RAÚL TREJO DELARBRE
Apenas han pasado cinco años, pero a veces se nos olvida la rapidez con que los partidos políticos se desacreditaban y replicaban durante las campañas presidenciales de 2006.
El PAN respondió de inmediato al spot del PRD que mostraba a Elena Poniatowka
Un ejemplo: El viernes 7 de abril los televidentes de todo el país conocieron un spot producido por el PRD en donde la escritora Elena Poniatoswka defendía a Andrés Manuel López Obrador. La propaganda del PAN había acusado al candidato de la Coalición por el Bien de Todos de tener supuestos nexos con el presidente Chávez de Venezuela, entre otras cosas.
No pasaron ni siquiera 48 horas cuando, el domingo 9 de abril, ya estaba en las pantallas un nuevo spot de Acción Nacional. Los publicistas de ese partido mostraban la imagen de la escritora Poniatowska y luego, mientras se la escuchaba hablar de logros de López Obrador, se veían escenas de antiguos colaboradores de ese candidato presidencial en presuntos actos de corrupción.
Durante toda la campaña de aquel año, partidos y candidatos difundieron sus posiciones y respondieron a las de sus rivales con gran agilidad. Otro caso: para todos, pero sobre todo para Felipe Calderón, fue una sorpresa la acusación contra uno de sus cuñados que presentó Andrés Manuel López Obrador en el último de los debates entre candidatos presidenciales, el martes 6 de junio por la noche. Aunque nunca se demostró que fuera cierta, esa imputación acerca de supuesto favoritismo fue la comidilla política durante aquella semana. El PAN respondió de inmediato. El jueves 8 de junio ya estaba en la televisión de todo el país un spot en donde ese partido desmentía tales acusaciones. El PRD, por su parte, estaba transmitiendo un spot más para tratar de insistir en ellas.
Los partidos políticos no tuvieron problema alguno para que tales spots, igual que varios centenares más, se difundieran en los medios electrónicos. El único requisito era que los pagaran, a los precios establecidos por las televisoras y cadenas de radio.
Hoy en día, sin embargo, los mismos empresarios que hace un lustro no ponían reparo alguno para difundir la propaganda de los partidos, se ponen melindrosos y consideran que los plazos que estableció el IFE atentan ¡contra el proceso electoral de 2012!
En 2006, esos empresarios transmitían los spots de los partidos, cuando así se los solicitaban, tan solo con unas cuantas horas de diferencia entre la entrega de los videos y su aparición en pantalla.
Hoy, consideran que dos o tres días no son suficientes: “la operación técnica que pretende el IFE es inviable y no acontece con cliente alguno en México o en el Mundo”. Los innecesarios subrayados y la mayúscula forman parte del desplegado publicado por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión contra esa decisión del Instituto Federal Electoral.
El pasado 27 de junio, el consejo general del IFE decidió reducir a tres días hábiles el plazo que tendrán las estaciones de radio y televisión para transmitir spots electorales siempre y cuando les sean enviados por vía electrónica. Cuando las grabaciones de los spots sean entregadas en su domicilio legal, concesionarios y permisionarios dispondrán de dos días hábiles.
Precedida de una fuerte coacción por parte de los consorcios de radiodifusión, esa decisión del IFE no impone obligaciones desmedidas ni implica un esfuerzo extraordinario para las empresas e instituciones de radio y televisión. Todas las estaciones suelen hacer ajustes, todo el tiempo, a sus programaciones. Especialmente, las empresas comerciales siempre están dispuestas a aceptar anuncios que transmiten poco tiempo después de haberlos recibido. Ese es su negocio.
Los lineamientos del IFE en ese terreno padecen, incluso, una innecesaria condescendencia. No hacía falta señalar que para los plazos legales para la transmisión de los spots contarán únicamente días “hábiles”, porque en la radio y la televisión no hay fechas inhábiles. Esos medios transmiten todos los días, habitualmente todo el día, aunque de tal peculiaridad no parecen enterarse en las oficinas del IFE.
Por otro lado, resulta absurdo que cuando los spots se envíen por vía electrónica el plazo para transmitirlos sea de tres días y cuando se entreguen de manera física se reduzca a dos días. Tendría que ser al contrario: la transmisión de un archivo digital a través de Internet, o por cualquier otro procedimiento telemático, es instantánea y el audio o el video pueden llegar directamente al sistema de cómputo de la radiodifusora o televisora.
Así que no son dificultades técnicas las que atribulan a los empresarios representados por la CIRT. Se trata de una discrepancia por motivos financieros, pero sobre todo políticos. Los dueños de la radiodifusión privada no toleran las disposiciones constitucionales establecidas en 2007 y que prohíben la compra y venta de propaganda electoral en medios electrónicos. Aquella reforma canceló un negocio que en las campañas de 2006 había significado 2 mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales beneficiaron a Televisa y Televisión Azteca.
A eso se debe el disgusto de los radiodifusores. Sus alegatos contra el nuevo plazo para la entrega de spots son pura demagogia. Ayer jueves por la mañana en Radio Fórmula el señor Jaime Ramos, presentado como asesor y directivo de la CIRT, explicó que hay pequeñas estaciones “que tienen en promedio cuatro o cinco personas, sindicalizadas todas ellas, en el marco del contrato ley, que hacen todo el trabajo operativo. Entonces se imaginará a estas personas administrando 40 millones de spots, 30 mil versiones, es prácticamente imposible”.
Además del sesgo ideológico que deplora que los trabajadores de la radiodifusión estén sindicalizados, es notable la desmesura al pretender que cuatro o cinco empleados van a manejar todos los spots que se difundan durante campañas y precampañas en 2012. La mayor parte de las frecuencias de televisión y radio están en manos de una docena de empresas ninguna de las cuales es pobre, ni carece de recursos técnicos.
Este no es sino un nuevo, lamentable y emblemático encontronazo entre el poder mediático y el Estado. Al IFE, disminuido por la incuria de los legisladores, le toca lidiar con un poder que tiene avasallada a buena parte de la clase política mexicana.
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