y casilla por casilla, es una realidad legal y nos coloca ante la posibilidad de un recuento masivo en estados completos e incluso en toda la República. Pero para poder hacerlo, son necesarias disposiciones más flexibles y con más sentido de la dificultad operativa.
En segundo lugar: es necesario dar mayor certeza sobre lo que el IFE considera sancionable y lo que no lo es. Debe sintetizar las lecciones de éstos tres años y afinar sus procedimientos, no solo para que las quejas y denuncias cursen con mayor celeridad, sino sobre todo para que quede claro, antes de iniciar el proceso, los criterios que serán utilizados para interpretar y resolver los previsibles litigios durante la elección.
Son de especial importancia, dos tipos sancionables: los llamados actos anticipados de campaña y la propaganda disimulada en radio y televisión. El primero ha resultado ser una fantasmagoría casi indefinible, a no ser que el criterio temporal (hacer explícito a partir de qué momento caen sobre los políticos y los partidos el conjunto de las restricciones electorales); y el segundo: que va a hacer el IFE frente a esas formas de publicidad disfrazada que multiplican al infinito las posibilidades de fraude a la ley (aparecer en telenovelas, en partidos de futbol, concursos, tomando el té en programas del corazón).
Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento, la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no solo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan —como sin querer— toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma.
Como puede verse, es muy importante, conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar.
Y en tercer lugar: el formato repetitivo de 96 “spots” a lo largo de la elección, ¿es posible incluir un tipo de pauta con más variedad y novedad? ¿Es posible modernizar los mecanismos de comunicación y de trabajo entre el IFE y los concesionarios de radio y televisión? ¿Se puede agilizar la rotación de promocionales, para dotar a las campañas de mayor flexibilidad e imaginación?
Y hay más: ¿es deseable que se establezca un canal para ejercer la réplica en los casos que lo ameriten o es mejor el “laissez faire” que acaba en desgastantes litigios y sanciones? ¿No se considera pertinente redefinir conceptos para la propaganda de los gobiernos y de los funcionarios antes de que comiencen las contiendas internas de los partidos? ¿No es necesario compactar y esclarecer las normas sobre la fiscalización de los dineros de los partidos, hasta hoy dispersas en 7 reglamentos?
Cómo se ve, estamos ante una agenda importante para el IFE, para los partidos, los gobiernos, funcionarios alborotados y agriados medios de comunicación. También es un ejercicio necesario: se trata de discutir en público, mejorar en lo posible y dar mejores certezas en todas direcciones. Lo reprochable, lo irresponsable, lo imperdonable sería que el IFE, al menos, no lo intentase.
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