ELECCIONES CONCURRENTES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Concluidos los procesos comiciales de 2011 (sólo resta el de Michoacán) el debate está concentrado en la supuesta inevitabilidad del resultado de 2012 y los desencuentros entre la CIRT y el IFE, dejando de lado asuntos cruciales para el proceso electoral que está por comenzar; uno de ellos es la concurrencia de la jornada electoral local en 14 entidades federativas con la federal del primer domingo de julio de 2012. Se trata del mayor número de elecciones simultáneas desde la reforma de 2007, lo que pone sobre la mesa retos inéditos y otros ya conocidos, pero no resueltos.

Entre los primeros, el de mayor importancia es la operación del modelo de acceso a TV y radio en precampañas y campañas. Consideremos que en 6 de los procesos locales se elegirá gobernador (jefe de Gobierno en el DF) y que Chiapas tiene separada la elección de diputados y ayuntamientos de la de gobernador (esta última tendrá lugar el tercer domingo de agosto de 2012). Para la asignación de tiempo en precampaña el IFE tendrá que lidiar con la disparidad de calendarios electorales ya que mientras la federal dará inicio en la tercera semana de diciembre de 2011, la mayoría de los estados (y el DF) inician semanas más tarde. Lo mismo pasará con las campañas, ya que la federal tendrá una duración de 90 días, pero en varios estados (y el DF) el periodo es más corto. Tal situación provoca una gran complejidad para operar el inicio y término de la difusión de mensajes (spots) de partidos políticos. Las únicas fechas comunes son las de fin de campañas y jornada electoral.

El complejo asunto de los bloqueos de señales, para evitar que los mensajes de un candidato local se difundan fuera de su ámbito territorial, se agrava por la colindancia entre entidades federativas y la disparidad de calendarios antes señalada. Por ejemplo, el DF, el Estado de México y Morelos estarán en proceso electoral local en forma simultánea; lo mismo ocurrirá en Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, también en Yucatán y Campeche. En 2009 el IFE resolvió adecuadamente estos problemas, pero el número de entidades involucradas era menor y en los comicios federales solamente se renovó la Cámara de Diputados, mientras que en 2012 también se renovará la de senadores y, pequeño detalle, tendremos elección presidencial. Confío que la experiencia ya cursada permitirá al IFE enfrentar el reto y tomar las mejores decisiones, tanto técnicas como administrativas.

Retos ya conocidos vuelven a plantearse: la insaculación, capacitación y selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, federales y locales; la impresión de millones de boletas y cientos de miles de actas, así como la producción de urnas, mamparas, mesas, cajas, etcétera, que provocará un exceso de demanda que impactará al alza los precios de los proveedores. Pese a que el IFE cuenta con un sistema nacional de monitoreo de TV y radio, se ha extendido la práctica de duplicar ese trabajo por los institutos locales, que contratan empresas privadas para el mismo propósito y para monitoreo de medios impresos. Los programas de resultados preliminares oportunos se han generalizado en las elecciones locales, casi siempre a través de empresas privadas, sin aprovechar la experiencia y capacidades de que el IFE dispone.

Es evidente la ausencia de colaboración entre el IFE y los institutos locales, y entre estos últimos, para conjuntar esfuerzos que generen economías de escala, reduzcan precios de bienes y servicios contratados a particulares y ahorren recursos. En 2007 el debate se polarizó y produjo un resultado inocuo: la Constitución dispone que el IFE puede asumir, mediante convenio, la organización de procesos locales (Art. 41). Pero esa norma ha sido interpretada como "todo o nada", cerrando el paso a convenios específicos de colaboración entre autoridades electorales.

Bajo el manto de la soberanía de los estados se cubre la duplicidad de tareas y gastos, lo que encarece el costo de los procesos electorales, además de que, como ya se ha visto, se deja abierta la puerta para la corrupción.

Para actuar no se requiere reformar las leyes, bastaría con una reunión entre consejeros y funcionarios electorales del IFE y los institutos locales en la que se definan las áreas de colaboración y se adopten los acuerdos respectivos.