IFE ELBISTA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Elba Esther Gordillo no solamente hizo presidente a Felipe Calderón, sino también consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) a Luis Carlos Ugalde. En 2003, como coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gordillo encabezó la fallida negociación de los nuevos consejeros electorales que rompió con el consenso democrático de 1996. Así, al colocar sus leales en el IFE y dejar a la izquierda totalmente fuera del acuerdo, Elba Esther se convirtió en una de las principales responsables de la crisis de 2006. También existen múltiples denuncias de que Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) podrían haber participado directamente en el fraude electoral al alterar actas y resultados de manera ilegal durante la pasada elección presidencial.

Si el veneno de la maestra corrompió y desvió el Poder Ejecutivo federal, el efecto sobre el instituto electoral fue aún más nocivo. Así como logró el control sobre el Issste, la Lotería Nacional y la Subsecretaría de Educación Básica, en materia electoral también colocó figuras cercanas en posiciones estratégicas, como Miguel Ángel Solís en la dirección ejecutiva de organización. Gordillo siempre mantuvo comunicación fluida con Ugalde a lo largo de su mandato, hasta el punto de que el ex consejero presidente mismo ha confesado que Elba Esther lo llamó para presionarlo la noche del 2 de julio de 2006.

Si los nuevos consejeros del IFE realmente quieren “conjurar el fantasma de 2006”, no será suficiente con resolver el reto administrativo de instalar miles de centros de votación y entrenar funcionarios de casilla para las elecciones de 2012, sino que también tendrán que asumir el reto político de reabrir el expediente del Panal y su vinculación orgánica e irregular con el SNTE.

El Panal recibió su registro del IFE el 14 de julio de 2005, entre acusaciones del PRD y el PT de que era un partido ilegal por haber realizado afiliaciones colectivas y acarreo durante sus asambleas constitutivas. Frente a estas acusasiones todos los consejeros electorales, que debían sus puestos a Gordillo, así como Alejandro Poiré, en ese entonces director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto, guardaron silencio, ignoraron los reclamos y respaldaron el registro.

En aquel momento, la Constitución y la ley ya garantizaban la afiliación libre y a título individual a los partidos políticos. Pero hoy ya contamos con un texto constitucional, reproducido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que explícitamente prohíbe “la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos”. Asimismo, el Cofipe también obliga a todos los partidos políticos a “conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando… los derechos de los ciudadanos” (artículo 38, 1, A).

El PRD en el Distrito Federal ya ha presentado una denuncia formal en contra del Panal ante el IFE a raíz de las denuncias públicas de Miguel Ángel Yunes sobre posibles financiamientos ilícitos para el partido. El PRD federal ya prepara otra denuncia similar. En las elecciones del estado de México arreciaban las denuncias en contra de maestros afiliados al SNTE que utilizaban su posición de autoridad para influir en la intención de voto de los padres de familia e incluso obligaban a los alumnos a fabricar propaganda política en favor del candidato del PRI-Panal.

Hace unos meses, la periodista Karina Avilés dio a conocer en estas mismas páginas la estructura que el SNTE utilizó para apoyar al PRI-Panal en las elecciones de Baja California Sur. En esa ocasión incluso se encontró material “didáctico” entregado por los maestros a los hijos que llamaba a votar por el Panal y pedía los datos personales tanto de los niños como de sus padres. Aparte de constituir delitos electorales, tales acciones también se encuentran en franca violación del artículo 3 de la Constitución, que mandata que la educación pública sea “democrática” y promueva “el interés general de la sociedad”.

Hace apenas tres años, en 2008, el IFE negó en dos ocasiones el registro al Partido Rumbo a la Democracia por su vinculación simbiótica con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes y la Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción. El instituto respaldó su decisión en la existencia de afiliaciones colectivas, pero también desarrolló una argumentación más amplia sobre la violación a los principios democráticos que implica tener una relación orgánica entre un sindicato y un partido político.

El IFE no tiene excusa para no investigar a fondo, llamar a cuentas al Panal y el SNTE e incluso considerar el retiro del registro al partido de la maestra. La autoridad electoral hoy no se encuentra impedida por los secretos fiscal, bancario o fiduciario y debería revisar todas y cada una de las cuentas bancarias de Gordillo, el SNTE, el Panal, así como de los amigos, familiares y posibles prestanombres para asegurar que el funcionamiento de este partido se apegue a derecho. También se debe investigar la donación en especie de tiempo y recursos del SNTE al Panal, así como el proselitismo político de los maestros durante horas laborables. Y desde luego también habría que revisar con lupa los mecanismos de afiliación y de control interno sobre sus militantes utilizados por el partido. Una vez más se encuentra a prueba la autonomía, independencia y profesionalismo del instituto electoral.