EL SÉPTIMO MITO

PEDRO SALAZAR UGARTE

Leo con interés y atención los comunicados del vocero de Seguridad, Alejandro Poiré. El esfuerzo de la serie “10 mitos de la lucha contra la delincuencia organizada” me parece interesante y sugerente. Y aunque creo que es un error considerar como mitos a las interpretaciones que difieren de la versión oficial, reconozco las virtudes de una estrategia de comunicación que aborda los temas polémicos de frente y sin rodeos. En el número 7 de la serie nos dice el gobierno que 63% de los mexicanos “respalda la manera en la que el presidente Calderón combate al narcotráfico y al crimen organizado”, con lo cual, sostienen, se desmonta el mito de que se trata de una lucha con la que nadie está de acuerdo. Entreveo una trampa sutil —pero relevante— en la construcción del argumento. Yo, por ejemplo, me encuentro dentro del conjunto de personas que piensan que es positivo que las autoridades combatan con decisión a la criminalidad —y, en ese sentido, respaldo que el Presidente enfrente a la delincuencia— pero no soy de los que apoyan la manera en la que se está llevando a cabo esta lucha. No comparto, para empezar, la dimensión bélica de la estrategia. En ese sentido, en definitiva, no puedo contarme dentro de los que apoyan “la manera” en la que Calderón ha decidido actuar. Mi objeción tiene origen constitucional. Ya lo sabemos pero conviene recordarlo: según el artículo 129 de la Constitución, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar...”. En esta disposición está la base de muchos de los entuertos que ahora enfrentamos. Ello por la simple —y para nada banal— razón de que la estrategia calderonista arrancó en abierta contradicción con esta norma. Y, entonces, más allá de los argumentos basados en la necesidad o inspirados por la lógica de la eficacia, es una operación inconstitucional. Este hecho fue advertido por algunos constitucionalistas de renombre desde hace algunos años —recuerdo, por ejemplo, un artículo de Diego Valadés en estas mismas páginas— pero, después, al calor de la batalla y la urgencia de las muertes, poco a poco, se fue olvidando. Pero ahora tenemos que hacer cuentas con sus consecuencias, que poco tienen que ver con mitos de opinólogos. Calderón usó un discurso de guerra —que después abandonó— pero, por fortuna, nunca declaró ninguna. Hacerlo hubiera sido una locura que habría convertido a los delincuentes en combatientes y a las bandas criminales en ejércitos enemigos. Si ello hubiese sucedido, entonces, el artículo 129 no habría sido impedimento para sacar al Ejército de los cuarteles. Hoy estaríamos oficialmente en guerra con todo lo que ello supone. Pero no es así, y qué bueno que no lo sea. Aunque, en consecuencia, las Fuerzas Armadas están fuera de lugar y —con razón— están en una situación complicada. Las recientes declaraciones del general Demetrio Gaytán Ochoa son un claro reflejo de ello: este es un conflicto asimétrico porque “...las Fuerzas Armadas están preparadas para una cosa y, sin embargo, están enfrentando a un enemigo que no tiene cara. Están enfrentando a un enemigo que está actuando en el espacio en donde nuestros ciudadanos hacen su vida cotidiana”. El subsecretario de la Defensa tiene razón y razones para el desconcierto. Sobre todo si consideramos que el “enemigo” al que se refiere —por más cruel y desalmado que sea—, en estricto sentido constitucional, es un conjunto de ciudadanos con derechos. Esta paradoja está en el fondo de los debates sobre las reformas a la ley de Seguridad Nacional y el fuero militar. Al Presidente le urge crear la figura de “afectación a la seguridad interior” para sortear la limitación del artículo 129 sin activar los supuestos del 29 (restricción o suspensión de derechos) y las Fuerzas Armadas necesitarían una declaración de guerra para poder juzgar a sus miembros en sus tribunales (que no son un privilegio pero sí una jurisdicción especial). Yo creo que el crimen debe combatirse y profeso sincero respeto por los militares pero no apoyo ni lo uno ni lo otro.